Hasta el día de hoy van 40 días en donde el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua, encabezado y dirigido por el magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos en complicidad con el juez de control Lic. Ramón Gerardo Holguín Licón han protegido a la hoy candidata del PAN María Eugenia Campos Galván.
Fue el día 16 de Abril del 2021 donde sin fundamento legal el Juez de Control del distrito judicial Morelos, Lic. Ramón Gerardo Holguín Licón tomó la decisión ilegalmente de no llevar a cabo la audiencia donde se le pretendía formular imputación por los delitos de COHECHO y USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES que tienen que ver en su administración como alcaldesa del municipio de Chihuahua, donde se le acusa de haber recibido el 10% de los pagos hechos por el municipio a cambio de contratos de obra pública otorgados a particulares, equivalente a un millón trescientos mil pesos que le fueron entregados a través de una tarjeta de crédito que se gastó en viajes, joyería, ropa, restaurantes y gastos personales.
Hay que recordar que esta es su segunda causa penal, la primera causa penal tiene que ver en su cargo como diputada local donde fue la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el congreso del estado de Chihuahua durante el periodo del 2013-2016 donde el 01 de Abril del presente año fue vinculada a proceso pues se le señala de haber recibido más de 10 millones de pesos del exgobernador Cesar Duarte para aprobar las cuentas públicas de su administración como Gobernador del Estado de Chihuahua.
En esta segunda causa penal bajo el número 3022/2020 es evidente la protección y la imparcialidad que el poder judicial del estado ha tenido con la hoy candidata a la gubernatura del presente proceso electoral.
El día 16 de Abril la audiencia de formulación de imputación fue suspendida ya que la defensa de María Eugenia Campos Galván traía consigo un amparo que fue promovido de la misma manera que promovió infinidad de amparos con la finalidad de evadir la justicia, pero a diferencia de los demás amparos, este no traía la suspensión del acto reclamado y en su resolución el juez federal no ordenaba la suspensión de la audiencia si no que las partes involucradas se pusieran de acuerdo para que tuvieran cada uno de ellos el mismo juego de copias de la carpeta de investigación que presentaba la fiscalía anticorrupción.
Ante ese razonamiento del juez federal, el tribunal de control local encabezado por el Lic. Ramón Gerardo Holguín Licón decidió no iniciar la audiencia cometiendo una grave omisión y dándole oportunidad de que la candidata del PAN no enfrentará la justicia.
Bajo esas circunstancias la fiscalía anticorrupción le solicitó al tribunal de control el día 26 de abril se fijará fecha para celebrar la audiencia inicial que había sido suspendida el 16 de abril ya que se habían subsanado la entrega de las copias del expediente completo que había preparado la fiscalía anticorrupción.
Hasta el día 03 de mayo el tribunal de control no se había pronunciado al respecto sobre la solicitud que le había hecho la fiscalía anticorrupción, siendo así la fiscalía decide interponer un recurso de queja ante el mismo tribunal de control señalando que estaba cometiendo omisiones graves al procedimiento ya que sin razón alguna ni fundamento legal no se había fijado nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial.
En días posteriores la fiscalía anticorrupción decide volver a solicitar se fije fecha para la audiencia inicial ya que no existía ningún motivo para que esta no se llevar a cabo y recibe una gran sorpresa e ilegal acuerdo ya que el tribunal superior de justicia a través del juez de control deciden emitir un acuerdo ante la solicitud de la fiscalía anticorrupción donde manifiesta y acuerda que la audiencia no puede ser llevada a cabo ya que existe un recurso de queja en contra del juzgador que cometió varias omisiones por no llevar a cabo la audiencia inicial y no volver a citar para que se le formulará imputación a María Eugenia Campos Galván.
Ante todas estas actuaciones de la fiscalía anticorrupción y los ilegales acuerdos del tribunal superior de justicia es imposible dejar de advertir que existe una gran alianza entre quien encabeza esta institución que es el Magistrado Presidente Pablo Héctor González Villalobos, el juez de control el Lic. Ramón Gerardo Holguin Licon, los abogados de María Eugenia Campos Galván y la propia indiciada.
Hasta el día de hoy seguimos sin saber cuándo volverán a citar a Maru Campos para enfrentar la justicia donde se ha dicho en muchas ocasiones que esta investigación que realizó la fiscalía anticorrupción es una investigación mejor hecha que la anterior donde ya fue vinculada a proceso, tal vez por eso la protección del presidente Pablo Héctor González Villalobos, es probable que se hayan dado cuenta que la hoy candidata del PAN tenga los días contados para perder su libertad y esperamos el presidente dignifique el trabajo y la impartición de justicia en nuestro estado y deje de proteger a sus amigos de color azul.
Román Alcantar Alvídrez
Abogado electoral convencido de que en chihuahua el pueblo manda.
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