El momento en el que Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, es detenido en Culiacán quedó grabado en imágenes de video difundidas este miércoles 30 de octubre, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No se preocupe, señora, no somos delincuentes”, se escucha decir a uno de los uniformados federales a la mujer que sale antes que Ovidio.
“Diles que paren todo”, “Hey Ovidio, páralo por favor”, piden otros elementos de las fuerzas federales al hijo del Chapo.
Nos informaron que el saldo de aquella jornada fue de ocho personas muertas, uno de ellos agente de la Guardia Nacional. Además de 19 elementos heridos (de policías estatales, municipal y de Guardia Nacional), uno de ellos con una pierna amputada.
Tres días antes, el 14 de octubre, en el municipio de Aguililla, Michoacán, 13 policías estatales fueron asesinados en una emboscada atribuida por las autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación.
No dejo de pensar, luego de conocerse públicamente ambos episodios, cómo le hacen desde los cuartos de guerra los altos mandos para dirigirse a la tropa, a la que se enfrenta de verdad a los criminales, la que aguanta horas en condiciones extremas, la que recibe pagos ínfimos en comparación con los de los superiores.
Desde estas líneas no pretendo hacer apología sobre la labor policial (lamentablemente ejercida en México también por los militares). No se trata de olvidar que policías de todos los niveles, marinos y militares han sido violadores sistemáticos de derechos humanos. No merecen ni las instituciones ni sus elementos un retrato heroico: mal han hecho su trabajo para garantizar la seguridad pública.
En innumerables veces se ha exhibido su corrupción al ser ellos, los elementos de seguridad, quienes organizan el crimen. Secuestros, violaciones, asesinatos, torturas, desaparición como solo algunos de los delitos que cometen y que frecuentemente quedan sin castigar, como se ha documentado ampliamente en juicios y recomendaciones de derechos humanos.
Señalar que se han convertido en el problema no impide preguntarme ¿con qué cara se le puede pedir a la tropa que le entre al combate al narco cuando el propio Estado “se precipita” y les pone en riesgo mal calculado, como lo ha dicho el secretario Alfonso Durazo?
En Ciudad Juárez, por ejemplo, se han documentado las terribles condiciones en que la Guardia Nacional llegó para apostarse en la frontera con Estados Unidos. No es únicamente que no tengan instalaciones o equipos adecuados, es que ni agua tienen los elementos de la Guardia que en cada turno se guarecen como pueden de las extremas temperaturas desérticas.
En las imágenes de la detención de Ovidio son los uniformados los que piden calma, son ellos los que le piden al presunto narcotraficante que vía telefónica calme la situación en la ciudad (a lo lejos se oyen los disparos). Cómo contrastan estas respetuosas peticiones con la manera en que ellos mismos, militares y policías federales, detienen, amenazan, insultan, roban, golpean, por decir lo mínimo. Aquí un ejemplo de militares y estatales entrando ilegalmente a una casa de esta ciudad.
Durazo reconoció este miércoles que la necesidad de hacer mejoras al sistema de remuneraciones y condiciones laborales de las policías de todos los niveles. Es un paso, sin duda, pero de frente está la titánica labor de transitar de estas policías abandonadas, abusivas y criminales, a fuerzas de auténtica seguridad pública eficaz, respetuosa de la ley y justa para sus agremiados.
De momento, la creación y despliegue de la Guardia Nacional no ha supuesto un cambio tangible ni en las condiciones de los uniformados ni en pacificar el país, tampoco en el respeto de los derechos humanos.
DESDE LA FRANJA. Esta frontera se prepara para un plebiscito en el que se someterá a votación “Juárez Iluminado”, un proyecto de iluminación que comprometerá las finanzas públicas por 15 años a un costo superior a los 5 mil millones de pesos. Mientras se prepara el ejercicio, autoridades municipales han pedido que sean los propios ciudadanos que votaron a favor del instrumento de participación los que eroguen el plebiscito, de ese nivel nuestros gobernantes.
Itzel Ramírez
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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