La justicia en México está en juego y, literalmente, parece un juego de azar. La reforma judicial que se está implementando en el país no solo es confusa y opaca, sino que ha convertido la designación de jueces, magistrados y ministros en un espectáculo indigno de una democracia funcional. Nombres de personas con experiencia fueron borrados sin explicación, y los seleccionados salieron de una tómbola, como si la impartición de justicia pudiera decidirse en una partida de bingo.
Pero lo peor está por venir. En junio de 2025, los ciudadanos enfrentarán una jornada electoral caótica e incierta. Con un sistema diseñado para el error y la opacidad, se prevé un desastre organizativo sin precedentes. Para empezar, los encargados de casilla no contarán los votos, sino que los trasladarán directamente al Instituto Estatal Electoral (IEE), y allá que se cuenten y al parecer sin la presencia de los representantes de los candidatos. Un proceso que, lejos de fortalecer la democracia, siembra dudas y sospechas sobre la legitimidad de los resultados.
Además, los votantes recibirán seis boletas más aparte ls que se usaran para elegir los juces locales… son 800 candidatos nombres, lo que hará del sufragio una pesadilla logística. Largas filas, confusión y retrasos interminables serán el escenario de una elección que, en lugar de fomentar la participación ciudadana, ahuyentará a los votantes. ¿Cuántos estarán dispuestos a enfrentarse a este laberinto burocrático? La abstención será, sin duda, la gran ganadora de la jornada.
Esta reforma no solo es mal planeada, mal diseñada e implementada, sino que pone en riesgo el frágil equilibrio democrático del país. ¿Cómo se espera que los ciudadanos confíen en un sistema judicial que se elige al azar? ¿Cómo se pretende que la sociedad crea en un proceso electoral que parece diseñado para impedir la transparencia?
Es momento de reflexionar. Una reforma de esta magnitud no puede ejecutarse con esta ligereza. Si no se corrigen estas fallas, México se enfrenta a una crisis de legitimidad sin retorno. Y en una democracia, cuando la confianza en las instituciones se pierde, el precio a pagar es demasiado alto.
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
