Justamente hoy —9 de agosto— se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como una reivindicación del acuerdo internacional hacia la protección de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones indígenas. En México el INEGI ha contabilizado 23.2 millones de personas que se identifican como indígenas, representando el 19.8 de la población total, de los cuales más de 10 millones hablan una lengua indígena. Solo en Oaxaca el estado con mayor diversidad étnica y lingüística con 15 de los 68 etnias de todo el País, hay 1.3 millones de personas indígenas, el 58 por ciento de la población estatal.
La unanimidad en torno a la necesidad de reconocimiento de los pueblos originarios, así como el respaldo de las organizaciones internacionales, derivó en la adecuación de los marcos jurídicos nacionales y los textos constitucionales de diferentes países. México lo hizo en 2021 tanto en la Constitución como en la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas –entidades como Oaxaca se habían anticipado desde 1998 en estas reformas, en el marco de la esfera de competencia local. Destaco la actividad de personajes como Armando Labra, Gustavo Esteva y Salomon Nahmad, así como Ana Luisa Ramirez, siendo gobernador Diodoro Carrasco.
Cabe destacar la Ley de Pueblos Indígenas de Oaxaca, entidad cuya población es mayoritariamente indígena, que cuenta con figuras como el Tequio única, que evidencia el nivel cultural que esta entidad tiene.
Sobre este consenso, es posible definir que la base mínima de derechos reconocidos y relacionados con los pueblos originarios son: su integración plena al reconocer la composición de naciones pluriculturales; sus derechos a la cultura, la identidad, la conservación de idioma, a la educación; y el derecho a mantener sus instituciones, tradiciones y la promoción de su desarrollo.
El reto es mayúsculo si se consideran las variables de la cantidad de población y la diversidad de los pueblos indígenas. A propósito, de acuerdo con datos de la ONU, en el mundo existen más de 5 mil grupos distintos que habitan en 90 países diferentes que hablan alguna de las 7 mil lenguas identificadas. En total, la población de pueblos indígenas asciende a más de 476 millones de personas en el mundo. Por tanto, su organización y escucha corresponde a los gobiernos nacionales con la consideración de tales condiciones que impiden su atención como un grupo homogéneo y, más bien, apunta en la dirección de la autonomía y la libre determinación bajo un marco constitucional compartido.
La discusión sobre cuáles son los mecanismos más eficaces para la gestión de los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas, está en desarrollo. El reconocimiento de sus propias formas de organización se encuentra relacionado con la búsqueda de eficacia y estabilidad. Sin embargo, no implica que los pueblos originarios estén fuera de las dinámicas de la población en general, aspectos que han sido revisados en sus incidencias en las diferentes auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación en orden al cumplimiento y eficacia de los programas públicos y las asignaciones presupuestales.
Gran tiempo para fortalecer el reconocimiento a la pluralidad.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
