Recientemente, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores emitió la Convocatoria de la edición 2022 del Concurso Regional sobre Buena Gobernanza. En este año, el tema del certamen es la participación ciudadana en la prevención de la corrupción y tiene como objetivo que el personal de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región Centro Americanas el Caribe y el Sur reflexionen respecto al papel de los ciudadanos en la prevención de la corrupción y cómo puede contribuir a fortalecer el impacto del trabajo que desarrollan las EFS. Los aportes que se obtengan de los trabajos que se presenten serán insumos valiosos para definir nuevas y mejores estrategias de trabajo en materia de combate a la corrupción y fomento de la participación ciudadana en el ámbito de las EFS que formamos parte de la organización regional, que no somos pocas.
Hoy, existe consenso respecto de la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, ya que ésta permite vincular a la sociedad en su conjunto con el funcionamiento del Estado, promoviendo que sus necesidades sean el centro de la labor de las instituciones públicas y que participe activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que le aquejan.
En este sentido, un gobierno en el que participa la ciudadanía, en general, está mejor preparado para enfrentar los desafíos, como la corrupción, ya que los ciudadanos cuentan con mecanismos para solicitar información, realizar denuncias y exigir que se les rindan cuentas. La participación ciudadana influye en las formas y la calidad de la prestación de los servicios públicos, promueve reformas legislativas y repercute en las actitudes y desempeño de los funcionarios públicos, tal y como lo señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 -Paz, justicia e instituciones sólidas-, que, entre otras metas, busca reducir considerablemente la corrupción y el soborno, crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las exigencias de la comunidad.
Además, la participación ciudadana es un factor clave para incrementar el impacto de la labor de la fiscalización superior. OLACEFS así lo ha reconocido en distintas Declaraciones, específicamente en la Declaración de Punta Cana adoptada por la XXVI Asamblea General de la OLACEFS, realizada en la República Dominicana del 18 al 20 de octubre de 2016. En ella, la Organización acordó promover la participación ciudadana con la finalidad de mejorar la calidad de los programas y proyectos que materializan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 así como de las políticas públicas que los orientan, incorporando sus mecanismos en el control institucional de la gestión pública.
Para lograrlo, cada EFS, acorde con su mandato y entorno, definirá su propia estrategia para promover la participación ciudadana, conforme a los parámetros y principios enunciados por la propia Declaración, de manera proactiva, progresiva, definiendo los asuntos en los que la ciudadanía puede contribuir en el seguimiento y fiscalización de la implementación de los ODS, especialmente en los temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar general, a través del derecho de acceso a la información, el establecimiento de mecanismos para la presentación y procesamiento de denuncias, la creación de sistemas de información para facilitar el acceso a los informes de auditoría, la capacitación y sensibilización en materia de fiscalización y proveyendo espacios para que la ciudadanía forme parte de los procesos de toma de decisión en la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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