El pasado lunes 25 de septiembre se aprobó en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Población publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974 y se expide una nueva Ley General de Población.
El objeto de la iniciativa es mejorar el actual sistema de registro poblacional al establecer nuevas definiciones para las políticas públicas de población, que atiendan a los múltiples y variados desafíos que presenta la realidad actual.
México ha experimentado en las últimas décadas, cambios vertiginosos en la integración y características de su población. La edad promedio es de 29 años, con disminución en la tasa de nacimientos y un envejecimiento paulatino de su gente. Así lo refleja el Censo de Población y Vivienda 2022, que muestra una cada vez más angosta base piramidal debido a la reducción en términos porcentuales de niñas, niños y jóvenes. En términos coloquiales podemos válidamente afirmar, que nuestro bono demográfico de juventud se está agotando.
Entre 1970 y el 2020 se presentaron dos cambios sustantivos en la estructura poblacional. Por una parte,el porcentaje de personas con edades entre los 0 y los 14 años se redujo del 46% al 25% del total, mientras que el de la población de 30 a 59 años aumentó del 22% al 38% del total. Por cada 100 niñas y niños de 15 años o menos, los adultos de más de 60 años pasaron de 1970 al 2020 de 12 a 48.
El incremento en los adultos mayores es reflejo de una población que envejece. Conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, se estima que para el 2050 el porcentaje de adultos mayores será un 22% de la población total.
Un aspecto desafiante es la velocidad del fenómeno, ya que mientras a otros países les tomó un siglo o más el duplicar su población adulta mayor, a nuestro país le tomará sólo treinta años.
Si bien es cierto que la Ley de 1974 sirvió como marco de referencia durante casi 50 años, todas las fuerzas políticas reconocieron que, ante los cambios en las características demográficas, su abrogación era necesaria, para instrumentar un marco legal moderno.
Estos cambios perfilan nuevos escenarios que tendrán repercusiones sociales, culturales y económicas. En este sentido, la iniciativa prevé la atención a fenómenos como la mortalidad, la fecundidad y la migración internacional, mediante el uso de estadísticas sociodemográficas, a fin de contar con información oportuna que apoye el diseño y la elaboración de las políticas públicas.
La iniciativa prevé el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cuenta Única de Registro Poblacional (CURP) con fotografía, como un servicio de interés público que presta el Estado Mexicano a través de la Secretaría de Gobernación.
La CURP con fotografía tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero y las personas físicas y morales con domicilio en el país.
Esta nueva ley redefine la política poblacional, antes basada en el control natal, a la adopción de un enfoque orientado por los derechos humanos, al bienestar social, la igualdad, la potenciación del género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenible y un énfasis especial en la salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
