El sistema penitenciario generalmente es visto como el último eslabón en la procuración y administración de la Justicia Penal, su funcionamiento implica mayor o menor Paz y Seguridad en las comunidades, es también un componente esencial sin el cual no es posible tener una política pública exitosa en materia de Seguridad Ciudadana.
Históricamente olvidadas, las cárceles mexicanas representan las más sentidas fallas de la sociedad y de la impartición de Justicia. La vida lleva a muchos a prisión, un lugar al que con sus particulares características nadie está preparado para ingresar, donde habitualmente se respira la incertidumbre y el dolor.
Ni están todos los que deben ni deben estar todos los que están. Un punto fundamental en nuestro sistema de Justicia es el de acortar la brecha del acceso a medios efectivos de procuración de justicia y de defensa penal entre quienes tienen capacidad económica y quienes no la tienen.
La Justicia pronta y expedita, en nuestro país es muchas, muchas veces la excepción y no la regla; esto quiere decir que gozar de tal prerrogativa dependerá en mayor parte de los recursos económicos o relaciones personales con los que cuente determinado individuo. Vemos también que, en muchos, muchos casos el debido proceso se hace valer para unos y no para todos.
En el caso del sistema penitenciario, de acuerdo a la última encuesta elaborada por el INEGI en la materia, al cierre del 2023 se encontraban 233,277 personas privadas de la libertad en centros de internamiento estatales, federales o especializados en menores; de estas un 37.3% no contaba con una sentencia.
En suma, tenemos que en México al menos unas 87,000 personas llevan su proceso penal privadas de la libertad, medida cautelar que en su aplicación oficiosa ya es objeto de controversia y de firme desaprobación por parte de organismos especializados internacionales.
Y es que, ante la muy insuficiente inversión en capital humano y equipamiento a los servicios periciales, de las policías investigadoras o de primer contacto y de agentes del ministerio público; una forma en que el Estado mexicano trata de contener el desbordamiento de delitos es (y no de ahora), a través del abuso de la prisión preventiva.
El mismo ejercicio estadístico del INEGI da cuenta de que el delito con mayor número de población privada de la libertad es el de robo, con 107,236 personas procesadas o sentenciadas. Un 46% del total de las personas recluidas en el país.
Si bien, la ocurrencia del robo es mayor a la de otros delitos, el dato en comento nos habla de que en general, el sistema penitenciario está presumiblemente poblado en mayor parte por las clases socioeconómicas bajas. Lo que refuerza la hipótesis de un sistema de Justicia parcial.
En consecuencia, la criminalidad tiende a incrementarse en las comunidades dado que gran parte del sistema penitenciario carece de la gobernabilidad que en teoría debe ejercer el Estado en base a la Ley de Ejecución Penal y de que en los centros de “reinserción social” persisten dinámicas oscuras.
Está demostrado que una efectiva administración de prisiones por parte del Estado repercute en la mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y esto solo es posible cuando se impone el respeto a la legalidad sin distinciones al interior de las penitenciarías. Por el contrario, la ingobernabilidad de las cárceles se traduce en la reproducción y diversificación del delito.
En la para muchos casi utópica búsqueda de la reinserción social; la cual se basa en el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, la educación y el deporte; falta mucho por hacer, pues a la gobernabilidad debieran seguir programas bien presupuestados en esos tópicos dentro de las prisiones mexicanas.
Además de lo anterior, no existen suficientes datos disponibles sobre un adecuado seguimiento a los servicios pos penales, donde se cumpla con la función del Estado y de la sociedad en cuanto a procurar que el individuo no vuelva a delinquir.
La Paz y la Seguridad no es posible en las comunidades si no se atiende la labor penitenciaria, basada en la profesionalización de carrera, en la técnica y en la interdisciplinariedad. Debemos también como sociedad reintegrar a quienes vuelven al buen camino, así como crear y demandar las condiciones para que quien delinque no reincida.
“estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a verme.”
(Mateo 25:36)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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