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    abril 24, 2025 | 2:18

    Los desafíos internos e internacionales de la seguridad pública.

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    La seguridad pública en México ha sido históricamente un tema de preocupación tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos meses, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han implementado diversas estrategias para abordar esta problemática. Sin embargo, la complejidad del panorama actual exige un análisis profundo que considere las debilidades internas, las influencias externas y el papel de las instituciones de inteligencia en la seguridad nacional.

    La crisis de las policías municipales y estatales, sumamente corruptas han sido un obstáculo persistente en la lucha contra la delincuencia. La falta de capacitación, recursos y coordinación ha limitado su eficacia, lo que ha llevado al país a una creciente militarización.

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    La creación de la Guardia Nacional y su integración con las Fuerzas Armadas han sido medidas adoptadas para enfrentar esta situación. Sin embargo, estas acciones han generado debates sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles.

    Un aspecto crítico es la debilidad estructural del sistema de justicia y de las fiscalías. La corrupción y la falta de rendición de cuentas en el Ministerio Público han contribuido a altos niveles de impunidad. Casos emblemáticos han evidenciado cómo la negligencia y la discrecionalidad de algunos fiscales obstaculizan la justicia, permitiendo que delitos graves queden sin castigo. Yo tengo un asunto en un MP, exigiendo la devolución de un auto de la aseguradora, quien no pagó el siniestro y el auto no aparece, solo en ello llevo 6 años, ni la Comisión de Derecho Humanos de la Ciudad de México ha hecho nada al respecto. La ausencia de controles internos efectivos y la falta de transparencia en los procesos judiciales han mermado la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia y es por ello que la ciudadanía prefiere no denunciar.

    México ha mantenido una relación compleja con agencias extranjeras como la DEA, el FBI y la CIA en materia de seguridad. La colaboración con Interpol ha tenido importantes roces y muestras de desconfianza hacia nuestro país, aunque ha sido esencial para combatir el crimen transnacional y también hay que mencionarlo, ha generado tensiones relacionadas con la soberanía nacional. La administración de Sheinbaum ha buscado equilibrar esta dinámica, fortaleciendo la cooperación sin comprometer la autonomía del país.

    Un ejemplo de esta colaboración es el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, donde ambos países han redoblado esfuerzos para prevenir el crimen transfronterizo, desmantelando redes de tráfico ilícito de drogas, armas y personas. Sin embargo, es fundamental que estas acciones se realicen en un marco de respeto mutuo y transparencia, evitando injerencias que puedan socavar la confianza entre las naciones.

    El fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido una prioridad para la actual administración. Se han anunciado incrementos en su capacidad operativa y tecnológica, con el objetivo de mejorar la recopilación y análisis de información estratégica para la seguridad del país. No obstante, persisten desafíos relacionados con la protección de los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos en las operaciones de inteligencia.

    La creación de unidades especializadas, como la Unidad Nacional de Operaciones (UNO), refleja un cambio en la estrategia de seguridad, enfocándose en la desarticulación de grandes organizaciones criminales mediante operaciones basadas en inteligencia. Estas iniciativas requieren de una supervisión rigurosa para prevenir abusos y garantizar que las acciones se enmarquen dentro del Estado de derecho.

    La relación con agencias extranjeras ha estado marcada por episodios de cooperación y fricción. Mientras que la colaboración es esencial para enfrentar amenazas comunes, es imperativo que se respete la soberanía nacional y que las operaciones conjuntas se realicen con pleno conocimiento y consentimiento de las autoridades mexicanas y que estas luchen por recobrar la confianza.

    Para avanzar hacia una seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos, es necesario reforzar las instituciones civiles, priorizar el fortalecimiento de las policías locales y estatales, dotándolas de recursos, capacitación con una supervisión adecuada.

    Combatir la corrupción en las fiscalías: Implementar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que reduzcan la discrecionalidad y aumenten la eficacia en la procuración de justicia, se hace necesario también establecer marcos claros que definan los alcances y límites de la colaboración con agencias extranjeras, asegurando se protejan los intereses nacionales.

    Supervisar las operaciones de inteligencia: Garantizar que las actividades del CNI y otras agencias se realicen con apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, que no se usen para obtener información para cuestiones meramente políticas y de revanchas personales.

    La seguridad pública en México es un desafío multifacético que requiere de soluciones integrales y coordinadas. La administración de Claudia Sheinbaum, con figuras clave como Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la oportunidad de implementar reformas profundas que aborden las causas estructurales de la violencia y fortalezcan el Estado de derecho en el país.

    Y ya de paso, que no descuiden la seguridad ciudadana.

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    Fernando Schütte Elguero

    Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.


    Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.

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