El Pin parental vino como respuesta de los sectores más conservadores de la sociedad para que los padres puedan aprobar o en su defecto rechazar la impartición de talleres educativos de índole sexual a sus hijos, en todo el mundo.
Se trata de una medida asociada con el término tecnológico PIN, herramienta de control parental usada en dispositivos electrónicos para vigilar los contenidos a los que los niños y adolescentes tienen acceso.
Su origen nos lleva a España, en donde el Partido Político VOX, asociado a la ultraderecha política, creó esta figura jurídica con el fin de contrarrestar la educación promovida desde la óptica progresista en aquel país, que pugna por la enseñanza de la ideología de género,diversidad sexual, etc.
El debate en México se ha encendido, pues son ya varios estados los que preparan la batalla para crear el Pin parental. Sectores en contra de esta figura, alegan que se debe defender el derecho de la infancia y adolescencia a recibir educación libre de prejuicio y a vivir una vida sin discriminación ni violencia.
El centro de la discusión de quienes defienden el PIN, o veto parental, gira en torno a aspectos ciertamente jurídicos , pero también moralistas, pues entre las organizaciones que a nivel nacional simpatizan con él, se hace mención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, que establece que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona en su artículo 12, fracción IV que: “Los padres o tutores tienen derecho a que sus hijos reciban educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Entre las agrupaciones que pugnan por el PIN encontramos al Frente Nacional por la Familia, la Alianza Nacional de Padres de Familia, e Iniciativa Ciudadana.
La réplica, venida desde el gobierno Federal encabezado por el Presidente López Obrador, a través de su Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, no se ha hecho esperar, pues esta última funcionaria ha manifestado su deseo de defender la educación laica, utilizando criterios de Tratados Internacionales que defienden el derecho a la educación de niños y adolescentes, y pronunciamientos por parte de la UNICEF y UNESCO que manifiestan que la responsabilidad educativa de los padres no es discrecional ni absoluta, y de hecho está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos.
La interpretación jurídica y la ponderación que cada bando (a favor y en contra) dá, nos lleva a profundizar qué es lo que se está defendiendo o qué es lo que realmente se quiere evitar. Los Tratados Internacionales pugnan por una educación libre de prejuicios, pero también dotan a los padres de familia, la primera responsabilidad de la educación para los hijos.
La Iniciativa que se encuentra en estos momentos discutiéndose en el Congreso de Chihuahua, desglosa una serie de ejemplos de educación sexual que justificaría la aprobación del veto parental. Encontramos el siguiente: “ El libro de biología de primero de secundaria, de la Editorial Castillo, en su página 26, establece como derechos para los muchachos de esta edad, primero de secundaria:
- Derecho a poder decidir sobre la propia vida sexual
- Derecho a la privacidad e intimidad sexual
- Derecho al placer sexual
- Derecho a la libre asociación sexual
- Derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables, etc.”
Posterior a ello, contiene el argumento en contra, de quien firma, al asegurar que: “Lo anterior dicho a nuestros hijos, en primero de secundaria, a sus 11 o 12 años, se traduce de la siguiente manera: tu hijo tiene derecho al placer sexual, en pareja o de forma individual, a pesar de que a ti no te guste.”
Finalmente, considero se trata de un asunto muy debatible y con diversas aristas, ya que si bien en ocasiones podría parecer que se cae en excesos o reducciones al absurdo, la tendencia mundial nos ubica en panoramas de otros países en donde se promueve en los centros educativos la ideología de género y la separación de la identidad sexual con la naturaleza biológica, lo que atenta claramente contra la racionalidad y el individuo.
Es un tema de ponderación de prioridades como sociedad: ¿qué importa más? Que los hijos ¿crezcan con las enseñanzas morales e ideológicas de los padres? ¿Que se les prive de educación científica?
Por otra parte, la educación sexual impartida ¿realmente responderá a contenidos científicos, y no ideológicos? ¿Pueden los padres de familia, tener el tiempo necesario para tratar estos temas con sus hijos? ¿En qué hemos fallado como sociedad para la existencia de tantas familias disfuncionales, abortos, nula educación sexual, y discriminación? ¿Hasta qué punto es válido que la enseñanza en la escuela abarque los aspectos de salud en los niños y adolescentes?
¿Censura parental o una educación sin prejuicios?
Luis Carlos Casiano
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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