El encarcelamiento de José Manuel Mireles se inserta en el rejuego entre delincuencia organizada, sociedad movilizada y Estado.
El trasfondo de todo es la expansión del crimen organizado que surge por realidades geopolíticas, desigualdades económicas y las fisuras de un Estado que se distingue por corrupto e ineficaz. Michoacán llegó al límite por la brutalidad y voracidad de los Caballeros Templarios.
Ubiquemos, como segunda vertiente, a las autodefensas. Cuando se recorre la historia de la criminalidad en la cuenca del Caribe, Michoacán destaca porque sólo ahí hubo un levantamiento armado para enfrentarse a los delincuentes. En ese fenómeno inédito se encuentra Mireles, un líder social con carisma y gran capacidad para comunicar mensajes. Fue vocero e interlocutor hasta que, al inicio de este año, un accidente aéreo lo sacó de la jugada, mientras Excélsior difundía esa parte oscura de su biografía (estuvo preso por tráfico de drogas) que el doctor insistía en negar.
Reaparece en febrero y se acentúa el distanciamiento con otros líderes y con el poderoso comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Envolviéndose en la bandera de la autonomía, califica de “teatro” el acuerdo entre el gobierno federal y las autodefensas y critica una y otra vez al comisionado peñanietista. Mireles elevó la apuesta y hace unos días encabezó a un grupo de 300 elementos, tomó un poblado estratégico y anunció: “queremos entrar a Lázaro Cárdenas y luego queremos irnos a Morelia”. El gobierno respondió a la provocación al estilo mexiquense.
Cuando Enrique Peña Nieto ve desafiada su autoridad responde con dureza extrema y mientras más grande es la resistencia, mayor es el maltrato. Elba Esther Gordillo se rebeló pero al momento de pisar la cárcel depositó en el clóset su alma “guerrera” y la tratan bien. Mireles tiene más similitudes con el caso Atenco donde, en 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó a la autoridad. Peña Nieto era gobernador y ordenó un asalto violentísimo, y al principal líder, Ignacio del Valle, le impusieron ¡112 años de prisión! Seguiría tras las rejas de no ser por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó, en 2010, su liberación y la de 11 personas más porque “se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes” y “no tuvieron acceso a un debido proceso”. El ministro Juan Silva Meza lo puso como ejemplo de “la criminalización de la protesta social”.
A Mireles y sus autodefensas les aplican el mismo guión. Alfredo Castillo declaró que Mireles fue detenido por portar armas prohibidas y tener “cuatro bolsas con mariguana [y una con] coca
ína”. Hasta ahora no han proporcionado ninguna imagen en la cual se vea a Mireles armado, y el auto de formal prisión, me asegura la abogada defensora, rebaja la importancia de la droga: habla de tres “bolsitas pequeñas” de mariguana y una “bolsita pequeña de un polvo que parece cocaína” menor de un gramo.
El revanchismo y la intención de quebrar la voluntad de Mireles se observa en la decisión de enviarlo a Hermosillo cuando Puente Grande, Jalisco, tiene un Cefereso de categoría. Para humillarlo, parece, le tumbaron cabellera y bigote. El jurista Miguel Sarre me comenta que debe justificarse el traslado a tan lejanas tierras porque “afecta su derecho a un debido proceso” y que el “corte de cabello es una violación a los derechos de la personalidad” y una forma de “denigrar a quien goza de la presunción de inocencia”. Este domingo Proceso publica fragmentos de un libro de José Reveles, quien asegura que Joaquín El Chapo Guzmán sigue con pelo. De confirmarse, el gobierno de Peña Nieto trata mejor al jefe de un cártel que a un líder popular.
En esta historia inacabada el gobierno federal está perdiendo la batalla de las percepciones. Después de leer las opiniones aparecidas en la prensa capitalina es claro que, aun aquellos que resaltan la parte oscura de la biografía de Mireles o le critican el anuncio de marchar a Lázaro Cárdenas y Morelia, aceptan que él y su gente son víctimas de un gobierno que aplica selectivamente la ley.
¡Qué paradoja! Hasta hace unos días Mireles era un personaje marginal que deambulaba por el Michoacán de la política y las autodefensas. Al enviarlo a Sonora el gobierno lo transforma en un referente cuyo renacer u ocaso ya no dependerá de legalidades, sino de muchos otros acontecimientos. Por el momento, y parafraseando a Miguel de Unamuno, encarcelarán, pero no convencerán. A Mireles ya lo convirtieron en preso político.
Colaboró Maura Roldán Álvarez.
Sergio Aguayo Q
Académico, escritor, columnista, politólogo y promotor de los derechos humanos y la democracia.
Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Escritor de docenas de libros y artículos académicos. Reconocido columnista publicando su trabajo semanal en Reforma y 13 periódicos del país entre ellos Juárez a Diario. Politólogo y promotor de los derechos humanos y la democracia. Ha sido, presidente del Consejo Directivo de Fundar, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos e integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica. Preside actualmente Propuesta Cívica. Por su trabajo ha recibido reconocimientos en México y el extranjero.
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