La Real Academia Española de la Lengua, define a la plutocracia como “Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”, y “Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado”.
Por otra parte, el termino oligarquía, está definido por la misma RAE como “Forma de gobierno en el cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario”. Podemos decir, tomando como referencia ambas definiciones, que por muchos años y en especial durante la etapa neoliberal, nuestro México vivió una forma descarada de gobierno plutocrática y oligárquica.
Y hacemos énfasis en la etapa neoliberal, porque es particularmente en esa etapa, donde la oligarquía deja de simular, y desplaza completamente a cualquier sector progresista que hubiera participado en el gobierno y que hubiera representado un balance entre los intereses del gran capital, y los intereses de las mayorías.
Y no es que la oligarquía no hubiera tenido influencia en los gobiernos desde antes, pues ya a partir del gobierno de Manuel Avila Camacho, con el retorno de los grupos conservadores, empezó un maridaje que fue poco a poco llevando a la derecha a imponer sus intereses, pero había espacio, con todo y las restricciones del sistema, para que ciudadan@s, interesados en el bienestar de sus comunidades pudieran llegar a posiciones de poder, e impulsar políticas para beneficio de la sociedad.
Con el Salinato, eso se acabó, se inició un desmantelamiento del estado mexicano que benefició solo a un muy reducido grupo de Mexican@s quienes, a su vez, se aseguraron que sus allegados, fueran estos del PRI o del PAN, se mantuvieran en el poder, eliminando, o limitando, por cualquier medio, la llegada al poder a que quien no garantizara la defensa de sus negocios y riquezas.
Parte de ese aseguramiento fueron las prebendas.
Si bien, los sueldos y beneficios para los funcionarios de primer nivel nunca fueron malos, es a partir de esta etapa, en que estos alcanzan niveles de escándalo. Memorables son, como ejemplo de estas prebendas, el finiquito de un millón doscientos mil pesos que recibiera de la CFE, Enrique Ochoa Reza, para irse a dirigir el PRI nacional; o los casos de Alejandro Murat y David Penchina quienes se auto adjudicaron bonos por más de veintidós millones uno, y nueve millones de pesos el otro, al dejar la dirección del INFONAVIT para irse a otros puestos políticos.
Para la oligarquía, esto es normal, pues como dijo uno de sus bien conocidos pilares fundamentales, “un político pobre, es un pobre político”. Y como guardianes de las riquezas y negocios de sus socios, ¿qué tiene de malo que vivan en el boato …a costa del dinero del pueblo?
Dirán los opositores, como en su momento lo dijeron del INE, ¡la Suprema Corte no se toca! Pero antes de sumarnos a su defensa revisemos algunos de sus “bien ganados” beneficios:
No vamos a decir nada de los casi trescientos mil pesos mensuales que reciben, ni de los casi seiscientos mil pesos de aguinaldo, o de los noventa y cinco mil de la prima vacacional (30 días de vacaciones al año), para que no digan que estamos atacando su nivel de vida, pero si nos preguntamos, con esos ingresos, ¿es necesario el fondo de Setecientos veinte mil pesos para comer en restaurantes de lujo? ¿o el comedor especial donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas?
¿Y que decir del presupuesto de cinco y medio millones para contratar personal?, ¿o de las dos camionetas Suburban blindadas que pueden cambiar cada dos años y que se llevan al momento de su retiro? ¿o del apoyo de veintidós mil pesos mensuales para gasolina? ¿o del pago ilimitado de casetas de peaje? ¿o de los seis celulares de alta gama para ellos y sus familiares? ¿no pueden costear eso con sus sueldos?
La respuesta es si podrían, pero no lo va hacer porque entonces, en lugar de vivir como ricos, estarían forzados a vivir como vive la clase media alta en México, con un buen nivel de vida, pero sin los lujos y derroches propios de los millonarios. ¡Ah no! Eso sí que no ¡Qué vergüenza! Y además quedaría expuestos a la tentación corruptora del gran capital, licito o ilícito, porque esa fue la justificación para los altos sueldos y beneficios que devengan.
Esa es la verdadera lucha, detrás de los enfrentamientos de la 4T con l@s ministr@s de la Corte Suprema, y est@s, como parte de la oligarquía a la que pertenecen, no van a dejar de dar la lucha para mantener vivas sus canonjías a costa del pueblo de México.
La supuesta transición del 2006, la campaña de “López Obrador es un peligro para México”, el Pacto por México, y las decisiones de la Corte en contra del paquete de reformas de López Obrador, se encuadran en la lista de estrategias para simular un estado democrático, a la vez que se asegura continuidad de esta oligarquía plutocrática.
Ese plan parecía perfecto, pero no contaba con un pequeño detalle: en el 2018, la gente saldría a votar en tal número por el señor López, que no les quedó margen de maniobra para alterar el resultado de la elección.
El cambio está en marcha, les guste o no.
Es cuánto.
José Antonio Blanco
Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001.
En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.
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