Primer Rector Economista en la UNAM: LEONARDO LOMELI…
Sorprenden que en los debates parlamentarios, e información mediática sobre el Presupuesto, exista tanto desconocimiento sobre las existencia del Pacto Federal y sobre la naturaleza, del cálculo y la distribución de las participaciones entre las entidades federativas y de estas a sus municipios, que a veces es necesario volverlo a comentar. Es claro que la mayor parte de las entidades federativas dependen alrededor del 90 porciento de la recaudación de origen federal.
Las participaciones se clasifican en el gasto no programable, no se pueden programar con certeza, porque dependen del comportamiento de la recaudación tributaria que realiza la autoridad federal, esto es el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Existe un concepto, la recaudación federal participable, integrada por recaudación de origen federal y hay fórmulas creadas con el consenso de los propios estados.
Desde 1980 cuando se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se establecen las reglas del juego al firmar las entidades federativas, un Convenio de Adhesión al mismo por parte de cada Entidad, excepto el Distrito Federal, que formaba parte del Poder Ejecutivo. Con la firma se comprometían a dejar en suspenso, esto es no cobrar impuestos qyue la Constitución al no prohibirlos, los podrían recaudar, pero con la firma del Convenio de Adhesión, optaron las entidades por un modelo cómodo, esto que el Centro cobre y me participe de su esfuerzo.
Existen fórmulas que han sufrido dos cambios importantes, el primero en 1989 para 1990. Antecedentes: descubrimos que Tabasco recibía un per cápita de participaciones de 9 a 1 respecto a Oaxaca, antes se hicieron propuestas en 1988, por ejemplo, Zacatecas planteaba una distribución al cien por ciento por número de habitantes, pero ello resultaba regresivo. En 1989 Oaxaca propuso el cambio de Fórmula, cambio apoyado, por otras 25 entidades y después de un año de casi doce reuniones nacionales, esto es de todos los estados de la República y un equivalente de la Comisión para cambiar la Formula de Distribución de Participaciones. La propuesta de Oaxaca avanzó.
Se logró un gran consenso para cambiar la formula en una transición de cuatro años. La misma consistía en que al final, se distribuirían las participaciones en un 45 por ciento por coeficiente poblacional, otro 45 por los impuestos asignables, y un 10 por ciento en relación a la inversa de la suma de los otros dos.
En suma 26 estados del sur y el centro del País. hicieron frente común, y por el otro estaba el Departamento del DF, EDOMEX, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Baja California. El debate era, formula igualitaria o resarcitoria.… gano la primera.
También se cambió la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal, introduciendo la dinamica recaudatoria de predial y derechos de agua.
En 2007, cambia el entorno político y se reforma lo que ya habían asimilado estados como la CDMX y a sugerencia del FMI se vueve a cambiar, pero la conclusión es que hoy todo se distribuye por el coeficiente poblacional: grandes perdedores la CDMX y el estado de Tabasco. Ahí estamos.
Pero todo depende de la dinámica recaudatoria, lo que se publica es una estimación, y como siempre ha sido, si la recaudación sube, las participaciones suben, si la misma baja respecto a lo estimado, las participaciones bajan.
Es imposible que “las participaciones sean recortadas”.
Los estados deben recaudar, no crear nuevos impuestos, eliminar “los descuentos” o amnistías fiscales y gastar con mesura, eliminando gastos innecesarios. Aprovechar la Colaboración Administrativa, y explorar impuestos ambientales como en Zacatecas, impuestos cedulares como en Guanajuato. El ejemplo de la CDMX que cobra más del 40 por ciento de sus ingresos propios.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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