Esta semana presenté el informe de la tercera etapa de la fiscalización de la cuenta pública 2021, con el resultado acumulado de 2,050 auditorías.
Se observaron 53 mil millones de pesos en proceso de aclarar, lo que con lo observado en las dos primeras entregas –las de junio y octubre- suman 61,853 millones de pesos. Es importante mencionar que el mayor monto corresponde al Gasto Federalizado, aproximadamente cuatro quintas partes de lo pendiente, en virtud de la gran cantidad de entes a auditar -cerca de cuatro mil-, esto es: gobiernos de las entidades federativas, municipios, poderes judiciales, universidades públicas estatales, dependencias de la administración pública federal, congresos estatales, etcétera. Solamente el dato de que tenemos cerca de 2 500 municipios, y en esta tercera entrega, multiplicamos nuestras presencias en este orden de Gobierno, gracias a la tecnología. No olvidemos la situación de pobreza y alta marginalidad de un gran número de municipios.
Por otra parte, es importante mencionar que después de presentado el Informe, la Ley establece plazos, para que los entes puedan aclarar y solventar las observaciones a los entes auditados, y a la ASF un espacio de análisis para resolver, para que los entes aclaren o se transfiera esto al área de investigación y al jurídico después, la que, en caso de encontrar daños al erario, prepara las denuncias correspondientes, que se presentan, ante la Fiscalía General de la República, con quien hemos mantenido una estrecha coordinación y comunicación.
Lo importante es destacar que, en esta etapa, las observaciones no se pueden calificar de desvíos, irregularidades o actos de corrupción, entran en proceso de aclaración.
Las revisiones del gasto federalizado concentran en la tercera etapa un monto observado de 45 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil corresponden a las entidades federativas. Gracias a la tecnología pudimos realizar 955 auditorias en esta, con la suma de las dos etapas anteriores, totalizamos 1,688 auditorías, la cifra histórica más alta en lo que se refiere a gasto federalizado.
A través del tiempo ha disminuido la recurrencia de las observaciones, en los recursos transferidos vía participaciones y recursos federales como los destinados para la educación básica. Hasta 2015, con la creación del FONE en lugar del FAEB, permitió a los estados regularizar parte de la problemática financiera de la educación básica, igual que el Fondo de Infraestructura Social, que modifico sus reglas para atender mejor las necesidades de los estados y municipios, así como darle más transparencia al uso del dinero público.
La ASF no puede, ni debe ser por su propia naturaleza nunca un ente “recaudador” de recursos para que haya ahorros presupuestales, ya que cuando se reintegran a la TESOFE, quien pierde es el pueblo, al no realizarse las obras que el Congreso programó, en su beneficio.
Por otra parte la ASF estableció mejores mecanismos de interacción con los entes auditados y con sus titulares en los tres órdenes de gobierno, así como, con los contralores, esto es con los contralores del Gobierno Federal, de los organismos autónomos, de las entidades federativas y de los municipios. Por supuesto con la Secretaría de la Función Pública.
Seguiremos fortaleciendo nuestra fuerza auditora, a través de establecer un mecanismo similar al que usa el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, esto es un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Fiscalización Superior con las Auditorias Estatales, el cual contendrá anexos específicos, para que las ASE colaboren con nosotros en los temas de fiscalización, particularmente en el área municipal, bajo ciertas reglas que no serían generales ya que cada entidad tiene capacidades, posibilidades, recursos presupuestarios y número de municipios diferentes.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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