Hace un mes aproximadamente, que el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que asumiera su responsabilidad y así demostrar al pueblo de México la eficiencia de sus instituciones, procurándoles las condiciones de seguridad que merece.
El General fue muy claro en distinguir las obligaciones que corresponden a cada institución. Dijo que se requiere de un marco regulatorio que defina, establezca y verifique la ruta crítica para contar con instituciones policiales organizadas, preparadas y equipadas para atender la problemática en seguridad pública. “Un marco jurídico para que los militares regresemos a los cuarteles a cumplir con nuestros fines y con nuestras misiones”.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala.
De tal manera que el Senado ya dio su visto bueno y en breve se aplicará la recién mal nacida Ley de Seguridad interior. Y afirmo que es mal nacida, porque proviene de la violación de los derechos fundamentales de la sociedad mexicana. Es una ley prevista, para legalizar la intervención de la milicia en asuntos de carácter civil, como las elecciones del año entrante.
La ley de Seguridad Interior afecta la vida democrática del país. Pues está diseñada para que el Presidente de la República, reprima a la ciudadanía en general cuando reclame sus derechos públicamente. También para controlar la función política nacional durante el próximo proceso electoral. Intimida a la libertad de expresión y medios de comunicación, aprovechando la confusión que origina la violencia, con la desaparición de personas que el propio ejército realiza. Y deja en estado de indefensión a los estados y municipios, respecto a sus atribuciones autónomas para la seguridad pública.
La ley violenta el estado de derecho, porque otorga facultades amplias para que el Presidente ordene la intervención del Ejército y la Marina, así como para implementar acciones en zonas de conflicto, sin especificar el procedimiento. Con una simple Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Es una ley que viola el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste ordena, que los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí. Con la nueva ley, se otorga todo el poder al Ejecutivo, pues le amplía sus facultades al Presidente y unilateralmente toma el control nacional.
Palabras más palabras menos, el gobierno ingobernable de Peña Nieto y sus cómplices diputados y senadores, han militarizado a la república mexicana. Pues en lugar de establecer el procedimiento de coordinación que debe existir entre Estado, Municipio y Federación, para cumplir con los objetivos de la Seguridad Pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones, monopoliza la operación y el desarrollo de las acciones policiacas.
Es indudable que el gobierno de cinco años de Peña Nieto, se caracteriza como el más violento en la historia del país. Con más de ciento catorce mil crímenes, por la falta de coordinación que ordena la Constitución. La reciente ley, afectará a la tranquilidad de los ciudadanos además de someternos a un régimen militar perverso y corrupto. Nadie puede asegurar lo contrario, cuando la corrupción viene desde el principal.
En Ciudad Juárez tenemos la experiencia del terror vivido en el sexenio de Felipe Calderón. El ejército nunca fue la solución, sino todo lo contrario. La extorsión, el secuestro y la desaparición forzada de personas, caracterizaron la estancia de los soldados. La fuerza pública debe regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Lo que todavía la corrupción ha impedido que se logre.
Dicen los que defienden el sistema político nacional en el poder, que tienen miedo de que estemos como en Venezuela. Pues con esta ley, Peña Nieto como el autor intelectual, nos acaba de hundir más que a los venezolanos. La militarización es evidente y acarrea miedo y más violencia. Estaremos expuestos a las armas del soldado, que no está educado para investigar, ni para respetar los derechos humanos, sino que está entrenado para obedecer y para matar.
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