Este año será clave para consolidar las propuestas de transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez en la historia de los gobiernos mexicanos se consolidará de manera universal el programa de apoyo a las personas con discapacidad, uno de los sectores poblacionales con más vulnerabilidad, y que había sido ignorado por todos los gobiernos anteriores.
Después de un esfuerzo mayúsculo de ahorro, austeridad y con toda la voluntad de contribuir a proteger a más de doce millones de personas mayores de 65 años, el gobierno federal en 2022 ha iniciado ya la universalización de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Un logro sin antecedente alguno en la experiencia de la administración pública de nuestro país, que con ello contribuye a mejorar el bienestar de millones de personas y familias vulnerables así como las condiciones generales de equidad e igualdad de nuestra sociedad.
Hay otras acciones semejantes como el incremento sistemático a los salarios y una política laboral destinada a reivindicar en muchos ámbitos las prestaciones de los trabajadores, pero este año tendremos una gran novedad: el Gobierno de la República, acompañado por casi la totalidad de los gobiernos estatales (Chihuahua no es la excepción), están formalizando el compromiso para que durante este ejercicio fiscal el Programa para el Bienestar de Personas con Discapacidad, también alcance el rango de programa universal, para que todas las personas en esta condición reciban una pensión a lo largo de toda su vida.
Hasta ahora dicha pensión incorporaba a personas con discapacidad severa y permanente, desde el nacimiento hasta los 29 años, y también es para toda la vida; sin embargo, áas que nada por cuestiones presupuestales han quedado fuera de este apoyo las personas que rebasaban los 29 años de edad, al momento que se incorporan por primera vez. Para ellos, quedaba sólo la lejana expectativa de que, a la vuelta de más de treinta años algún otro sistema de pensiones los pudiera considerar, situación que se veía difícil en un país en el que el sistema de seguridad social nunca fue capaz de garantizar pensiones dignas ni a los trabajadores que se mantenían activos treinta, cuarenta y hasta cincuenta años a lo largo de su vida laboral.
Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente, si tenemos en cuenta que el pasado 17 de diciembre el presidente López Obrador informó que las y los gobernadores se sumarían a los esfuerzos de financiar este gran proyecto de reforma social, que extenderá los apoyos a todas las personas con discapacidad, desde los 30 y hasta los 64 años, para que la solidaridad de la sociedad a favor de estas personas sea, además de universal, vitalicia; pues una vez que hayan llegado a los 65 años recibirán la pensión, también universal para adultos mayores.
Esta es una gran noticia, porque los únicos países que tienen implantados programas universales y vitalicios de apoyo a las personas en esta condición son los de altos ingresos y está demostrado que su impacto siempre ha sido clave para mejorar los niveles de bienestar de los individuos más vulnerables, quienes por falta de este tipo de apoyos, suelen tener una vida muy afectada por todo tipo de carencias materiales y por una intensa discriminación social.
Para quienes insisten en cuestionar la coherencia e impacto de la propuesta de AMLO para garantizar mayores niveles de bienestar a las personas más desprotegidas, aquí tenemos el mejor ejemplo de dos programas gubernamentales y dos instancias de gobierno coordinadas, para implantar una acción de solidaridad que de nuevo confirma que la 4T está trabajando y gobernando para mejorar sensiblemente el bienestar y el potencial de desarrollo individual de todas y todos los mexicanos.
Juan Carlos Loera de la Rosa
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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