Las recientes decisiones de los legisladores prianistas en Chihuahua (y sus satélites de MC, PT y Partido Verde) dejan en claro, una vez más, que su prioridad no es el bienestar del pueblo sino la protección de los privilegios de unos cuantos.
La aprobación de una reforma que garantiza pensiones vitalicias a jueces y magistrados, incluso a aquellos que llevan apenas semanas en sus cargos, es una muestra del desprecio que tienen por la justicia y por los recursos públicos.
En un acto que confirma la falta de compromiso con la justicia y la equidad, las fracciones del PAN, PRI, MC, Partido Verde y PT en el Congreso del Estado aprobaron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua que otorga privilegios desmedidos en materia de jubilaciones y retiros anticipados a jueces y magistrados, decisión que no solo compromete las finanzas públicas, sino que perpetúa un sistema en el que una élite sigue beneficiándose a costa de las mayorías.
Desde su designación, muchos de estos jueces y magistrados han sido producto de arreglos políticos y cuotas de poder, impuestos por administraciones y legislaturas cómplices que han hecho del Poder Judicial un espacio de protección para intereses particulares. Nunca en la historia reciente los prianistas y sus cómplices actuaron con el objetivo de garantizar un sistema judicial basado en la imparcialidad y la meritocracia; estas reformas consolidan una casta privilegiada, blindándola con beneficios que no responden a criterios de justicia, sino a la conveniencia de quienes han sabido jugar con el poder.
La reforma, aprobada sin el respaldo de los diputados de Morena, representa una traición al pueblo de Chihuahua, ya que garantiza a un grupo selecto condiciones de retiro que no corresponden con la realidad del resto de los servidores públicos ni de la ciudadanía en general. Mientras jueces y magistrados son beneficiados con jubilaciones anticipadas y montos desproporcionados, el resto de la sociedad enfrenta condiciones laborales precarias y sistemas de pensiones en crisis.
Para que ir más lejos, mientras los trabajadores del gobierno sufren recortes, enfrentan problemas para acceder a servicios médicos y ven disminuidas sus pensiones, los prianistas blindan a sus amigos y aliados en el Poder Judicial, al tiempo que la crisis en Pensiones Civiles del Estado se profundiza en perjuicio de decenas de miles de chihuahuenses.
Resulta inaceptable que los partidos PAN, PRI, MC, Partido Verde y PT sigan apostando por proteger a una élite que ha sido favorecida desde su llegada al Poder Judicial, en lugar de velar por reformas que realmente fortalezcan la independencia y la transparencia en la impartición de justicia. Esta decisión evidencia que, para algunos legisladores, los intereses de unos pocos pesan más que el bienestar de Chihuahua.
A pesar de que los ciudadanos están cada vez más conscientes de estos abusos, a los legisladores del PAN y el PRI les importó poco. Actúan con la misma lógica de siempre: proteger a sus aliados, blindar a las élites y cargarle la factura al pueblo. Pero lo que no entienden es que su tiempo se acaba. Cada decisión como esta es un golpe más a su credibilidad y un clavo más en el ataúd de un sistema que los mexicanos rechazan cada día con más fuerza.
La gente en Chihuahua, como ha ocurrido en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, ya no está dispuesta a tolerar un sistema judicial convertido en un refugio de privilegios para unos cuantos, mientras el resto de los chihuahuenses enfrenta una justicia lenta, costosa y muchas veces parcial.
Los prianistas están cavando su propia tumba política, aferrándose a un modelo que ya no tiene cabida en un país que exige verdadera transformación. Chihuahua dejará de ser el último reducto del viejo sistema de corrupción y privilegios.
Pedro Torres
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