Seducida por una exacerbada ambición económica y política, María Eugenia Campos Galván, una abogada egresada del Tec de Monterrey, con una maestría en la Universidad de Georgetown, y otra más en Administración Pública y Política Pública en el ITESM de la Ciudad de México, está a un paso de en enfrentar un proceso judicial que inhabilitará su intención de ser candidata a la gubernatura estatal.
La Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente la expedición de órdenes para aprehender a Campos Galván, César Jáuregui y a cuatro personas más que aparecen en el expediente.
Además, la Fiscalía General del Estado, anunció que el empresario Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda en el periodo de César Duarte, en este momento acogido el esquema de criterio de oportunidad, será también procesado judicialmente debido a que entre las investigaciones que se han realizado se pudo acreditar una participación que fue más allá del simple reparto de recursos y cumplir las órdenes de César Duarte.
La alcaldesa de Chihuahua, número uno en todas las encuestas de ‘intención del voto’ para ser la posible candidata al gobierno de Chihuahua, decidió no acogerse al criterio de oportunidad que la llevaría a aceptar su responsabilidad.
La alcaldesa ha negado sistemáticamente las acusaciones de la Fiscalía y, particularmente, del gobernador del Estado Javier Corral a quien lo ha retado públicamente a que le demuestre los actos de corrupción ligados a César Duarte.
La Fiscalía aceptó que los rastreos de recursos de la funcionaria municipal no están en manos de la dependencia, sino de la Fiscalía Anticorrupción que logró integrar una averiguación que, aunque se conoce en parte, será la misma Fiscalía la que se encargue de darla a conocer.
Campos Galván, César Jáuregui Moreno, Cruz Pérez Cuellar y una veintena de personajes que se incluyen en los Expedientes X del gobierno del Estado, son parte de la multi difundida nómina secreta del ex gobernador priista César Duarte que incluye a cerca de 120 políticos, empresarios, periodistas y ministros del culto.
Seis de los citados en la nómina secreta se han ajustado al ‘criterio de oportunidad’ que es un supuesto en el cual las autoridades judiciales deciden no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo.
La Fiscalía oficializó que el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada se ajustó a dicho criterio y decidió regresar 4.3 millones de pesos que recibió durante la administración duartista. Lo mismo ocurrió con el ex director de un periódico en la capital del Estado que regresó 1.9 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado envió un amplio expediente donde se documentan la relación, a través de apoyos económicos ilegales, que existió entre el ex gobernador César Duarte Jáquez y la ahora alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.
La investigación contiene una gran cantidad de testimoniales, poco más de una docena, que incluye documentos acreditados ante un notario público, como lo es una copia certificada del cobro ordinario que la alcaldesa recibía de los enviados de César Duarte, cuando fue diputada local, integrante de la legislatura LXIV Legislatura que comprendió el periodo 2013-2016.
Además se integraron los amplios testimonios del ex secretario de Hacienda de César Duarte, Jaime Herrera Corral, la declaración del ex chofer de Campos Galván, de secretarios y secretarias, personal que estuvo a cargo de apoyar a la entonces diputada.
Se tienen descripciones exactas de las ocasiones en que la diputada acudía al estacionamiento subterráneo del edificio Héroes de la Reforma a recibir el dinero que había pactado con César Duarte y de las ocasiones que entabló comunicación con Jaime Herrera y sus allegados.
En esas visitas al estacionamiento exclusivo para funcionarios, la legisladora esperaba en su vehículo mientras el chofer realizaba el trámite ante la Secretaría de Hacienda y posteriormente bajaba al subterráneo a que la ‘jefa’ le firmara el documento.
El expediente incluye las copias de los recibos que encontraron entre los documentos personales de Duarte y cuyos originales fueron sustraídos por una persona que está plenamente identificada por la Fiscalía.
La ahora presidenta municipal de Chihuahua habría recibido 27 depósitos por 7.1 millones entre 2014 y 2015. Además, César Jáuregui Moreno, entonces líder de los diputados del PAN y actual secretario del Ayuntamiento, segundo en posición de Maru Campos, abogó para que la entonces legisladora panista recibiera 1.4 millones de pesos para la reparación de su vivienda, pues fue afectada por una tromba que azotó la ciudad de Chihuahua.
Jáuregui, a quien se le apodaba en ese entonces el ‘cachorro de palacio’, se reunió con César Duarte y le informó “el problema que tenía Maru Campos con su vivienda”. En forma inmediata, el gobernador, ordenó que se le apoyara con un apoyo extra de un millón 400 mil pesos.
El expediente fue turnado por la Fiscalía General del Estado al poder judicial del Estado. El documento contiene las suficientes evidencias para procesar a María Eugenia Campos Galván, César Jáuregui Moreno y a tres personas más dentro de la misma investigación. La dependencia estatal informó, en forma no oficial, que en periodos normales un juez analiza un caso en cinco días, pero este procedimiento administrativo pudiera esperar unos días más derivado de los retrasos que ha generado la pandemia.
El desvío fue encubierto a través de 10 contratos por 408 millones 505 mil 827 pesos, seis órdenes de compra por 2 millones 980 mil pesos, y una póliza de 122 millones 863 mil 238 pesos, de acuerdo con la SHCP.
Se trata de 394 operaciones que fueron llevadas a cabo entre 2012 y 2015, en las que se incluye una lista de beneficiarios y pagos, entre los que destacan un concepto denominado Operación MFB (presuntamente las siglas de Manlio Fabio Beltrones), con 235 millones de pesos, así como a favor del Comité Estatal del PRI con 63.5 millones de pesos y el despacho ejecutivo del gobierno estatal con 63.1 millones.
En la lista figuran los nombres de Gerardo Villegas Madriles, ex director general de Administración de la SHCH, con 32.6 millones; la Unión Ganadera Regional del Norte, con 13.2 millones, y Pável Aguilar Reynal, dirigente estatal del PRD, con 10.8 millones.
Continúan Alberto Sandoval Pulido, con 10 millones; el ex diputado federal priista Carlos Hermosillo Arteaga, muerto en un accidente el 20 de marzo de 2017, con 8.5 millones; el empresario Anuar Elías Karam, con 5.25 millones, y un concepto denominado “Operación Gordillo”, al que se destinaron 5.2 millones de pesos.
Según lo publicado por el diario Reforma, para una “gira” por la ciudad de Cuauhtémoc, se registran entregas por un total de 5 millones; al empresario Luis Carlos Baeza, 4.9 millones; a Armando Cabada, Alcalde de Ciudad Juárez, 4.3 millones; al Partido del Trabajo, 4 millones; a Alejandro Gloria González, diputado local del PVEM, 3.85 millones, y para el Banco Unión Progreso, 2.09 millones.
Los 27 pagos efectuados a Maru Campos, habrían sido en los periodos señalados, y fueron: febrero 10, 2014, $200 mil: marzo 11, 2014, $200 mil; abril 15, 2014, $200 mil; mayo 09, 2014, $200 mil; junio 11, 2014, $200 mil; julio 14; 2014, $250 mil; agosto 12, 2014, $250 mil; septiembre 12, 2014, $250 mil; octubre 06, 2014, $250 mil; octubre 06, 2014, $100 mil; noviembre 01, 2014, $250 mil; noviembre 28, 2014, $250 mil; enero 27, 2015, $250 mil; febrero 16, 2015, $250 mil; marzo 11, 2015, $250 mil; marzo 15, 2015, $350 mil; mayo 15, 2015, $250 mil; junio 01, 2015, $100 mil; junio 15, 2015, $350 mil, junio 15, 2015, $350 mil; agosto 13, 2015, $350 mil; septiembre 13, 2015, $350 mil; octubre 05, 2015, $350 mil; noviembre 03, 2015, $350 mil; noviembre 27, 2015, $200 mil; diciembre 15, 2015, 350 mil y diciembre 21, 2015, subió a $400 mil.
A Cruz Pérez Cuéllar, actual senador de Morena, 1.3 millones, y al entonces diputado local priista Jesús Velázquez Rodríguez, 1.05 millones.
En esta lista aparece también Cristopher James Barousse, exsecretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI -el único al que ya se le había relacionado como beneficiario de la “caja chica”-, con 1.27 millones, suma que sólo comprende presuntos pagos del 9 de enero al 23 de diciembre de 2013.
El documento indica que Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador, presuntamente recibió de la misma cuenta 945 mil pesos, y Beatriz Paredes Rangel, senadora y ex presidenta del PRI, 899 mil pesos.
Según el listado, Octavio Acosta Maldonado, ex subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación, presumiblemente destinó al menos 700 mil pesos para un “Bono a Obispos”.
El documento incluye a Max Lebarón González, dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista, y María Guadalupe Aragón, exdirigente estatal del PRD, con 300 mil pesos cada uno.
De acuerdo con informes allegados al caso, la Fiscalía de Chihuahua inició al menos dos indagatorias sobre la “caja chica”.
Desde hace tres años, Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de César Duarte, se acogió al criterio de oportunidad y colabora con las investigaciones estatales.
Rafael Navarro Barrón
Periodista y Analista Político.
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