Las instituciones son, en buena medida, marcos de referencia correlativos a las características de una visión, o una época. Están sujetas a la influencia de características sociales, políticas y económicas de su tiempo. Por esta razón, también las organizaciones y fuerzas que les dan sentido práctico son sujetos del cambio permanente o de la necesidad de cambio constante. Su proceso puede ser —en mayor o menor medida— resultado de las exigencias ciudadanas, de la mayor complejidad de los asuntos a los que se enfrentan, o de macroprocesos políticos en los que la totalidad de las instituciones experimentan cambios y modernización; por ejemplo, en ocasiones la economía ha determinado el cambio abrupto de la política, como ocurrió en la década de los ochenta en casi todo el mundo occidental, debilito las economías de los países subdesarrollados “del tercer mundo”.
Esta tesis sobre el cambio de las instituciones ha sido objeto de análisis desde las ciencias sociales a partir de diferentes enfoques. Destaca el del institucionalismo histórico, que se concentró sobre todo en grandes procesos de cambio en los que el proceso de ruptura y generación institucional son acentuados. En contraparte, si se analiza el cambio institucional, bajo el argumento de Elinor Ostrom de que las instituciones “existen en niveles múltiples que se relacionan”, entonces también son relevantes los cambios a nivel micro y al interior, es decir, el cambio organizacional.
Un proceso de cambio ilustrativo ha sido la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, en un primer momento y de tecnologías alternativas y de última generación recientemente al funcionamiento de las instituciones públicas.
El cambio fue de tal magnitud que hoy, la tecnología está presente en todo el ciclo de las políticas públicas; y en funciones como la administración de la información; la creación de datos abiertos; el análisis de datos en grandes volúmenes para la toma de decisiones (Big Data); la orientación para trámites y servicios, etc. Es decir, las instituciones tuvieron que reconocer el valor público del uso de tecnología y avanzar hacia su incorporación en el desahogo de las tareas cotidianas e incluso especializadas de las organizaciones públicas.
El cambio tecnológico actual, caracterizado por la transformación digital, es simultáneo a la formación de nuevos conceptos como el de gobierno abierto y gobernanza para describir nuevas tendencias de la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno. Destaca que este proceso de cambio en las instituciones sea coincidente con sociedades más y mejor informadas y la participación de más actores en los asuntos públicos, llámese organizaciones sociales u otras. Esto es importante porque el uso de herramientas tecnológicas tiene la finalidad de generar mayor involucramiento en las tareas de gobernanza.
A partir de la propuesta para la implementación de transparencia, datos abiertos, visualización y mapeo de éstos, la tecnología cívica se ha convertido en un catalizador del cambio institucional y de la rendición de cuentas, como es el caso de la app ciudadana de la ASF, que proporciona información de las auditorías realizadas en el país en cada Cuenta Pública, con los resultados de la fiscalización de los recursos de origen federal.
Todos estos nuevos enfoques e instrumentos tienen la finalidad de lograr mejores instituciones, que respondan eficazmente a las necesidades de la fiscalización superior y entreguen resultados positivos, oportunos y preventivos a la luz del objeto para el que fueron creadas. En el caso de función democrática de rendición de cuentas, el rol de la tecnología cívica representa un complemento para optimizar el universo de la fiscalización.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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