Tengo muy fresco en la memoria el discurso de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en su toma de posesión en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez el pasado 8 de septiembre de 2021, sobre todo cuando manifestó “juntos vamos a ir acabando con la impunidad y, por cierto, hablando de este tema y de nuestros vecinos, quiero dejar algo muy claro, hablando de la Fiscalía General del Estado, mi gobierno dará continuidad a las investigaciones contra el exgobernador César Duarte, siguiendo el debido proceso para asegurar una investigación apegada a la ley, y quiero decirle a todo Chihuahua y a todo el país, de una vez por todas, en el caso Duarte ni perdón ni olvido, por supuesto que no”.
Me vino a la mente este extracto del discurso de la gobernadora luego de leer la nota publicada ayer en el portal de El Financiero titulada “Caso César Duarte: Juez suspende 20 órdenes de aprehensión en su contra”, acompañada del siguiente sumario “Con este acuerdo, una vez que se le extradite a México, al exmandatario solo se le juzgará por la acusación de peculado por 96.6 millones de pesos”.
Es cierto que todos los ciudadanos tenemos derecho a la protección de las leyes para evitar que se violen las normas mínimas, para eso existe la ley de amparo, en cuanto a eso no tengo comentario alguno. Lo que me llama la atención son la serie de eventos que indican que se ha venido planchando el terreno para que, a su regreso, el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez encuentre condiciones que favorezcan la posibilidad de que pueda librar su responsabilidad por toda la serie de delitos cometidos durante su gestión como mandatario estatal.
En lo personal considero que César Horacio Duarte Jáquez no solo fue un corrupto, sino un agente corruptor que llevó sus actos delincuenciales a todos los ámbitos del quehacer gubernamental, cometiendo abusos de toda índole en perjuicio de familias y personas en lo particular, y en contra de todos los ciudadanos de Chihuahua. Creo que su actuar no tiene precedente, al menos en la historia reciente del estado.
Por lo anterior, coincido con lo expresado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván en su discurso de toma de posesión el sentido de que en el caso Duarte ni perdón ni olvido. Sin embargo, no veo que se avance en ese sentido sino todo lo contrario.
Fue clara la intromisión del Poder Ejecutivo, cuya titular es la gobernadora Campos Galván, en la designación de Myriam Victoria Hernández Acosta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en tiempos que no correspondían a lo que marca la ley para realizar cambios en el Poder Judicial. Agreguemos que Hernández Acosta forma parte del grupo de 13 magistrados que el exgobernador Duarte Jáquez impuso como integrantes del Tribunal Superior de Justicia y que es pública la cercana relación entre ambos, y no podemos obviar que ella envió una declaración jurada a la corte que lleva el caso del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, con sede en Miami, Estados Unidos, en la que aseguró que éste era un perseguido político y, por tanto, al parecer, inocente de los cargos que se le imputan.
En este contexto, en caso de que Duarte Jáquez sea extraditado a México y juzgado en Chihuahua,
¿podemos esperar imparcialidad al ser la responsable de administrar justicia una persona tan ligada al exmandatario? Yo creo que no.
Pero eso no es todo. La iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua al parecer va en el mismo sentido, de favorecer la permanencia de quienes fueron designados magistrados en los tiempos de Duarte. Es increíble que una reforma de ese calado lleve nombres y apellidos, es decir, se hace para favorecer a determinados personajes que ni caso tiene mencionar.
Además, se trata de una reforma regresiva, porque arrebata a la sociedad chihuahuense la oportunidad de atestiguar el proceso de selección de los magistrados al eliminar los exámenes de oposición, como se hizo en su momento para la elección de los 13 magistrados filoduartistas.
Actualmente, en los exámenes de oposición pueden estar presentes integrantes de las barras y colegios de abogados y de organismos de la sociedad civil; de aprobarse la reforma, solo tres personas, un representante de cada uno de los poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, en un marco de absoluta opacidad, tendrían en sus manos la decisión de quiénes deben formar parte del TSJ. ¿Qué garantías tendríamos los chihuahuenses que solo las personas con mayor preparación y capacidad estén al frente de un cargo tan trascedente como ser magistrado? Ninguna.
De llegar a ser realidad ese panorama, aunado a lo descrito en párrafos anteriores, temo la posibilidad de que Duarte Jáquez no solo sea sujeto no solo al perdón y olvido, sino que las autoridades actuales le hagan en la plaza pública un reconocimiento por su gran labor como gobernador. Espero equivocarme.
Pedro Torres
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