El paquete de reformas constitucionales que enviará el presidente de México al poder legislativo este 5 de febrero implica, entre otras cosas, una simbólica embestida dirigida a confeccionar en lo posible, una plataforma política que resista y avance en la ávida consolidación de su movimiento político y social.
Manifestando el deseo de devolver el “espíritu de Justicia Social” a la Constitución, el presidente López Obrador ha anunciado una batería de reformas a 36 artículos de la Carta Magna del país. Esto, según él, para revertir el saqueo legalizado durante los 36 años del periodo neoliberal.
De las propuestas de modificación a la ley suprema de la Nación no todas son novedosas; resumen en parte, las negativas de la oposición política y social al Ejecutivo federal para en la práctica desactivar los controles que permiten los equilibrios mínimos del sistema político.
Entre los planteamientos del Ejecutivo se encuentran el reducir el porcentaje de participación para hacer vinculante la revocación de mandato al 30%, la elección popular de jueces y magistrados, la elección popular de los consejeros del INE, eliminación de diputados plurinominales, reducción de prerrogativas a los partidos políticos, desaparición de organismos electorales locales y de organismos constitucionales autónomos, la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, protección de salarios y pensiones, apoyos para personas con discapacidad, defensa de los pueblos originarios, más lo que se agregue.
Sin duda, las iniciativas de reformas presidenciales anunciadas para su presentación al congreso y, mucho más importante para su promotor, para comunicarlas a la población en el día de la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917; vienen a ser parte fundamental del mensaje político para la campaña presidencial.
El trasfondo electoral es más que obvio, sobre todo conociendo “el estilo personal de gobernar” del de Macuspana.
Se sabe que dichas reformas no pasarán; si acaso algunas de ellas, muy difícilmente.
No cuenta la coalición de partidos oficialistas con los números necesarios para hacer los cambios constitucionales propuestos, pero el debate que implica un eventual proceso legislativo y el peso del púlpito presidencial, servirá para marcar la narrativa de campaña (la narrativa presidencial) que divide a “los que están con el pueblo bueno” de los “vende patrias neoliberales”.
Mientras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila revisar algunas reformas a leyes aprobadas vía “fast track” por el oficialismo en el llamado viernes negro de abril de 2023. Las controversias constitucionales interpuestas por la oposición probablemente tendrán éxito en algunos casos.
El primer mandatario tiene previsto enviar al histórico Teatro de la República de Querétaro a una representante para la ceremonia oficial por el aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. Su ausencia, ante el anuncio de las reformas, indica un desdén hacia los otros poderes y mandatarios estatales.
Es así que MORENA y aliados se aprestan para acusar a la oposición, por ejemplo, de conservar los privilegios de las castas doradas del Poder Judicial y órganos autónomos; entes que funcionan, según la lógica oficialista, fundamentalmente en beneficio de intereses oligárquicos.
Y así, la andanada de reproches seguirá en el orden que se bateen las reformas. La dañina polarización política dirigida a la población de nueva cuenta será un componente importante en la disputa electoral.
El éxito del Plan C del presidente que buscaría una mayoría calificada para MORENA en las elecciones para el Congreso de la Unión se ve lejano a pesar de los estables y altos niveles de aprobación a su figura.
Lo anterior se debe a que México no tiene una sociedad homogénea, hoy el crisol cultural del país impide la instauración, de ser la intención, de un régimen tiránico. Ni siquiera al interior de MORENA existe, afortunadamente, una visión única de Nación.
La República juarista del siglo XIX ha tenido la virtud de heredar al México actual los ropajes liberales de nuestra forma de gobierno. Tanto que la Revolución maderista de 1910 solicitaba el sufragio efectivo y la no reelección, no la demolición del sistema político, fortalecido con la Constitución de 1917.
Nadie podrá negar la necesidad de legislar a favor de la Justicia Social, ojalá que nuestros representantes populares eleven el debate en pos de beneficiar a las mayorías que padecen raquíticas pensiones para el retiro; o de proteger constitucionalmente los salarios dignos, a las personas con discapacidad y a los pueblos originarios.
Sin embargo, es igual de necesario el preservar y en su caso corregir, pero preservando, a las instituciones que forman la República, cuyo socavamiento implicaría mayores sobresaltos (aún mayores) para la Paz social que todos debemos perseguir.
México es plural, la República necesita de todos.
“El rico y el pobre se encuentran, a los dos los hizo Yahveh”.
(Proverbios 22:2)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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