La reciente reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2025 ha generado una ola de indignación y preocupación entre los trabajadores del sector público en México. Lejos de representar una mejora en las condiciones de seguridad social, esta modificación parece diseñada para debilitar los derechos de los empleados y favorecer intereses ajenos a la clase trabajadora.
Uno de los aspectos más alarmantes de la reforma es el endurecimiento de los requisitos para acceder a una pensión digna. Con la nueva normativa, la edad de jubilación se incrementa de manera drástica y los trabajadores deben cotizar más años para poder recibir una pensión completa. Esto no solo es injusto para quienes han dedicado décadas de su vida al servicio del país, sino que también genera incertidumbre para las futuras generaciones de docentes, quienes ahora enfrentan un panorama más incierto en términos de seguridad social.
Además, la reforma introduce un sistema de capitalización individual que, en la práctica, transfiere el riesgo financiero del Estado a los trabajadores. En lugar de garantizar una pensión estable y predecible, los empleados ahora dependen del rendimiento de fondos de inversión privados, los cuales pueden estar sujetos a fluctuaciones del mercado. Este modelo ha demostrado ser perjudicial en otros países, donde los pensionados han visto mermados sus ingresos debido a crisis económicas o malas gestiones de los fondos.
Otro punto preocupante es la disminución de la calidad de los servicios de salud proporcionados por el ISSSTE. La reforma permite una mayor participación del sector privado en la administración de estos servicios, lo que puede traducirse en una reducción de la cobertura y en mayores costos para los derechohabientes. Esto, en algún otro momento podría ser una ventaja en cuanto a la calidad de la atención médica, sin embargo contradice totalmente los discursos de ‘privatización’ de gobiernos neoliberales que los gobiernos de morena han despreciado. Es evidente que hay otros intereses que en esta ocasión los hacen cambiar de opinión en su propio discurso. Por otro lado, el reclamo principal en las últimas protestas de los docentes es el falso discurso del Gobierno Federal de tener un sistema de salud similar al de Dinamarca, pero hoy para acceder a él habrá que despojar a los trabajadores de sus ahorros.
La presidenta Sheinbaum ha justificado la reforma argumentando que es necesaria para garantizar la viabilidad financiera del ISSSTE a largo plazo. Sin embargo, en lugar de afectar a los trabajadores, sería más justo buscar soluciones alternativas, como una mejor administración de los recursos, el combate a la corrupción dentro del instituto y la ampliación de las fuentes de financiamiento.
Sin querer entrar en controversia sobre las manifestaciones y protestas de los docentes, me gustaría hacer un par de anotaciones que me parecen importantes, la primera es sobre el liderazgo que ha surgido sobre todo de maestros jóvenes y su valentía de alzar la voz pese a que en muchos casos los sindicatos han estado coludidos en la elaboración de esta reforma. Eso para mí, en lo personal, en una lucha generacional y sobre todo el interés por participar en asuntos que no son exclusivo de los gobernantes sino de todos. Y el siguiente apunte que creo esencial es la lucha por la seguridad social, la cual, no es un regalo del gobierno, es un derecho. México ha sido ejemplo a nivel mundial por sus programas de seguridad social y que hoy los gobiernos de Morena se empeñan en tomarlos como mina de oro para tapar sus gastos excesivos y la corrupción que ellos mismos han provocado. La manifestación de los maestros en particular debe ser la manifestación de todos los mexicanos para exigir se cuiden las instituciones y el dinero que con el trabajo de todos se produce.
Marisela Terrazas
Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles.
