Los estados y municipios de cualquier país federal, tienen dos fuentes fundamentales de ingresos: los ingresos propios y las transferencias que el gobierno federal les participa por la cesión de facultades tributarias. Se pueden agregar los recursos de la de la deuda, pero por lo pronto la dejamos de lado, además somos un país donde 5 estados abarcan un poco más de la mitad de la deuda subnacional y en el nivel local es extremo.
Revisando información de los ingresos estatales en la CP 2021, se confirma lo que hemos comentado hace tiempo, esto es la extrema dependencia de las transferencias federales en las finanzas de los gobiernos municipales y estatales, por lo cual son sujetos a la fiscalización superior.
Según esta cuenta pública, la Ciudad de México recaudó el 49 por ciento de sus ingresos totales, mientras que el 51 fueron ingresos de origen federal. En cuanto a porcentaje de sus ingresos propios, le siguen Chihuahua y Nuevo León con 23 y 21 por ciento respectivamente.
Interesante, pero hay razones económicas para entenderlo, es el caso de Quintana Roo, que recauda un poco más del 18 por ciento, y con tendencias a crecer. No está mal, es una luz en el desierto del sur sureste en esta materia y no es solo por la pobreza y la marginalidad que es real, sino al desinterés y la desidia recaudatoria del resto de las entidades federativas.
Al respecto tenemos ejemplos de ello, por ejemplo, cuando la mayoría desapareció el impuesto a la tenencia, que por lo menos equivalía en promedio a un mes adicional e participaciones, ya que era administrado por los estados y estos tenían la obligación de participar al menos el 20 por ciento de la recaudación del mismo, además tampoco ha habido eficiencia en el caso del impuesto sobre nóminas, etcétera. Además, no todos aprovecharon las ventajas de la colaboración administrativa.
En el pasado incluso en Ley de ingresos llegó a ponerse el impuesto a las ventas finales, pero solo dos entidades se interesaron por ello, pero la temporalidad de la Ley lo inhibía.
Es Estado de México recauda el 16 por ciento de sus ingresos propios, pero las transferencias de origen federal representan el 84 por ciento de sus ingresos totales.
Es necesario precisar que la reforma a la fórmula de distribución de participaciones de 2007 fue regresiva, al tener como único indicador valido la población domiciliada, lo que pego fuertemente a Tabasco, pero fundamentalmente a la Ciudad de México y beneficio a pocas entidades, pero particularmente a una, el EDOMEX, que tiene un coeficiente de participaciones superior al 14 por ciento, mientras que el de la CDMX no llega al 9 por ciento y tiende a decrecer. Cuando termine el proceso gradual de cambio de la fórmula de 2007, que no falta mucho, ya que se hizo en términos nominales, no reales.
Los datos de población que su utilizaron en la CP referida hablan de más de 16 millones de habitantes en el Estado de México y sólo de 9 millones en la Ciudad, que tiene una gran población flotante.
Del otro lado del espejo, existe una gran dependencia del esfuerzo federal, estados como Guerrero dependen según esa CP, en un 98 por ciento de ingresos de origen federal, Oaxaca el 96 por ciento, Chiapas y Michoacán el 95 por ciento, así hasta sumar 22 que por lo menos reciben el 90 por ciento de sus ingresos totales del esfuerzo recaudatorio del poder central.
Las excepciones ya las comenté, destacando a la CDMX, que sólo depende de la mitad de sus ingresos.
Como mencione hace una semana, las participaciones este año van de acuerdo a programa, esto es bien y ello obliga a todos a tener finanzas sanas, bien administradas, sin desvíos innecesarios, ni burocracia, cumpliendo con sus responsabilidades.
Habría que profundizar porque no recaudan la mayoría mientras que otros si lo hacen, así no se puede.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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