Los desastres naturales y humanos son fenómenos complejos, no todos generan los mismos daños ni tienen los mismos efectos secundarios. En muchas ocasiones, los efectos del desastre atraviesan múltiples sistemas y los riesgos que incrementan su ocurrencia y consecuencias devastadoras provienen de los patrones de desigualdad, la pobreza, la regulación de asentamientos humanos y otros factores.
En los últimos dos años hemos vivido los efectos de una serie de desastres interconectados a nivel global como la pandemia de COVID-19, la crisis climática y la pérdida de la diversidad, que exacerban los riesgos que puede generar un fenómeno natural, como los huracanes y tormentas tropicales, los temblores, las sequías o un incendio forestal. Esa combinación de factores genera una reacción que afecta a diversos sectores en distintas escalas y evidencian la compleja interdependencia que existe entre los ecosistemas, la biodiversidad, el clima y la sociedad.
Esta interacción incide en el aumento de las vulnerabilidades y las exposiciones al riesgo, por lo que debe ser considerado en las políticas para la gestión del riesgo de desastres, ya que pueden superar la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas.
En América Latina, la pandemia de COVID-19 -un desastre conforme a los estándares internacionales en esta materia- incrementó la desigualdad en nuestra región. De acuerdo con datos de la CEPAL, la pobreza se incrementó, aumentó la deserción escolar y las brechas de aprendizaje e impactó los sistemas de salud, y de manera desproporcionada a las personas en condiciones de pobreza extrema. Los gobiernos de la región buscaron aliviar estas situaciones a través de distintos programas de apoyo y la asignación de recursos extraordinarios.
En este escenario, la fiscalización de la gobernanza de los riesgos de desastres, como lo ha reconocido la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, juega un rol fundamental para consolidar los avances en los sistemas de gestión del riesgo y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a ellos.
En el mismo sentido, la GUID 5330 “Orientaciones sobre la Auditoría de la Gestión de Desastres” de la INTOSAI apunta que las Entidades Fiscalizadoras Superiores contribuyen a garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en las distintas modalidades de gestión de desastres -es decir, las actividades previas al desastre-, cuando se produce el desastre y en las actividades de recontrucción. Además, pueden favorecer la sensibilización sobre la importancia de la reducción de riesgos, evalúan la rentabilidad de las medidas de reducción de riesgos y auditan la ayuda posterior al desastre, así como las labores de rehabilitación y reconstrucción. Así, las EFS vigilan que tanto los recursos y las políticas públicas para atender estas situaciones de emergencia cumplan con los estándares de eficiencia, eficacia y economía, detectan áreas de oportunidad y hacen recomendaciones para mejorar su desempeño.
Los informes de estas auditorías generan un valor agregado por la sociedad en momentos críticos, porque fortalecen la gobernanza de los sistemas de gestión de desastres, favorecen la preparación de los gobiernos para dar una respuesta eficaz y concretar la recuperación ante un desastre, contribuyendo a la resiliencia de las comunidades. Por esta razón, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en su próxima Asamblea General en este mes, discutirá sobre esta temática durante su próxima Asamblea General, con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias para potenciar el impacto de la fiscalización de la gestión de desastres y, con ello, contribuir a prevenir y reducir los riesgos y favorecer una respuesta eficaz ante una emergencia.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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