En el laberinto de la justicia familiar en México, hay una herida abierta que parece no cicatrizar: la manipulación de la niñez en disputas entre adultos. No es un tema nuevo, pero sí uno que sigue sin resolverse, atrapado entre leyes ambiguas, intereses personales y la falta de una verdadera perspectiva de infancia.
El caso de Chihuahua no es la excepción. La asociación No Más Hijos Rehenes México ha denunciado en repetidas ocasiones lo que considera una sistemática separación de menores de uno de sus progenitores bajo el argumento de una “perspectiva de género malentendida”. Se refieren a aquellos casos en los que, sin pruebas contundentes, se restringe la convivencia entre hijos y padres, convirtiendo a los menores en piezas de un tablero legal donde las emociones, el rencor y hasta los intereses económicos juegan un papel determinante.
El problema es más profundo que una batalla entre progenitores. Se trata de un sistema que, en su intento por proteger a los más vulnerables, en ocasiones termina generando nuevas víctimas. La alienación parental, recientemente reconocida como un trastorno psicológico por la OMS, es un fenómeno ampliamente documentado. En muchos procesos judiciales, se denuncia que uno de los padres manipula la percepción del hijo en contra del otro, afectando su desarrollo emocional. Sin embargo, este argumento también ha sido usado como arma en casos de violencia familiar, lo que hace aún más complejo establecer criterios justos y efectivos en los tribunales.
Los juzgados familiares de Chihuahua y del país enfrentan un dilema: ¿cómo garantizar que las decisiones tomadas realmente prioricen el bienestar del menor? Es evidente que el sistema necesita reformarse, establecer criterios claros y evitar que la niñez sea utilizada como un instrumento de venganza o ventaja legal. Pero esta reforma no puede basarse en posturas absolutas. Si bien es cierto que la protección de los niños debe ser la prioridad, también lo es que la exclusión de un progenitor sin pruebas contundentes es una forma de violencia institucionalizada.
Por ello, las voces que claman por cambios en la justicia familiar deben ser escuchadas sin prejuicios ni intereses de por medio. No se trata de favorecer a padres o madres, sino de construir un sistema donde cada decisión esté respaldada por pruebas objetivas y con la verdadera intención de garantizar el bienestar infantil.
México tiene una deuda pendiente con su infancia. Es momento de saldarla.
Este lunes 10 de Febrero se manifestaran pacíficamente en las afueras de la FGE y Juzgados Familiares del Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos a las 11 am.
Don Q. Chillito
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