Hoy en México vivimos un proceso inédito de reformas constitucionales y de adaptación de las normas que enriquecen nuestra democracia. Tenemos la oportunidad de reorganizar la administración pública para hacerla más accesible y cercana a la gente.
Durante años los ciudadanos sufrimos una burocratización excesiva, cada trámite representaba una barrera para el ejercicio de nuestros derechos. Hemos padecido un modelo administrativo que ha generado costos innecesarios y espacios abiertos a la corrupción.
Pero, el acceso a los servicios básicos, el derecho a la información y las gestiones ante el gobierno no deben pasar por filas interminables, y papeleo que entorpece la vida de las personas.
Para superar esta deficiencia, el pasado 12 de marzo en el Senado de la República aprobamos la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, destinada a modificar el artículo 25 y el artículo 73 de la Constitución, para obligar a todos los agentes de gobierno a que simplifiquen sus gestiones y digitalicen sus trámites y servicios.
La propuesta fue aprobada, prácticamente, por unanimidad; pues con base en ella mejorará la operación de la administración pública en todos sus niveles, se reducirán sus costos y se obligará a los funcionarios públicos a transparentar sus actividades.
Sus beneficios son claros: la simplificación administrativa y la digitalización eliminarán trámites innecesarios y redundantes. Actualmente, muchas personas deben presentar documentos que el gobierno ya tiene en su poder. La reforma acaba esta práctica, garantizando trámites expeditos.
Se establecen buenas prácticas regulatorias para garantizar que los trámites sean accesibles y eficientes. Muchas veces, la ambigüedad en los requisitos genera incertidumbre y abre la puerta a la corrupción. Con esta reforma, se impulsa un marco normativo que dará certeza y transparencia a los procedimientos administrativos.
Se fortalece la capacidad tecnológica del gobierno. No basta con digitalizar trámites; es necesario que las instituciones cuenten con la infraestructura y los recursos adecuados para ofrecer servicios de calidad.
La reforma fomentará el desarrollo de plataformas digitales seguras que propiciarán la interacción de los ciudadanos con el gobierno sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica.
Esta reforma tiene un enfoque de inclusión y equidad. La digitalización de los trámites permitirá que todas las personas, sin importar dónde vivan, tengan acceso a servicios públicos sin necesidad de desplazarse largas distancias o enfrentar procesos burocráticos innecesarios.
El Artículo 25 de la Constitución ya establece que las autoridades deben implantar políticas de mejora regulatoria que simplifiquen trámites y servicios, y con esta reforma, se fortalece este mandato y se amplía para incluir la digitalización como un principio fundamental de la administración pública.
Por su parte, el Artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley Nacional que establezca los principios y obligaciones en materia de simplificación administrativa y digitalización, asegurando que esta política se aplique de manera uniforme en todo el país.
Esta reforma no es un cambio menor, es un paso fundamental en la modernización del Estado mexicano.
México ha avanzado en este camino. La Ciudad de México implantó un modelo de trámites digitales a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, reduciendo en 50% los tiempos de espera y eliminando requisitos innecesarios en múltiples gestiones. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a nivel nacional extenderá esta experiencia a todo el país.
Para terminar, es justo recordar estas palabras de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum: “No más trámites que traben el ejercicio de derechos; no más burocracia innecesaria que solo complica la vida de la gente”.
Juan Carlos Loera de la Rosa
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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