Al asumir como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció varias medidas que representan amenazas significativas para México, como la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos, la declaración de emergencia nacional y aumento de presencia militar en la frontera, la propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de las Américas, la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, impuestos a las remesas y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Todos son temas muy delicados y cada uno merece un análisis de manera independiente, pero hoy me quiero referir al último de los mencionados en el párrafo anterior: la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Lo anterior, debido a que en consonancia con esa propuesta del presidente Trump, el diputado por Movimiento Ciudadano, Francisco Adrián Sánchez Villegas, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para hacer una solicitud similar para que en el Código Penal del Estado de Chihuahua se tipifique el delito de narcoterrorismo.
En Justicia, hay que dejar en claro que el legislador del partido naranja había presentado esa iniciativa desde 2022, durante la anterior legislatura, y la revivió el pasado 13 de septiembre al presentarla una vez más ante el pleno del Congreso, siendo turnada a la comisión legislativa de Justicia, que él preside.
Ya había antecedentes en ese sentido, la senadora federal Lilly Téllez, presentó en 2021 un proyecto de reforma para que “a los miembros de cárteles de la droga que hagan uso de violencia y causen alarma, temor o terror entre la población mexicana también sean procesados por el delito de terrorismo”.
Aunque a diferencia de Sánchez Villegas la senadora panista no utilizó el término narcoterrorismo, sí celebró efusivamente la propuesta de Trump que implica esa denominación, lo mismo que el ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, entre otros actores políticos opositores a los gobiernos de la 4T.
El miércoles pasado, al ser analizada la propuesta del diputado de MC en la reunión de la Comisión de Justicia, si bien el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, no festinó la propuesta de Trump, manifestó estar de acuerdo con ella porque, según él, sólo se constriñe a que el gobierno de los Estados Unidos pueda intervenir en flujos financieros asociados al narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos.
No se puede jugar al ingenuo aquí, la intención de Donald Trump al declarar a las organizaciones de narcotraficantes como organizaciones terroristas tendría múltiples implicaciones, tanto políticas como estratégicas.
Además de sanciones financieras y congelación de activos internacionales, lo cual en la actualidad se puede hacer, permitiría al gobierno de Estados Unidos usar herramientas más agresivas, como arrestos y operaciones militares directas o encubiertas en territorio mexicano bajo el argumento de combatir el terrorismo, lo cual representa una amenaza directa a la soberanía mexicana, complicando las relaciones bilaterales.
La iniciativa de Trump se puede considerar un pretexto para reforzar la narrativa de que México no está haciendo lo suficiente para controlar el tráfico de drogas, pero nada dice acerca de qué hará su gobierno para combatir las redes de distribución y venta de drogas en territorio estadounidense.
Por ello, resulta inconcebible que desde el Congreso del Estado se quieran armonizar iniciativas violatorias de la soberanía nacional con origen en un país extranjero, como la tipificación del narcoterrorismo, cuando existen decenas de leyes aprobadas por los legisladores federales, que acarrearán beneficios a miles de chihuahuenses y que, sin embargo, duermen el sueño de los justos en espera a ser empatadas con nuestras leyes estatales.
Pedro Torres
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