Por más de una década, el FOPROCINE (Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad) y el FIDECINE (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine), fueron dos instituciones que desempeñaron un papel crucial en el financiamiento y apoyo a la producción cinematográfica en México.
Ambas instancias eran el mecanismo previsto en la ley para dicho propósito, hasta el año 2020, cuando FOCINE (Fomento al Cine Mexicano) sustituyó a ambos fideicomisos. Entre los principales objetivos de FOCINE están el apoyar a la conservación y preservación de acervos cinematográficos, así como estimular el “cine de calidad, diverso, plural, incluyente, con igualdad de género y responsable con el entorno”.
Sin embargo, a partir de un juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la extinción de FIDECINE y ordenó al Congreso de la Unión subsanar las deficiencias de la Ley Federal de Cinematografía, antes del 15 de diciembre de 2023, lo cual no ha ocurrido.
Posteriormente, derivado de otro juicio de amparo, el 13 de marzo de 2024, la SCJN declaró inconstitucional la extinción de dicho fideicomiso. Entre las principales razones de esta decisión se encuentran la violación al principio de no regresividad en materia de derecho a la cultura en sus vertientes presupuestaria y jurídico-cultural. Este principio tutela el derecho humano a la cultura protegido por nuestra Constitución Política.
Los datos anteriores dan contexto, en términos generales, a la discusión que recientemente tuvo lugar en el Senado de la República, para reformar la Ley Federal de Cinematografía, con la adición de diversos artículos relacionados con la cinematografía nacional.
En particular, se propone incluir a la promoción de la industria cinematográfica como un objeto de la Ley y que sea la Secretaría de Cultura quien ejecute el programa de fomento y promoción permanente de este actividad.
Además, con esta reforma legislativa se busca dar cumplimiento a la determinación de la SCJN en lo que respecta a la obligación del Congreso de la Unión de cumplir cabalmente con el artículo 4 constitucional. Cabe recordar que este amplísimo artículo establece, en una de sus partes, el derecho de toda persona “al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”.
En un contexto nacional marcado por la coyuntura política-electoral, es importante reflexionar y centrar nuestra atención en temas como la cultura y la necesidad de fortalecerla en sus diversas expresiones.
Sin duda, el cine mexicano ha ocupado un papel preponderante en la historia contemporánea de México. Desde principios de la década de los 40, cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordenó que las salas de exhibición programaran también películas mexicanas y no solamente extranjeras, han habido diversos momentos de gran impulso para este arte, por parte del Estado Mexicano. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, los buenos momentos del cine mexicano han quedado como un recuerdo lejano, ante una tendencia marcada por la disminución de apoyos financieros a la producción cinematográfica.
Además de atender a una resolución de la SCJN, esta discusión legislativa es importante, porque nos recuerda que la cinematografía tiene efectos multiplicadores en la sociedad, en los ámbitos económico, educativo e informativo entre otros. Y también es relevante porque nos recuerda que el cine como cultura, es una forma de expresar la identidad, los valores, las tradiciones y la forma de vernos a nosotros mismos y hacia el exterior.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
