Sin duda no bastará con abrazos para recuperar los territorios de las pandillas, pero ¿a quién responsabilizar del estado que guarda la seguridad pública en la Ciudad de México y el resto del área Metropolitana del Valle de México? Los datos duros indican claramente que Mancera y el gobierno de Peña Nieto dejaron sueltos a los delincuentes y no combatieron la inseguridad y el crimen
Primero es importante destacar algunos datos duros de la Ciudad de México y la extensa zona metropolitana antes de profundizar en el en tema en el que hoy vamos a reflexionar. Algo a lo que me refiero como “identificar el contexto”.
El Estudio Metropolitano 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se refirió a la llamada Zona Metropolitana del Valle de México, también conocida con el nombre de “Valle de México”, como el centro económico, político, financiero y cultural de nuestro país.
Se trata de la tercera zona metropolitana más grande de la Organización comercial mundial, y la más grande del mundo fuera de Asia.
Su delimitación geográfica abarca siete mil 866 kilómetros cuadrados, lo que representa cinco veces el tamaño de la región del área metropolitana de Londres, y es también tres veces más grande que la de Luxemburgo, otro gigante económico mundial.
Política y administrativamente, el Valle de México se divide en 16 alcaldías de la Ciudad de México, un municipio de Hidalgo y 59 ayuntamientos del estado de México. Este último dato es importante para identificar responsabilidades al momento de profundizar en el tema de nuestro artículo.
Igualmente, es relevante citar que por el tamaño de la zona, el Valle de México concentra el 18 por ciento de la población nacional –es decir 22.5 millones de personas habitan en su territorio- y que la región genera el 18 por ciento de los empleos que existen en el país, oficios que producen el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
No hay duda entonces de que estamos hablando del gran generador de riqueza –la “locomotora del desarrollo económico de México”, explica en el estudio José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE-, y del corazón político y cultural de nuestra nación, clasificación que coloca a esta zona metropolitana como uno de los grandes objetivos del crimen organizado, de los grupos de poder tradicional y fáctico, y de los partidos políticos.
Es de resaltar que la Ciudad de México permanece, desde finales de los 90 del siglo pasado, en poder de los partidos que dicen ser “de izquierda”: el de la Revolución Democrática (PRD) y últimamente el de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Por su parte, el Estado de México, el otro gran aportante geopolítico del Valle de México, es un bastión tradicional –quizás el último- del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero es asimismo una de las entidades que mayor registro de asesinatos dolosos tributa a la estadística delictiva del Valle de México y la república en su conjunto.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública relativos a la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes –la estadística que oficialmente reconocen organizaciones internacionales que, como la OCDE, analizan de manera integral los fenómenos socioeconómicos que ocurren en el mundo, y sus repercusiones en el desarrollo de los países-, el Estado de México ocupaba el séptimo lugar nacional en esta la incidencia con 39 muertes intencionales, cuando el promedio nacional se situaba en 25.
Al mismo tiempo la Ciudad de México, que efectivamente no ha logrado abatir sus niveles de desigualdad y rezago urbanístico con los gobiernos “de izquierda”, ocupó en 2019 el lugar número 19 con 16 homicidios premeditados por cada 100 mil habitantes, muy alejado de los cinco primeros lugares que fueron Colima, con 88; Baja California con 74; Chihuahua, con 63; Guanajuato, con 52; y Guerrero, con 47.
Aún con esta baja incidencia delictiva en materia de homicidios dolosos, que se dispara de manera importante si sumamos los asesinatos que se cometen en el violento Estado de México y su elevada tasa de muertes intencionales por 100 mil habitantes, es importante reflexionar en la estadística histórica porque nos ayudará a identificar a los responsables directos de un hecho que sin duda es comprobable y por lo mismo deben ser castigados.
En 2015, tras el gobierno de Marcelo Ebrard, el gobierno perredista mantenía a la baja sus niveles de homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿De qué número hablamos? Cheque usted: en ese año fueron 9.9; en 2016 subieron a 11.4; en 2017 crecieron a 13.1; y en 2018 fueron 18.1
Es decir, el perredista Miguel Ángel Mancera, un evidente aliado del presidente Enrique Peña Nieto y ahora un híbrido político dispuesto a vender su voto en el Senado de la República al mejor postor, aumentó casi en 100% –en un periodo de 6 años– el índice de criminalidad mortal en la capital de la república.
Ahora bien, en los últimos días del 2018, arribó al gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, morenista que tiene fuertes aspiraciones a la presidencia en 2024, por lo cual es uno de los objetivos principales de los grupos de poder que no desean más gobiernos “de la izquierda” en la capital del país.
¿Qué hizo la administración de Sheinbaum en su primer año de gobierno en materia de homicidios dolosos? La cifra oficial del gobierno federal –otros organismos de medición pueden tener datos distintos, pero no muy alejados de los números de la Secretaría de Seguridad Pública– indica que 2019 cerró con una tasa de 17.9 muertes premeditadas por cada 100 mil habitantes. Es decir, para sorpresa de muchos, logró reducir en dos décimas esa incidencia delictiva.
Y en cuanto a variación de su tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, entre 2018 y 2019, ocupó el lugar 16 nacional con un aumento de apenas el 1.7 por ciento.
Hoy se afirma en redes sociales y en algunos medios de comunicación, que la Ciudad de México está al borde del caos y que esta enorme metrópoli, conjuntamente con las comunidades conurbadas que integran la gran Zona Metropolitana del Valle de México, representa el fracaso de las políticas pública que en materia de seguridad aplica el gobierno federal.
Se utiliza como justificación para hablar de ese fracaso –y para alarmar a la sociedad capitalina y la del resto de México–, la presencia cada vez más evidente y violenta de diversos grupos delincuenciales –“pandillas” dicen algunos medios de comunicación, “cárteles”, afirman otros-, pero el despertar y crecimiento de estas organizaciones criminales una vez más se ubica en el periodo de gobierno de Mancera.
Las administraciones de la Ciudad de México y federal han sido informadas desde 2013 –otra vez en el último gobierno del PRD y en la gestión pública de Peña Nieto– que diversos cárteles del narcotráfico y sus operadores comenzaban a sentar sus reales en la gran ciudad, pero el perredista negó sistemáticamente que eso pasaba pese a que la estadística demostraba año con año lo contrario.
“Lo que nosotros no tenemos aquí y que ha sido reportado por las autoridades porque además es de competencia federal, es un asentamiento de carteles”, dijo Mancera en 2016, pero a finales de 2019 la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Investigación, reveló al diario Excélsior que hasta agosto del año pasado tenía identificados a 16 grupos delincuenciales vinculados a 4 cárteles que para entonces tenían presencia en la Ciudad de México: Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nueva Generación Tepito, Tláhuac y La Unión Tepito.
Y de las 16 pandillas que se sabía operaban desde los tiempos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera –a saber Los Rudos; La Güera y Tacoya; Lenin Canchola; Muro; Cambrón; Cara de Cerdo; El Galleta; Los Rodolfos; El Canelo; El Catrín; El Pancho; El Virus; Gota a Gota; La Empresa; Los Rychis, y Pancho El Perro–, siete de ellas podrían transformarse en cárteles independientes.
Mediatismos aparte, ¿a quién responsabilizar del estado que guarda la seguridad pública en la Ciudad de México y el resto del área Metropolitana del Valle de México? Los datos duros indican claramente que Mancera y el gobierno de Peña Nieto dejaron sueltos a los delincuentes y no combatieron la inseguridad y el crimen.
El gobierno de Scheinbaum está en la encrucijada de recuperar la metrópoli de las manos de los delincuentes. Y lo tiene que hacer con lo que ya aplica: creatividad, imaginación, inteligencia, información disponible, con apego a la norma jurídica y con estricta justicia porque, efectivamente, no sólo bastará con abrazos para recuperar la mega zona.
Javier Cruz Aguirre
Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.
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