“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Artículo 39 de la Constitución.
En México, el gobierno se divide en tres poderes únicos, autónomos e independientes entre sí y cada uno con funciones y responsabilidades específicas para asegurar un equilibrio de poder, y es precisamente que esos tres poderes deben dimanar de la voluntad popular. Hoy solo dos poderes emergen de las urnas de votación directa por el pueblo de México (Ejecutivo y Legislativo) y uno que emerge de las ternas enviadas al Senado por el presidente de la República que, en representación del pueblo de México, nombra a los integrantes del Poder Judicial Federal en el máximo tribunal constitucional que es la SCJN.
Hay que dejar en claro, muy en claro, HOY es facultad constitucional del presidente de la república (Poder Ejecutivo) quien designa a la cúpula del Poder Judicial Federal (SCJN) vía el Senado, la Reforma Judicial propuesta por el presidente López Obrador anula esta facultad.
Si se quisiera someter a la SCJN, y al resto del Poder Judicial, por parte del Poder Ejecutivo Federal no se necesitaría la iniciativa de Reforma al Poder Judicial ya que en los próximos tiempos la presidenta de la República tendría la responsabilidad Constitucional de enviar 4 propuestas al Senado de nuevos Ministros de la SCJN, uno de ellos a finales de noviembre de este mismo año, cuyo nombramiento, en Diciembre 2024, por la presidenta Claudia Sheinbaum rompería en automático la hegemonía mayoritaria calificada, y reglamentaria, de los Ministros agrupados en torno de la presidenta de la SCJN la Ministra Norma Piña quien hoy, descaradamente, está al servicio de la derecha representada por los intereses inversores extranjeros y nacionales, se neutraliza la “facturación” el Cartel de la toga y el birrete sin necesidad de mover un solo esfuerzo ya que el próximo año el Poder Ejecutivo le quitaría al bloque de Ministros de la SCJN la capacidad que hoy tienen de aprobar todas las resoluciones que a su juicio convengan, si esa fuera su intención del presidente López Obrador, que por cierto ya se va terminando así sus seis años de “dictadura” democrática ganada en las urnas, el mismo que decían los opositores que se quería perpetuar en le poder.
Son 4 Ministros los que tendría que nombrar la presidenta de México substituyendo a Luis María Aguilar Morales que termina el Diciembre de 2024, a Jorge Mario Pardo Rebolledo quien termina en Febrero de 2026, a Alberto Pérez Dayán sale de la Corte en Noviembre de 2027 y a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que termina en Diciembre de 2027.
El que no se hubiera podido sacar adelante la Reforma al Poder Judicial, la presidenta de la República neutraliza al bloque derechista de Ministros en la SCJN en Diciembre de este año y, en un año más tendría la mayoría de Ministros de la SCJN y esto destruye la argumentación de la oposición de que la presidenta y Morena, junto con sus aliados, buscan tener el control total del PJF cuando lo que se propone en la Reforma al Poder Judicial es precisamente quitarle esa facultad a la presidencia de la Republica y que regrese esa facultad al pueblo, a lo que se niegan los opositores a la reforma.
Una vez más MIENTEN los opositores, los Ministros y Jueces del PJF.
Cuando se promulgó la Constitución de 1857 el pueblo pudo elegir al Presidente de la República (Ignacio Comonfort del 1 de diciembre de 1857 al 21 de enero de 1858) y al Ministro Presidente de la SCJN (Benito Juárez García de 1857 a 1858) siendo esto el primer antecedente Constitucional de que el pueblo participaría en la elección de Ministros de la SCJN mismo que fue anulado en la constituyente de 1917 como resultado de la Revolución Mexicana donde los Cadillos Generales revolucionarios la eliminaron de la propuesta Constituyente. Hoy es facultad constitucional del presidente de la República vía una terna que envía al Senado para la ratificación de su decisión sobre cualquiera de los tres propuestos siendo esto que la Reforma al Poder Judicial, hoy ya en el Senado, busca anular y regresarle al pueblo la decisión de nombrar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Los tres poderes de la Unión serán electos por voto ciudadano.
El buscar que el PJF sea electo por el pueblo, y por decisión del pueblo de que así sea, ha causado muchísimo revuelo y encono en los liderazgos opositores y sus aliados de la oligarquía nacional e internacional, sin entenderles el porque les incomoda tanto que se le quite a la presidenta Claudia Sheinbaum la facultad constitucional de decidir quiénes serán nuevos ministros de la SCJN con la Reforma Judicial, ¿o no han entendido que en el Senado por los próximos SEIS AÑOS Morena y sus aliados tendrán el control absoluto de decidir quiénes de las ternas propuestas por la presidenta van a la SCJN?, ya que ni siquiera los opositores tienen oportunidad de ser contra peso en la decisión y menos poder negociar los nombramientos.
No se les entiende, traen totalmente volteados, como veletas, sus objetivos y no tienen claridad en lo que quieren para México.
Ernesto Zedillo Ponce de León presidente de México contó con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incondicional del Partido Acción Nacional (PAN) para la disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 1994, lo hizo bajo sus términos, necesidades políticas y de acuerdo a sus intereses de grupo, un río de recursos financieros recorrieron hacia las arcas de los medios de comunicación y opinólogos mediáticos, intelectuales, hombres de negocios que traicionaban a Carlos Salinas, algunos de ellos hoy en contra de la Reforma Judicial del presidente López Obrador.
El PRI y el PAN aprobaron la Reforma al Poder Judicial de Zedillo con una mayoría CALIFICADA aplastante de estos partidos. En la primera legislatura del gobierno de Zedillo se contó con 300 diputados del PRI y con 120 del PAN, el PRD con 80 y sin tener facultades constitucionales el presidente Zedillo para poder disolver la SCJN lo hizo con el contubernio PRI-PAN y su mayoría calificada, y todo le fue permitido porque la mano férrea de Zedillo no les permitiría ni chistar y el que lo hiciera se atendría a las consecuencias.
Hoy son libres para hacer lo que mejor les venga en gana y sin consecuencias.
La disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por Ernesto Zedillo en 1994 fue un acto sumamente controvertido, pero se llevó a cabo mediante una chicaneada de reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión PRI-PAN. Esta Chicana de reforma permitió la jubilación inmediata de los 26 ministros de la SCJN y la reducción del número de ministros a 11.
Aunque fue “legal” desde el punto de vista de la aprobación legislativa mayoriteada, la medida generó un debate significativo sobre su constitucionalidad y el enorme impacto en la INDEPENDENCIA del Poder Judicial ya que todos los Ministros nominados fueros impuestos por el presidente de la Republica Ernesto Zedillo.
Los que están para salvaguardar la aplicación correcta de la Constitución y las leyes hoy están recurriendo a las chicaneadas jurídicas para intentar detener la Reforma Judicial efectuando actos ilegales para detonar controversias en la misma SCJN que permita a la parte ser juez, el otorgar amparos para evitar que el Congreso sesione, discuta y apruebe la reforma representa un acto ilegal que no está contemplado en ninguna ley que le de facultades a los jueces el poder estar por encima del Poder Legislativo, rompiendo los jueces con la autonomía entre poderes de la Unión.
¿Porque lo hacen si es ilegal?
Buscan la atracción de la Reforma a la SCJN para desde ahí enterrarla.
Si el Congreso hubiera decidido hacer caso a los amparos presentados por los jueces hubieran aceptado la competencia y hubieran tenido que aplicar el recurso de queja ante la SCJN y esta atrae la Reforma a su ámbito y control. El hecho de que no se les hizo caso por no ser competentes y seguir adelante con la aprobación de la Reforma en el Congreso queda sin posibilidad de hacerlo.
La SCJN (Cartel de la Toga y el Birrete) han hecho varios actos ilegales fuera de su competencia donde han violentado la Constitución que dicen defender por medio de aplicaciones de amparo improcedentes.
Son los estertores de los mercaderes de la justicia y sus beneficiarios y controladores. NORMA PIÑA es conspiracionista, está utilizando el método de Lawfare de la derecha internacional (OEA).
Nunca nadie habría dicho que la transformación del país hubiera sido fácil pero el 2 de Junio el pueblo de México juzgó y dictó sentencia en contra del PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
“El poder Judicial soy yo” dijo la Ministra presidenta de la SCJN.
VIDEO ¬ Los 7 tiempos de la guerra de Piña contra la Reforma y para tomar el TEPJF
Raúl Sabido
Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
