Después del gran éxito de las manifestaciones ciudadanas en más de cien ciudades en México y en el extranjero, ¿qué es lo que sigue? Siguen muchas cosas que se tienen que ir acomodando de una manera natural y de una forma estructurada y organizada. En primer lugar, se tiene que dar seguimiento a las diversas acciones legales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas son: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos, juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y amicus curie.
De estas diversas acciones, las más importantes son las de inconstitucionalidad, ya que, con una mayoría calificada de ocho votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe la posibilidad de invalidar por completo el famoso “Plan B” de reforma estructural destructiva que presentó el presidente de la República al Poder Legislativo y que ahora, aprobado por el Congreso de la Unión, fue publicado por el Ejecutivo Federal para su entrada en vigor.
Estimo que las violaciones a la Constitución tan flagrantemente cometidas por la legislación secundaria aprobada por el Congreso de la Unión no van a tener más que dos y, máximo tres votos, a favor de los ministros de la suprema corte de justicia.
Prácticamente garantizados están los votos de Yasmin Esquivel y de Loretta Ortiz Alf. Francamente, dudo mucho que los ministros Saldivar y González Alcántara aprueben una reforma tan burdamente inconstitucional, y respeto la integridad moral e intelectual de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por lo que no pongo en duda el voto de ella en contra de esta destructiva reforma.
Ahora bien, nos encontramos en el proceso de la designación de cuatro consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, incluyendo a su presidente, quien, por cierto, debe de ser mujer, por directriz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De tres de las instituciones del Estado mexicano: Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las dos primeras instituciones han designado a personas para ocupar las posiciones en el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros electorales, con perfiles descaradamente proclives al régimen, por lo que es de esperarse que escogerán a personas con antecedentes de cercanía al régimen.
Al suceder esto, no se llegarán a consensos con la oposición, cuyos votos son necesarios para su designación, puesto que requieren de mayoría calificada, siendo que el propio secretario de Gobernación ha anunciado que se designarán “por tómbola” (la Constitución dice que por “insaculación”). Es decir, el propio secretario ha dictado un mensaje a los diputados de su partido de no llegar a consenso alguno.
Por lo anterior es de suponerse que la suerte determinará muy seguramente que la mayoría, si no todos, los nuevos Consejeros, incluyendo la presidente, serán proclives al oficialismo.
Por ello, es de suponerse que la conducción del INE, próximamente caerá en manos de una presidente cercana a Morena quien será de lo más tortuosa y conflictiva.
Es por ello que también debemos impugnar las designaciones que próximamente se harán de los Consejeros y la Presidencia del INE.
Luego seguirá lo odisea de la determinación del método para elegir a las candidaturas de la oposición, cuestión de la que he escrito en innumerables artículos, que si no se lleva con un método en el cual la participación ciudadana directa sea esencial, la oposición se puede meter en un gran embrollo.
Una vez postuladas las candidaturas, debemos participar en ellas activamente y promover el voto al máximo.
Finalmente, la defensa del triunfo electoral será esencial, puesto que el presidente no aceptará la derrota de Morena, porque la experiencia con él así lo dicta. Para ello debemos desarrollar acciones de resistencia civil activa y pacífica, a la que le dedicaremos otra columna en fecha posterior.
La democracia cuesta mucho, y requiere constante participación ciudadana. Hoy los ciudadanos con las manifestaciones del 26 de febrero han dado una muestra de compromiso con la democracia, ¡mantengámoslo vigente!
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
