En días recientes, la senadora Andrea Chávez, representante de MORENA, ha levantado la voz para denunciar un ataque digital en su contra. Según Chávez, un caricaturista de un reconocido diario nacional, identificado como Antonio Garci Nieto, utilizó inteligencia artificial para crear y difundir imágenes eróticas manipuladas con su rostro, un acto que ella califica como violencia de género y que está tipificado como delito bajo la Ley Olimpia.
La Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas que buscan sancionar la violencia digital y proteger la intimidad de las personas, principalmente de las mujeres, ha sido un pilar en la lucha contra el acoso y la violencia en línea. La denuncia de Chávez ha generado un amplio apoyo en redes sociales, donde usuarias y activistas han exigido la aplicación de esta ley contra Antonio Garci Nieto.
Sin embargo, esta situación ha desatado una ola de críticas hacia la senadora, no solo por la gravedad del ataque que denuncia, sino por la percepción de hipocresía en su postura hacia las mujeres de la oposición. En múltiples ocasiones, la hemos visto alardear, burlarse y señalar a mujeres de partidos opositores, lo que me lleva a cuestionar la autenticidad de su sororidad.
La sororidad, entendida como la solidaridad entre mujeres en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, es un principio fundamental del feminismo. No obstante, la actitud de Chávez hacia las mujeres de la oposición ha sido vista como contradictoria. En lugar de mostrar apoyo y solidaridad, ha utilizado su plataforma para atacar y menospreciar a sus adversarias políticas.
Un ejemplo claro de esta doble moral se dio durante la legislatura pasada, cuando varias diputadas del PRI denunciaron agresiones y acoso. Cuando incluso las dirigentes de varios estados interpusimos una denuncia por violencia política; en lugar de alzar la voz en apoyo a las mujeres, Chávez optó por minimizar las denuncias y, en algunos casos, incluso se burló de ellas. Esta actitud provoca cuestionar si su lucha es realmente por todas las mujeres o solo por aquellas que le convienen políticamente.
Otro mejor ejemplo fue en 2021, Chávez apoyó públicamente a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por varias mujeres de Guerrero. Este apoyo fue un acto de “feminismo a modo y conveniencia”, donde la lucha por los derechos de las mujeres se subordina a los intereses políticos del partido.
El pañuelo morado, símbolo del feminismo y la lucha contra la violencia de género, ha sido utilizado por Chávez en múltiples ocasiones. Sin embargo, su uso es meramente simbólico y no refleja un compromiso real con los principios feministas. La senadora creo que está practicando un “falso feminismo”, donde la lucha por los derechos de las mujeres se utiliza como una herramienta política más que como un verdadero compromiso con la igualdad.
Es indudable que la denuncia de Chávez debe ser tomada en serio y que cualquier acto de violencia de género debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Sin embargo, es igualmente importante que estas denuncias se realicen con argumentos sólidos y no se utilicen como una estrategia política. La posición de poder que ocupa Chávez le otorga una responsabilidad adicional: ser la voz de muchas mujeres, no solo de unas cuantas, no solo de las del partido al que pertenece.
La lucha por los derechos de las mujeres es una causa que debe unirnos a todas, independientemente de nuestras afiliaciones políticas. La violencia de género es un problema que afecta a mujeres de todos los partidos y estratos sociales, y la sororidad debe ser un principio que guíe nuestras acciones, no una herramienta de conveniencia.
La denuncia de Andrea Chávez bajo la Ley Olimpia es un recordatorio de la importancia de proteger la intimidad y la dignidad de las personas en el entorno digital. Sin embargo, la invitaría a reflexionar sobre la autenticidad de nuestras acciones y la necesidad de una sororidad verdadera y comprometida. La lucha por los derechos de las mujeres es de todas, no de unas cuantas, y debe ser guiada por principios de solidaridad y justicia, no por intereses políticos.
Si Antonio Garci Nieto cometió un delito con lo que publicó, debe ser castigado, pero no solo él, sino todos aquellos que ofenden, agreden, sexualizan e insultan a las mujeres dentro de la política. Ahí está el “deber ser”.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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