El pasado 21 de noviembre denuncié ante el pleno del Congreso del Estado el secuestro de las cuentas bancarias de las Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas del nivel básico de todo el estado por parte de las autoridades estatales, situación sumamente delicada, ya que se trata de los recursos que aportan los padres de familia para garantizar condiciones mínimas para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan recibir la enseñanza académica en instalaciones cómodas y dignas, ante la imposibilidad de las autoridades para brindar esas condiciones.
El Reglamento Estatal de Asociaciones de Padres de Familia es muy claro en su artículo 6to. Sección II, en el que establece que para el cumplimiento de su objeto las asociaciones de padres de familia de las escuelas tienen la atribución de reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros. Al respecto, además de ese reglamento, la Ley General de Educación indica que las autoridades educativas no pueden intervenir en el uso o administración de los recursos recabados por las asociaciones.
Las aportaciones que hacen los padres de familia a través de una cuenta de una institución bancaria debe ser manejada exclusivamente por la presidenta o presidente y la tesorera o el tesorero de la sociedad de padres de familia. Sin embargo, por una arbitrariedad de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, a través de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), las cuentas de las Asociaciones de Padres y Madres de Familia fueron literalmente secuestradas desde el inicio del presente ciclo escolar, impidiendo el acceso a los recursos depositados en éstas.
Las presidentas de las asociaciones municipales de Padres y Madres de Familia de Juárez y Chihuahua, Tania Beltrán y Adelaida Palacios, han venido denunciando la irregular intervención de las autoridades educativas en el manejo de las cuentas. Señalaron que durante el mes de junio se retiró el dinero de las cuentas y se depositó en otras a nombre de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
Adicionalmente, sin tomar en cuenta a las asociaciones, las autoridades de SEECH migraron las cuentas de BBVA Bancomer a Banamex, aduciendo problemas con la primera institución bancaria, situación que negaron ambas líderes de Padres y Madres de Familia.
Acusaron que al acudir los presidentes y/o tesoreros de las asociaciones al banco a pedir estados de cuenta y acceso a los recursos que les pertenecen, no se les permitió debido a que las cuentas se encuentran bloqueadas por los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, que aparecen como cotitulares de las cuentas y se requiere la firma de personal de esa dependencia para acceder a las mismas.
La presidenta de la Asociación Municipal de Madres y Padres de Familia, Adelaida Palacios, y un nutrido grupo de docentes y madres de familia se manifestaron el pasado 18 de Noviembre frente al edificio Héroes de la Revolución en la ciudad de Chihuahua para manifestarse en contra de la retención del recurso económico de las 480 asociaciones de padres y madres de familia de la capital estatal y exigir la liberación del dinero.
El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, atendió a los manifestantes y firmó un acuerdo con Adelaida Palacios, en el que se comprometió a la liberación inmediata de las cuentas y a que cada asociación eligiera libremente la institución bancaria de su preferencia para depositar esos recursos. Sin embargo, hasta este viernes 6 de diciembre eso no había ocurrido.
La intervención indebida de las autoridades educativas en el manejo de los recursos pertenecientes a las asociaciones de padres y madres de familia puede constituir una falta administrativa e, incluso, un delito, de acuerdo con la Ley General de Educación y el marco legal aplicable en el estado.
La ley establece que las autoridades educativas incurren en el delito de Abuso de autoridad si ejercen presión indebida o toman decisiones sobre el uso de recursos que no les competen. Además, si utilizan los recursos de las asociaciones para fines distintos a los acordados por los padres de familia o en beneficio propio, incurren en el delito de Peculado.
De acuerdo con las leyes locales y federales de responsabilidades administrativas, estas conductas pueden derivar, al menos, en sanciones, como inhabilitación o multas.
Es claro que, no obstante los reiterados reclamos por partes de las presidentas de las asociaciones municipales de Padres y Madres de Familia y el exhorto presentado ante el Pleno de Congreso del Estado, no existe un interés real por parte del Gobierno de Chihuahua para que los padres y madres de familia puedan acceder a los recursos que les pertenecen.
Los diputados panistas decidieron negar los hechos, asumieron una defensa a ultranza de la gobernadora y de las autoridades estatales, sin importarles que los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de nivel básico de todo el estado sufren ya las inclemencias del frío invernal al no contar las escuelas con los recursos aportados por los padres y madres de familia para la compra de gas y calentones.
Es claro que para el gobierno encabezado por María Eugenia Campos Galván, las autoridades educativas estatales y los diputados panistas, proteger la imagen de la mandataria estatal es mucha más importante que garantizar que los recursos de las asociaciones se utilicen para el beneficio de la comunidad escolar .
Pedro Torres
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