El ingenio humano es una habilidad sorprendente en todo sentido: para bien y para mal hemos encontrado salidas y nos hemos adaptado para hacer frente a situaciones adversas, aunque quizá no siempre esas salidas son benéficas para todas las partes.
El día de hoy sirven estas líneas para compartir –quizá a manera de alerta- una petición de apoyo de un considerable grupo de personas se ha acercado a quien hoy le escribe y que me parece importante compartir no solo para poner en el foco esta problemático, sino para evitar que quienes tranzan, avancen.
La difícil situación económica que aqueja actualmente a las familias, ha hecho explorar esquemas que permitan obtener ingresos y hacer frente a las necesidades más apremiantes a quienes se encargan del sustento familiar. Precisamente lo anterior, ha sido aprovechado para generar esquemas laborales que no siempre representan una opción seria para obtener ingresos. Tal es el caso de varias empresas que, constituidas de manera dudosa, ofrecen esquemas de vales de crédito que, pareciendo atractivos, resultan más que una ganancia, una gran carga para quienes buscan obtener ingresos de manera honesta.
Algunas de estas empresas, muchas de ellas de reciente surgimiento en el estado y con denominaciones cambiantes, bajo condiciones laborales poco claras, ofrecen supuestas ganancias a las personas que coloquen vales de crédito; las personas a las que emplean actúan entonces como intermediarias entre la empresa y los clientes finales, haciéndose responsables del cobro del monto que les fue otorgado a través de dichos vales, no sin antes dejar un pagaré firmado en blanco.
Sin embargo, una vez que estas personas empiezan a distribuir los vales, se echa a andar una verdadera maquinaria de tranza: las supuestas ganancias que les ofrecieron, se esfuman tras una serie de “descuentos” que la empresa les hace saber al momento en el que se supone se les va a pagar, obteniendo finalmente cerca de $50 pesos por cada $3 mil pesos en vales colocados. Posteriormente, las cantidades otorgadas en crédito se inflan por intereses no solo ilegales sino inmorales, y empieza una serie de acciones por parte del empleador para exigir el pago de la cantidad confiada a quienes distribuyen dichos vales.
Usura, cobranza ilegítima ejercida a través de actos de intimidación, humillación, insultos e incluso valiéndose de golpes y de usurpar funciones de autoridades a través de documentos falsos, son algunos de los delitos que estos negocios cometen escudándose en la recuperación del monto del crédito, acciones que se extienden a la familia y los vecinos de las y los afectados.
Esto se vuelve sin duda alguna un círculo vicioso que en vez de representar un ingreso, representa una enorme pérdida para quienes se aventuran y confían en estos dudosos empleadores; la pérdida no solo es material, sino que merma la salud de quienes distribuyen vales a través de estos negocios de dudosa reputación y la de sus allegados. Las cuentas se vuelven impagables, así como la asesoría legal que requieren, situaciones que aprovechan estos negocios para orillar a las personas afectadas ya sea a celebrar convenios ventajosos.
Espero estas líneas sirvan de aviso, y que a su vez desde el Congreso, donde hemos solicitado se dé puntual seguimiento por parte de la Fiscalía, y a su vez a instancias como el SAT y CONDUSEF para conocer qué empresas están legalmente constituidas instaurando un padrón que la ciudadanía pueda consultar antes de relacionarse con estas empresas. Por el bien de la gente, que la tranza no avance.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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