México sigue doliendo, el último escándalo en materia de horror y de inseguridad ciudadana es el del hallazgo en Teuchitlán Jalisco, de un, entre otras cosas, “campo de exterminio” de seres humanos. Pareciera que los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro, la normalización de las peores aristas de la violencia y del desprecio por la vida humana no pueden ni deben seguir.
Sigo pensando que en México somos más las personas de bien; quienes se preocupan y ocupan de cómo seguir adelante a través del trabajo honesto, que evitan tener problemas con la Ley, que viven y dejan vivir a los demás.
Ante esta premisa acontece una realidad siniestra: nuestro país ocupa los primeros lugares entre las naciones más violentas del orbe que sin estar en una guerra formal, muchas, muchas de sus ciudades y localidades experimentan una cantidad insoportable de homicidios y desapariciones forzadas.
No es válido caer en la politiquería ordinaria, el Estado en su conjunto ha fallado, con sus tres poderes, sus tres niveles de gobierno y con todos sus partidos políticos. En algo debimos también haber fallado los mexicanos “comunes”.
La desarticulación de los valores familiares que hoy vivimos no pudo suceder sin el consentimiento u omisión de los padres y hermanos, ni la idolatría por el dinero y poder a cualquier costo que ahora dirige los destinos de muchísimos mexicanos pudo encumbrarse sin la tácita “luz verde” de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la densa nube de muerte y sufrimiento que permanece en nuestra Nación se hubiese disipado ya si no fuera por el silencio y disimulo que por razones legítimas o por franca omisión guardamos quienes nos consideramos ciudadanos de bien. Mea culpa, mea culpa.
Del asombro, del mucho o poco asombro que haya generado el caso Teuchitlán o de otros crímenes que pasan día a día en las calles, colonias y pueblos de México; ojalá que los mexicanos podamos y sobre todo queramos alzar la voz y pasemos a los hechos para no esperar noticias que seguramente se sucederán sobre casos iguales por descubrir. Otras barbaridades similares han pasado al ominoso olvido, a la impunidad, en el marco del desdén ciudadano y de la politiquería oportunista.
Entendamos que casos como el de Teuchitlán escapan total y absolutamente de la normalidad, es decir, no deben aceptarse como algo que pasa o tiene que pasar. Debe cuestionarse por todos y con mayor razón la (in)actuación y “desconocimiento” de las autoridades municipales, estatales y federales.
Lo normal es que cada persona pueda ser dueña de su destino, lo normal es que nadie puede quitarle la vida o la libertad a nadie, lo normal es que toda persona, hombre o mujer pueda salir y llegar sana y salva a casa siempre, lo normal es censurar en público y en privado el estilo de vida basado en la riqueza mal habida conseguida a partir del sufrimiento de los demás.
Duelen las miles y miles de historias de vidas trastocadas por el flagelo inadmisible de la violencia, por la falta de Estado de Derecho, por la traición de algunos que deberían proteger y velar por la sociedad, por el desinterés de quienes piensan que eso nunca podría pasarles a ellos y niegan solidaridad tangible a sus hermanos mexicanos.
El análisis del caso en mención (si no lo conoce escudriñe sus detalles) nos hace ver que acostumbrarnos al horror es esperarle; nadie está totalmente seguro, ni en pequeñas, medianas o grandes e ilusorias fortalezas en las que pensamos vivir, aún y cuando nada tengamos que ver con negocios ilícitos.
Nunca es tarde para rectificar, a nadie, a nadie conviene la burda normalización del terror contra la población civil. El Estado deberá actuar en consecuencia, aliado debe ser de la sociedad civil, nada más ni nada menos.
“Yahveh dijo a Caín:
«¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó:
No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?»
Replicó Yahveh:
«¿Qué has hecho? Se oye la sangre de
tu hermano clamar a mí desde el suelo.”
(Génesis 9:10)

Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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