La protección de los derechos de los niños migrantes es un imperativo moral y legal que refleja los valores más fundamentales de nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales, la explotación infantil sigue siendo una realidad desgarradora, especialmente para aquellos niños que han dejado sus hogares en busca de una vida mejor. Ver a menores en las calles trabajando en condiciones inhumanas no solo es una violación de sus derechos, sino un recordatorio constante de nuestra deuda con ellos como sociedad.
En México, los niños migrantes enfrentan una doble vulnerabilidad: por un lado, su condición de menores de edad, y por otro, las dificultades asociadas a su estatus migratorio. Aunque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con la Constitución y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, les otorgan protección, la implementación efectiva de estas normas sigue siendo un desafío.
La legislación mexicana establece claramente que los menores de 15 años no pueden trabajar bajo ninguna circunstancia y que aquellos entre 15 y 17 años solo pueden hacerlo en condiciones que garanticen su seguridad y desarrollo integral. Sin embargo, la realidad en las calles cuenta una historia distinta. Niños vendiendo dulces, limpiando parabrisas o desempeñando trabajos agotadores son una estampa cotidiana en muchas ciudades, lo que evidencia una falla estructural en la protección de sus derechos.
Ante esta problemática, es crucial denunciar el trabajo infantil y tomar medidas inmediatas para salvaguardar a estos menores. Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organismos internacionales como UNICEF son instancias que trabajan en la protección de estos niños. Sin embargo, la efectividad de estas instituciones depende de la colaboración ciudadana y la asignación adecuada de recursos por parte del gobierno.
El impacto del trabajo infantil en los niños migrantes es devastador. Les roba su infancia, impide su acceso a la educación y los expone a riesgos físicos y emocionales. Pero el daño no es solo individual; la explotación infantil perpetúa ciclos de pobreza y exclusión, afectando el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Como sociedad, tenemos la obligación de erradicar estas prácticas y garantizar que cada niño, independientemente de su origen o situación migratoria, tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro y digno. Proteger a los niños migrantes es proteger el futuro, pues cada uno de ellos tiene el potencial de contribuir al bienestar colectivo si se les da la oportunidad de desarrollarse plenamente.
Es desgarrador verlos en las calles, sometidos a condiciones que ningún ser humano debería enfrentar, y más aún siendo niños. Pero más que lamentarnos, debemos actuar: denunciar, exigir políticas públicas efectivas y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar los derechos de la infancia. Solo así podremos aspirar a un país verdaderamente justo e inclusivo, donde ningún niño tenga que trabajar para sobrevivir, sino que todos puedan soñar y construir un futuro mejor.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
