El pasado 18 de marzo, a propósito del 87 aniversario de la expropiación petrolera, el Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, señaló el estar trabajando por instrucciones de la Presidenta de la República, en la reestructuración de la empresa estatal, que incluye “procesos de reintegración vertical y horizontal, adelgazamiento administrativo, fortalecimiento de las tareas operativas, control presupuestal, racionalidad y eficiencia, austeridad republicana y rigurosa selección de inversiones”.
Extraña el señalamiento de un proceso de reestructuración, particularmente por el hecho de que el relevo en el gobierno federal fue de funcionarios públicos de un mismo partido y políticamente se maneja el concepto del “segundo piso de la transformación”. Es decir, de la continuación y no interrupción de políticas anteriores.
En su intervención en el mismo acto, la Presidenta inició por denostar la corrupción y ánimo privatizador de Petróleos Mexicanos (Pemex), de los gobiernos neoliberales anteriores, el crecimiento descontrolado de la deuda hasta 106,000 millones de dólares y la dilapidación de cuantiosos excedentes petroleros, generados a inicios del presentesiglo, cuándo el precio del barril de petróleo alcanzó máximos históricos. Señaló como logros del cambio de visión y modelo operativo, que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pemex se ha desendeudado en términos reales,aumentado la producción a 1.8 millones de barriles diarios yencaminado a recuperar la soberanía energética en términos de hidrocarburos.
Lo cierto es que, en términos de endeudamiento, la realidad contrasta con lo expresado por la presidenta de la República y el Director General de Pemex.
Si bien pudiere aducirse un relativo desendeudamiento financiero(créditos bancarios) de la empresa estatal, este se desvanece totalmente al advertir el alarmante y persistente crecimiento de la deuda con contratistas y proveedores, a la que, por cierto, ninguno de los funcionarios mencionados aludió en sus respectivas participaciones.
El jueves 27 de febrero, Pemex publicó su cuarto reporte trimestral de resultados al 31 de diciembre de 2024, con las últimas cifras oficiales del desempeño operativo y financiero de la empresa del año pasado. En dicho reporte Pemex consignó un adeudo total con proveedores de 506 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 103 mil millones (26%) con respecto a la cifra registrada al tercer trimestre de ese mismo 2024.
En este 2025 no se cuenta aún con información oficial consolidada del avance en los pagos a contratistas y proveedores, que, por cierto, en una reciente conferencia mañanera del pueblo, la propia presidenta de la república ofreció terminar de regularizar en este mes de marzo, situación que, en este 24 de marzo, fecha de publicación de este artículo no ha acontecido.
La falta del cumplimiento de compromisos de Pemex con contratistas y proveedores viene arrastrada desde el sexenio pasado, en el que en su último trimestre se suspendieron los pagos y prácticamente cerraron un sistema que utilizan para permitir la facturación de trabajos terminados conocido como de Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE). Estos incumplimientos se han agravado en esta administración y la industria petrolera está expectante a que se cumpla con lo ofrecido por la Presidenta de la República y seregularicen los pagos a contratistas y proveedores que, más allá de haber sumido en una grave crisis a la industria petrolera, ha afectado severamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, presuntamente objeto de protección prioritaria, integradas en cadenas de valor y con presencia en los estados petroleros de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
