El derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar es el resultado de una combinación de diferentes derechos y principios asociados a la intrínseca libertad de la persona a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones.
La base de este derecho se encuentra en la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva.
El derecho a decidir supone la eliminación de los estereotipos de género que se asignan a la mujer o a la persona con capacidad de gestar en relación con el disfrute de su sexualidad y pretende disociar el constructo social tradicional creado en torno al binomio mujer-madre.
La maternidad no es destino, sino una acción que debe ejercerse a plenitud, por lo que requiere ser producto de una decisión voluntaria. Lo he mencionado en múltiples ocasiones, las mujeres luchamos por el derecho a decidir, decidir si queremos o no ser madres, decidir si queremos o no formar una familia, porque el ser mujer no significa ser madre como destino. El hecho de que biológicamente las mujeres estén posibilitadas para la gestación, no significa que la maternidad forzosamente deba ocurrir, especialmente en el caso de niñas y adolescentes, cuyos cuerpos todavía se encuentran en desarrollo y cuyas condiciones psicosociales, educativas y laborales posiblemente no son las idóneas para el cuidado y crianza de las hijas e hijos.
El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoció que las vulneraciones contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la continuación forzada de un embarazo, la tipificación del delito de aborto, la denegación o postergación de un aborto, así como la negativa de brindar atención posterior a éste, constituyen formas de violencia de género que pueden llegar a constituir tratos, crueles, inhumanos y degradantes.
El tema del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, de manera objetiva, científica, laica y con perspectiva de género; dejando atrás creencias religiosas, espirituales o la postura de corte paternalista, que apoye la idea de que las mujeres o las personas con capacidad de gestar necesitan ser “protegidas” de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida o su salud sexual y reproductiva, pues esa postura conlleva la desconsideración de que las mujeres somos seres racionales, individuales y autónomos, plenamente conscientes de las decisiones que, conforme a nuestro proyecto de vida, son las que se consideran más convenientes.
La titularidad del derecho a decidir, continuar o interrumpir un embarazo, y la posibilidad de acceder libremente a un procedimiento para ello le corresponde exclusivamente a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Debe reconocerse que la mujer es un ser autónomo, independiente y responsable de sus elecciones y decisiones, y tiene la capacidad para optar por lo que más se apegue a su proyecto de vida y a su bienestar integral.
El 6 de septiembre del 2023 ha quedado marcado como un día histórico para la lucha de los derechos de las mujeres en México. La Primera Sala de la SCJN, resolvió el amparo en revisión 267/2023 y declaró por unanimidad la invalidez de los artículos del Código Penal Federal, referentes al tipo penal de aborto por considerar que su contenido viola diversos derechos humanos de mujeres y personas gestantes previstos en la Constitución Federal.
En 2021, la Corte dictaminó por primera vez que penalizar el aborto era inconstitucional, y dicha sentencia, aunque tiene efectos únicamente para el Estado de Coahuila, abrió las puertas para que los Congresos Locales modificaran sus códigos penales.
Hasta el momento, en 12 de las 32 entidades del país ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, sin necesidad de que se justifique la decisión. Es por esto, que, ante la resistencia del resto de los Congresos Locales de reconocer los derechos reproductivos de las mujeres, incluido el Congreso del Estado de Chihuahua, los colectivos de mujeres continuaron buscando alternativas y estrategias jurídicas para el acceso a abortos seguros en todo el país y finalmente, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) lo consiguió con este amparo.
Ahora las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán llevar a cabo la interrupción del embarazo, si así lo desean, de manera legal y en condiciones dignas, en cualquier institución pública de salud federal y no serán criminalizadas por dicha decisión, ni tampoco el personal de salud que realice el procedimiento.
Este es el resultado del trabajo que colectivos de mujeres para que se deje de castigar el aborto, para que no se tenga que recurrir a la clandestinidad y que una mujer no tenga que ir a la cárcel por el motivo de decidir interrumpir su embarazo.
Se lucha por el derecho a vivir una vida libre de violencias. Criminalizar el aborto por supuesto que es una violencia directa a las mujeres, que son socialmente señaladas y estigmatizadas por los sectores conservadores de la sociedad. El objetivo es disminuir a cero los abortos inseguros y que cada mujer, niña y adolescente, tenga el derecho y la capacidad de determinar su propia sexualidad y su salud reproductiva.
El derecho penal no debe involucrar, ni en su construcción ni en su uso, corrientes o posturas ideológicas de orden moral en relación con la interrupción del embarazo, pues se trata estrictamente de un tema de derechos humanos y de protección de bienes constitucionalmente definidos dentro de un Estado laico y democrático.
En marzo del 2022 presenté una iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo aquí en Chihuahua, iniciativa que, hasta el momento, sigue congelada en las comisiones unidas de Justicia e Igualdad. Sin embargo, con esta resolución de la corte cada vez más se acerca el poder garantizar todos los derechos a las mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestra legislación estatal.
Con esta resolución se avanza en la igualdad, la dignidad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
#Porelderechoadecidir
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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