Se impusieron la cordura política y la ley respecto de la arbitrariedad cometida por los diputados integrantes de las bancadas del PAN, PRI, PT, MC, Partido Verde y el diputado de Morena Óscar Daniel Avitia Arellanes en el Congreso del Estado de Chihuahua por haber eliminado, en una decisión totalmente ilegal y violatoria, el listado de aspirantes a magistrados del Poder Judicial del Estado aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.
Este comité, al igual que los que se crearon de manera simultánea por los poderes Ejecutivo y Judicial, se creó con el propósito de supervisar el proceso de selección de jueces y magistrados para el periodo 2024-2025; está integrado por personas que fueron seleccionadas por el propio Congreso del Estado, buscando una representación equilibrada para llevar a cabo el proceso de evaluación de manera efectiva.
Ellos y ellas elaboraron el listado con aspirantes que, a su consideración, resultaron mejor evaluados para ser considerados en la siguiente etapa del proceso, la insaculación o selección por sorteo, de la cual resultó el listado final de 94 aspirantes que fue entregado al Congreso del estado para su aprobación final, antes de ser enviada a las autoridades electorales para que plasmaran los nombres en las boletas electorales correspondientes.
Ahí fue donde se atoró el proceso. En la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el PAN, en voz del coordinador de su bancada, José Alfredo Chávez Madrid, presentó una propuesta para eliminar la lista de 94 aspirantes a magistrados sin que mediara una justificación legal, con una explicación totalmente fuera de lugar por parte del Secretario de Asuntos Legislativos del Congreso del Estado, Óscar Iván Díaz Saucedo, quien, por cierto, se asumió como asesor particular de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, situación por demás ilegal que considero debe ser sancionada.
No obstante, la propuesta contó con el apoyo de las fracciones parlamentarias del PRI, PT, MC, Verde y, ya en el pleno, con el voto del diputado de Morena Óscar Daniel Avitia Arellanes. El coordinador de la bancada de Morena, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, fue el único integrante de la Jucopo que votó en contra de la propuesta del PAN.
El coordinador de Morena denunció la ilegalidad del acto y señaló que el único motivo aparente era que muchos de los aspirantes a magistrados que integraban la lista le eran incómodos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por lo que anunció que se utilizarían todas las herramientas legales para contrarrestar este abuso.
El comentario generalizado en los pasillos de la torre legislativa, incluso entre los diputados del PAN, fue que la gobernadora le había encargado de manera muy puntual a José Alfredo Chávez Madrid que estuviera al pendiente del desarrollo del proceso de evaluación para evitar que llegaran al listado esas personas que no fueran afines a su gobierno o criticas de su administración, con vínculos con la oposición y que pudieran obstaculizar ciertos intereses; en fin, no confiables para quienes toman las decisiones desde su perspectiva de gobierno.
Resulta que al coordinador de la bancada azul le ganó la fiesta, no solo descuidó las reuniones del Comité de Evaluación, sino que nunca asistió a ellas. Como resultado se le colaron los “indeseables” para su jefa, la gobernadora, quien montó en colera, lo llamó a cuentas y le dijo que tenía que resolver el entuerto, de la manera que fuera. Literal, le hizo caso.
Cuando los diputados de Morena le cuestionaron en el pleno la ilegalidad e injusticia que estaban cometiendo el PRIAN y sus cómplices, Chávez Madrid tuvo el descaro de decir: “No me pidan ahora que actúe conforme a la norma”, frase que lo describe en todo su esplendor, como un profesionista del Derecho que protestó ante los chihuahuenses cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y, sin embargo, aceptó que violó ambos preceptos y apeló, al mismo tiempo, a que no se le pida que los respete. Incongruencia total.
Afortunadamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendió las impugnaciones presentadas por los aspirantes a magistrados afectados por los actos antes descritos y por la bancada de Morena, y confirmó que la eliminación del listado violó los derechos políticos de los aspirantes, ordenó que el listado original sea retomado y enviado a las autoridades electorales, asegurando que los aspirantes puedan contender en el proceso correspondiente. Es decir, obligó al Congreso de Chihuahua a corregir su actuar y cumplir con la Constitución y la normativa electoral.
Al ser una resolución de la Sala Superior, es definitiva y obliga a las autoridades locales a cumplirla. El Congreso debe cumplir con la sentencia y enviar la lista a las autoridades electorales y el proceso para elegir jueces y magistrados debe continuar conforme a la Constitución y las leyes vigentes.
Pedro Torres
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