En la entrega anterior mencionábamos que la crisis hídrica en México es un tema de revisión impostergable por parte del Estado mexicano, íntima e inmediatamente ligado a este tópico está el de la disposición suficiente y asequible de alimentos de calidad para todos.
El campo mexicano experimentó desde finales de los años ochenta, un franco desmantelamiento de sus estructuras económicas y sociales. El llamado periodo neoliberal implicó también un debilitamiento en las áreas de la Administración Pública dedicadas a desarrollar la política alimentaria.
La Secretaría Recursos Hidráulicos, que había desarrollado obras notables de riego agrícola y almacenamiento de agua a lo largo del país, se transformó en 1976 en Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Ya para 1994 todas las responsabilidades en materia de alimentación se englobaron en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación SAGARPA.
Es decir, México pasó gradualmente de un robusto andamiaje administrativo ideado para desarrollar el campo, a una entelequia que desatendió, derivado fundamentalmente de compromisos comerciales internacionales, a está área estratégica de la Nación. Los resultados fueron catastróficos en materia social.
Por ejemplo, parte importante de la crisis mexicana de violencia e ingobernabilidad tiene su origen en el abandono al campo. La orientación de la política económica por privilegiar la manufactura y los corredores maquiladores sin transferencia efectiva de tecnología, acentuó el éxodo del campo a los centros urbanos y hacia los Estados Unidos de América, así mismo, las actividades ilegales llegaron a convertirse en la única opción viable para llevar una vida materialmente digna en el medio rural.
Antes, bajo el otro extremo, el del gasto público indiscriminado de los setentas, la producción nacional de alimentos estaba lejos de lograr la soberanía alimentaria; contrario al discurso oficial, la dieta mexicana dependía cada vez más de las importaciones de maíz y de granos básicos.
La ineficiente producción agroindustrial nacional y su concentración en nuevos latifundistas o minifundistas, aunado a los cambios demográficos del México de la segunda mitad de siglo XX, obligaban al Estado a responder ante la presión del sector agrícola. Es así que en 1980 se establece el Sistema Alimentario Mexicano, cuyo propósito era lograr el autoabastecimiento de alimentos, mejorar la producción nacional y reducir los precios de alimentos para la población.
Lamentablemente, la caída de los precios del petróleo de principios de los ochenta y decisiones cuestionables en materia de política económica llevaron a México a una grave crisis fiscal que pauta al nuevo gobierno de 1982 a 1988 para reducir el gasto en diversos rubros, entre ellos el del Sistema Alimentario Mexicano que desapareció luego de evidentes directrices de organismos internacionales y que encaminaron al país a una política de adelgazamiento del sector público.
Al paulatino adelgazamiento del Estado sobreviene el comentado desmantelamiento del campo mexicano, que en el marco del NAFTA se concibe como un abastecedor de determinados cultivos para el mercado extranjero, particularmente del estadounidense. Al grado de modificarse el artículo 27 constitucional en 1992.
La modernización y la prometida competitividad del campo solo ocurrió de manera parcial en un periodo de casi tres décadas de exclusión a pequeños productores del campo que han tenido que sortear los altos costos de los energéticos, fertilizantes, maquinaria y créditos necesarios para lograr una adecuada productividad agrícola, ganadera o pesquera. A esto debemos agregar el desafío de la violencia e inseguridad en las cadenas productivas del medio rural.
Si bien, sería un gran error frenar las exportaciones agroindustriales, es necesario asegurar un sistema alimentario mexicano que pueda garantizar alimentos de calidad a la población y que contribuya a mitigar la volatilidad de los precios en los mismos. Elevar la productividad agroindustrial, incluyendo a micro y pequeños productores es una condición determinante para lograr la seguridad alimentaria y nutricional.
Según registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en México, en 2022 había 1.2 millones de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento por déficit nutricional y hasta un 1.7% de los niños menores de 5 años aquejados de emaciación. Cifras absolutamente inconcebibles.
Lo anterior es solo una muestra de que el flagelo de la pobreza y el hambre siguen presentes en nuestro país. Es así que los programas asistenciales deben vincularse con programas que impulsen la productividad agroindustrial, ganadera y pesquera.
La seguridad alimentaria (que todos dispongan del alimento nutritivo e inocuo diario necesario) implica articular las políticas públicas en la materia y brindar un marco legislativo moderno y simplificado. También implica innovar en procesos de producción, almacenamiento, distribución y administración de los alimentos; así como en la aplicación y desarrollo de tecnologías para la sustentabilidad.
“Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente.
Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos.”
(Lucas 9:16-17)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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