En febrero del presente año, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión 20 reformas Constitucionales, entre ellas la reforma al poder Judicial. Desde el inicio del sexenio, López Obrador, como presidente de México, envió mensajes respetuosos al poder judicial, sobre la importancia de reformarse, y que los mismos integrantes de este poder lo tenían que realizar. Pero, este mensaje nunca se escuchó, y nunca tuvieron la iniciativa de reformarse desde adentro. Con el tiempo, fue claro que el poder judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvía casi siempre a favor de grupos de intereses creados.

Reformas importantes que habían sido aprobadas por mayoría, por ejemplo, la Ley de la Industria Eléctrica en el Congreso de la Unión; la SCJN la declaró inconstitucional. La razón que expusieron es que los cambios legales vulnerarían los principios de competencia y libre concurrencia. Es decir, la Corte protegió a empresas privadas y extranjeras por encima de la empresa nacional CFE, desestimando que la mayoría de las y los diputados en el Congreso de la Unión hubieran aprobado esta importante iniciativa de ley, para proteger la generación y distribución de energía eléctrica y su preponderancia y de esta forma proteger la soberanía energética de México. Y de esta forma, la SCJN se paso el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, declarando inconstitucionales diversas iniciativas. Es claro que la SCJN, estuvo alineada a la estrategia política de la derecha y los partidos que la representan. Los partidos como el PAN, PRI y PRD, declarándose en veda legislativa y la SCJN revirtiendo las reformas declarándolas inconstitucionales.

Y recientemente, el poder judicial encabezado por la ministra Norma Piña presidenta de la Corte, aceptó un recurso para revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional del poder judicial; si, parece un pleonasmo. Increíble que se haya aceptado a revisión el recurso, siendo los ministros los garantes de la constitución. Lo que quieren revisar los ministros es la constitucionalidad de la propia constitución, es un grave error el que cometieron.

Esperemos que recapaciten, y que ahora que parece haber un acercamiento con la Corte, de plano desechen el recurso de inconstitucionalidad por claramente improcedente. La Constitución es vigente, y debe ser respetada. Y esto significa que los ministros, magistrados y jueces serán electos por el voto popular de las y los mexicanos.

En este sentido, el senado de la república emitirá la convocatoria general a los 3 poderes de la Unión para integrar el listado de candidaturas. El proceso se realizará en 10 etapas, aquí las expongo.

1. La ciudadanía tiene derecho a participar en igualdad de condiciones. Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos.
2. Cada poder de la Unión instalará un Comité de Evaluación. Estarán conformados por cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica observando la paridad de género.
3. Los comités publicarán dentro de los quince días naturales posteriores a su integración las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.
4. Concluido el plazo para inscribirse en la convocatoria, los comités publicarán la lista de las personas aspirantes que hayan reunido los requisitos constitucionales de elegibilidad.
5. Los Comités procederán a calificar la idoneidad de los perfiles para desempañar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califiquen más idóneas, a efecto de evaluar su competencia y sus conocimientos técnicos.
6. Las y los aspirantes podrán participar de manera simultanea en dos o más convocatorias emitidas por otros Poderes de la Unión por el mismo cargo y circuito judicial.
7. Los comités seleccionarán los perfiles mejor evaluados en una proporción de 10 por cada cargo a ministro, magistrado electoral y magistrado del tribunal de disciplina judicial. _Y de 6 por cada cargo a magistrados colegiados de circuito y jueces de distrito. Una vez concluido remitirán los listados correspondientes a cada Poder de la Unión para que determinen su conformidad.
8. Una vez que los Poderes determinen su conformidad sobre los listados de las personas finalistas, serán devueltos a los comités respectivos para que, mediante insaculación pública, salgan como finalistas. Serán 3 por cada cargo a ministro, magistrado electoral y magistrado del tribunal de disciplina judicial. Y 2 por cada cargo a magistrados colegiados de circuito y jueces de distrito.
9. Los listados depurados serán aprobados por los Poderes de la Unión y remitidos al Senado de la República a más tardar el 1ro de febrero de 2025. Las autoridades que no remitan postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva estarán impedidas para hacerlo posteriormente.

• El Senado de la República integrará a los listados a las personas juzgadoras que están en funciones, exceptuando a aquellas que hayan manifestado ante órgano legislativo la declinación de su candidatura dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la convocatoria y a quienes hayan sido postuladas para un cargo o circuito judicial diferente al que ocupen.

De esta forma, el INE iniciará el procedimiento para la votación de los juzgadores del poder judicial, por las y los Mexicanos.

Leticia Ortega Máynez

Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.

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