México vive tiempos de cambio, que han sido tan importantes en nuestra historia moderna que el movimiento social, sigue creciendo y reconociendo que no hay destino para nuestro país si no es en el camino de la transformación, y ese es el sentido de las reformas presentadas por nuestro Presidente Andres Manuel Lopez Obrador.
Los tiempos que vivimos de una profunda transformación social, debe de reflejar también una profunda transformación de nuestra constitución en lo social, popular y nacionalista; aquella que le imprimiera hace más de cien años, el constituyente de 1917. Es decir, devolverle a la Constitución del estado mexicano, la dignidad y el sentido de justicia, que fueron disueltas con las reformas neoliberales. En este sentido, estoy segura que se hará todo lo posible con toda la fuerza del movimiento de la 4T, para cumplir con el propósito de afianzar valores, ideales, y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y social.
Se debe acabar con la visión elitista, en donde once ministros de la Corte, son los mejores intérpretes constitucionales. La elaboración de la Constitución debe regresar a ser una agencia colectiva y deliberativa, cuyo protagonista en todo momento es el pueblo.
La Constitución debe obligar a todos los poderes de gobierno, sin que ninguno —incluido el poder judicial— tenga alguna autoridad especial sobre ella. La soberanía debe residir originalmente en el pueblo. Recordemos, el articulo 39 de la Constitución Mexicana, que a la letra dice,
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
De esta forma, el pueblo es el único agente apto para hacer cumplir e interpretar la Constitución en última instancia. Devolvamos al pueblo la potestad última de elaborar, interpretar y ejecutar la Constitución. La Constitución pertenece al pueblo y no a los jueces.
Las propuestas de reforma a la Constitución, presentadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, son las siguientes,
Electoral
Se trata de un paquete de reformas que toca diversos aspectos. En el plano electoral se propone, por ejemplo, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, disminuir el porcentaje para que una consulta popular sea vinculante y que los consejeros y magistrados electorales, sean electos por medio del voto popular.
La iniciativa del Presidente en materia electoral insiste en la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estará integrado por siete consejeros y consejeras electorales electos.
Pensiones
También se pone sobre la mesa revertir la reforma de pensiones —tanto la aprobada durante el Gobierno de Ernesto Zedillo de 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón— que afectó injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En ese mismo sentido se buscará que los trabajadores y sus familiares puedan ser dueños de sus viviendas, lo que abre la puerta a una iniciativa en tema de vivienda.
Para “revertir” la reforma de pensiones aprobada en el sexenio de Ernesto Zedillo, la iniciativa propuesta por el presidente sostiene que las personas trabajadoras con sesenta y cinco años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley.
Para esos fines, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y que tendrá por objeto complementar las pensiones.
Austeridad
De igual forma se insiste en la política de austeridad que impide que los funcionarios de la Administración Pública federal ganen más que el Presidente, una medida que los propios ministros, los consejeros electorales, magistrados e integrantes de autónomos han revertido mediante amparos.
Poder judicial
Con respecto a la iniciativa en materia judicial, se establece que los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente.
En la iniciativa se estipula que las y los Ministros de la SCJN, las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía.
Órganos autónomos
Por otro lado, la reforma sobre los organismos autónomos establece la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable.
Hemos comprendido que algunos de los órganos constitucionales autónomos deben su origen a recomendaciones y/o imposiciones de organismos financieros internacionales, como han sido los casos del Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. A las instituciones financieras internacionales y a las empresas transnacionales, les interesa que existan órganos reguladores que no obedezcan a las coyunturas políticas, garanticen y den seguridad a las inversiones económicas principalmente extranjeras, y posibiliten el mantenimiento equilibrado en el ámbito doméstico de las variables macroeconómicas. Es decir, los órganos constitucionales autónomos, en su mayoría, derivan de lógicas neoliberales y sirven para evitar que gobiernos con gran legitimidad democrática o “irresponsables” amenacen la estructura del capitalismo mundial. Es decir, se perciben como un cuarto poder.
Lo que el presidente pretende sobre los órganos constitucionales autónomos es situarlos dentro de una lógica republicana para que no se constituyan como burocracias doradas controladas por sus titulares —una suerte de mandarinatos— sin tener contacto efectivo con la sociedad, a la que no suelen rendirle cuentas de sus importantes tareas.
Los órganos constitucionales autónomos pierden legitimidad cuando no actúan con transparencia, cuando sus titulares no deliberan en público, cuando la argumentación de los titulares no es convincente y no está orientada hacia la realización óptima de los derechos fundamentales y de los principios democráticos, y cuando los titulares no le hablan a los ciudadanos y sí a los poderes facticos económicos, nacionales y extranjeros.
Guardia Nacional
Con el paquete de reforma, se insiste en que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Salario mínimo
En materia de salarios, la iniciativa propone que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
En el caso de las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, se establece que percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Programas sociales
Además, con el paquete se busca elevar a un carácter constitucional programas que se implementaron a lo largo de la actual administración, tales como las pensiones para personas menores de 65 años que tienen una discapacidad permanente y promover las condiciones del desarrollo rural integral mediante un apoyo anual directo a pescadores y productores de pequeña escala, así como fertilizante gratuito a estos últimos.
También en apoyo a los campesinos se mantendrán precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
Otro de los programas que se buscará incluir en la Constitución mediante una iniciativa es el actual “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ya que en el texto correspondiente a reformar el Artículo 123 se contempla otorgar un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, por un periodo de hasta 12 meses en tiendas, talleres, empresas y demás, a fin de que se capaciten para el trabajo.
Movilidad y transporte
La iniciativa con respecto a la red ferroviaria en México considera el transporte de pasajeros –y no sólo de carga– mediante el uso de los ferrocarriles, y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros mediante el otorgamiento de asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
Bienestar animal
El Presidente propuso con respecto a la protección animal cambios al Artículo 3 de la Constitución para que los planes y programas de estudio se hable sobre la protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano.
De igual forma prohíbe desde la Carta Magna el maltrato a los animales y estipula que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.
Pueblos indígenas
Otro de los puntos considerados en el paquete de reformas es el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, al modificar el Artículo 2 de la Constitución para indicar que ellos pueden decidir sus formas internas de Gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos con respeto a la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y la integridad de las mujeres.
También se contemplan disposiciones para garantizar su derecho a elegir a sus autoridades y representantes para el ejercicio de su Gobierno interno; promover las lenguas indígenas, preservar el patrimonio cultural material e inmaterial, practicar la medicina tradicional y la partería, acceso a intérpretes y traductoras en juicios y procedimientos ante el Estado mexicano.
La iniciativa también retoma el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas legislativas o administrativas que vayan a adoptarse.
Por otro lado, se contempla garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe mediante educación básica, media superior y superior gratuita e integral, formar profesionales indígenas, un sistema de becas para personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo, y promover programas bilingües.
Salud
Para la atención de la salud se contempla una reforma al Artículo 4 constitucional para añadir que el Gobierno mexicano está obligado a garantizar atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho.
Medio ambiente
Con respecto a la reforma en materia de medio ambiente, se señala que el maíz, “alimento básico y elemento de identidad nacional” y destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas.
En esta misma iniciativa se indica que no se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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