Uno de los problemas más graves, particularmente en Ciudad Juárez, pero no es excepción Chihuahua capital, es el servicio de agua. La falta de inversión en décadas para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica es evidente y las autoridades prefieren pasarles el costo a los usuarios antes que resolver la problemática. El costo del mal servicio es cobrado además como si fuese de primera cuando a veces, ni siquiera existe.
Las juntas de agua y saneamiento en Chihuahua siempre se han caracterizado por realizar cobros desmedidos en sus recibos de agua, es la principal demanda que se tiene contra este organismo. Otra de las demandas más sentidas es que se cobra agua sin que haya en los hogares, existen colonias en Juárez en donde se les cobra tarifa y nunca o casi nunca hay agua, lo que resulta no solo injusto sino ridículo. La reconexión del servicio luego de haber sido suspendido es también otra de las demandas que más tiene este organismo.
Las prácticas que llevan a cabo estos organismos, como quitar el servicio a familias que tienen algún rezago en el pago, así, sin tener algún fundamento administrativo es muy común en este ente, obviando sin la menor prudencia que el agua es un derecho, y como tal, no se puede ni debe cortar de esa manera.
Estamos más que claras y ciertas que el servicio de agua es malo, no es eficiente y mucho menos justo, y ni por equivocación se acerca a los estándares necesarios. De acuerdo con la ONU, el abastecimiento ideal debería de ser de 120 litros por persona, además de que el costo por el acceso al agua potable no debe exceder del tres por ciento del ingreso mensual de las familias. Nada de esto se cumple, al menos no en la mayoría de las colonias de Chihuahua.
Urge atender y renovar las juntas municipales de agua y saneamiento, la política prioritaria no debería de ser las estrategias (además de todo hasta ilegales) de recuperación de cartera vencida a cualquier costo, que es lo que hacen actualmente; sabemos que los recursos son importantes, pero estas no pueden estar por encima de los derechos de la población, tal como sucede.
Para ello, será importante la línea marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el cual se basa en cuatro ejes: Política hídrica y soberanía nacional; Justicia y acceso al agua; Mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; así como Gestión integral y transparente.
Durante la presentación, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que el agua debe dejar de verse como una mercancía y reconocerse como un derecho, para ello, se trabajara en ordenar las concesiones, donde para evitar la venta del agua concesionada no utilizada, se incentivará la devolución voluntaria del recurso a la nación para uso, principalmente, de consumo humano; la eficiencia del riego agrícola a través de su tecnificación, permitiendo mayor productividad en el campo y más disponibilidad de agua, la implementación de un Plan Maestro, entre Gobierno de México, estados y municipios, para desarrollo de infraestructura de agua potable, así como proyectos estratégicos que atiendan regiones y destinen el recurso hídrico donde hay mayor necesidad de acceso al derecho humano al agua.
Urge que el gobierno de Chihuahua trabaje con estos ejes y así evitar más injusticias en contra de los usuarios.
Lilia Aguilar Gil
Política y académica.
Maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha contribuido en foros internacionales y enseñado en la Universidad de Harvard. Fundadora de la asociación civil LIBRE, se enfoca en el empoderamiento juvenil. Imparte clases en la UNAM y actualmente es Secretaria Técnica en la SSPC, habiendo sido titular en la Secretaría de Gobernación. Su carrera en el Congreso refleja su compromiso con la seguridad y las políticas sociales.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
