Las organizaciones públicas del Estado enfrentan retos que, aunque compartan la misma esencia, en sus circunstancias nacionales se transforman en el tiempo. Las causas del ‘cambio constante’ son diversas.
Como forma primigenia de la fiscalización su orientación hasta hace unas décadas fue hacia la eficacia en la administración de recursos y la disminución de la frecuencia en las pérdidas. No obstante, con el propósito de ‘rendir cuentas’ alcanzó acuerdo pleno tras el consenso —al menos en buena parte de la comunidad internacional— de contar con funciones ejecutivas supeditadas al poder soberano representado en parlamentos o congresos; esto es, la división de poderes. Este cambio de paradigma ha fortalecido a la fiscalización superior como una función esencial en regímenes democráticos, y considero mas en los federales, como México.
Los procesos de cambio institucional son, por definición, complejos. El hecho de que se desarrollen en función de macroprocesos hace que los cambios sean visualizados en el largo plazo. En el caso del tránsito histórico hacia la vinculación de la función de fiscalización con el principio de rendición de cuentas, el proceso ha implicado modificaciones de visión en la organización internacional que nos agrupa, el INTOSAI, y el acuerdo respecto de estos temas en nuestras organizaciones regionales como la OLACEFS, la OCCEFS y CAROSAI. Ahora mismo, se cuenta con mecanismos internacionales que inciden en el funcionamiento de la función fiscalizadora. Este contexto no impide la formación de nuevos retos para la función de los auditores y asuntos que deben enfrentarse y resolverse.
En el caso de las entidades de fiscalización superior (EFS) se presentan actualmente tres bloques de retos institucionales. El primero fortalecer la relevancia del reconocimiento de la necesidad de contar con instituciones dedicadas exclusivamente a la rendición de cuentas y revisión del ejercicio de gobierno, con énfasis en el gasto público. El segundo, la capacidad de generar resultados vinculatorios en la detección de actos irregulares en la función pública del Estado e incrementar las capacidades para la revisión de otros elementos, incluso más allá de los estrictamente económicos; por ejemplo, el desempeño de programas presupuestarios; así como el horizonte de evaluación de los ciclos de las políticas públicas y su gobernanza a través de las auditorías de desempeño, que no son vinculantes y arrojan recomendaciones. Por último, el tercer bloque que considera retos vinculados con la generación de valor público para la sociedad a partir de la función de fiscalización superior y comprensión ciudadana de sus resultados y valía; lo que llamamos valor y beneficio de las EFS. Además de estos tres aspectos, hay el creciente desafío contemporáneo por integrar y aprovechar el desarrollo creciente de tecnologías como el caso de la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data y la programación estructurada, lo que ha sucedido en la ASF.
Justo en el primer bloque de retos se presentó —como una solución— la creación de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en el marco del Primer Congreso INCOSAI en La Habana, Cuba, entre en noviembre de 1953. A propósito de que esta semana se cumplen 71 años de vida institucional de INTOSAI y que acaba de tener su Consejo Directivo en el que México representa a la OLACEFS.
Tras más de siete décadas de existencia, INTOSAI es un mecanismo idóneo para enfrentar los retos de generación de valor público a través de la generación de normas uniformes de auditoría y su permanente actualización, la comunicación efectiva de los resultados de las EFS para la población, y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en las actividades diarias de las instituciones.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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