Desde que esta administración panista inició sus funciones en 2021 pareciera que no solo tomó las riendas del estado, sino las arcas públicas y hasta las carteras de las familias. Uno tras otro hemos visto cómo golpean vorazmente la economía familiar de las y los chihuahuenses con un descaro que en sus discursos “humanistas” esconden.
Durante el actual gobierno, hemos sido víctimas de un replaqueo, una obra multimillonaria que le cantó las golondrinas, pero al dinero del pueblo, multas desproporcionadas por supuestos gastos de ejecución, gastos irrisorios e ilegales en publicidad para halagar a gobierno del estado, un desconsiderado aumento a la tarifa del transporte público y ahora traman lo que viene a consumarse como un golpe en contra de las y los juarenses: un aumento injustificado a la tarifa del servicio del agua potable.
A nivel internacional, desde 2006 la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó las directrices en alcance al derecho al agua potable y al saneamiento, en las que se define el derecho de toda persona a acceder a un servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la salud pública y el medio ambiente.
Sin embargo, hay quienes han tomado lo que es un derecho humano fundamental, como herramienta de un discurso politiquero que en nada abona para la ciudadanía, y al contrario, quieren usar un servicio público básico e indispensable, como artimaña para hacer sonar más el cajón.
Tenemos así que, el Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez ha aprobado un aumento en la tarifa que suma un 22%, argumentando un ajuste a la inflación; sin embargo, de ser así, el aumento no podría exceder del 5%; A todas luces, el aumentar el costo de un servicio tan necesario, pero a la vez tan deficiente como el agua potable, es injustificado y descarado, sobre todo cuando hay quejas de familias que padecen de un irregular flujo de agua, o que incluso, ni siquiera tienen acceso a ella.
Hay que hacer énfasis que estos hechos no son aislados y son recurrentes: desde el pasado mes de marzo, la JMAS manejaba en notas que más de mil colonias en la ciudad sufrían de tandeo en el servicio de agua potable -lo que equivale a cerca del 65% de las colonias de la ciudad- mientras que hay casi 50 colonias que no cuentan ni siquiera con tubería ni servicio de drenaje, a pesar de que las autoridades no se cansan de anunciar un avance en la sectorización de la red hidráulica, lo cual no consta en los hechos.
Quienes han querido darle salida a una medida tan perjudicial, dicen que este aumento servirá para ahora sí mejorar la cobertura del servicio, pero esas promesas ya nos la sabemos: lo mismo ocurrió con el tarifazo al transporte público que pretendía resolver en 3 meses un problema que lleva años macerándose y que, peor aún a un año y medio sigue sin avances.
Aunque esta medida está aprobada a nivel municipal y está aún por discutirse en el Consejo de Administración la Junta Central de Agua y Saneamiento de Gobierno del Estado, dudamos mucho de la buena voluntad de las autoridades estatales que no han dado tregua a la ciudadanía.
Pagar más por un servicio que, contrario a lo que dictan la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por México, además de deficiente, para algunas familias es incluso inexistente, es ilegal e inaceptable. Rechazamos categóricamente cualquier medida que comprometa la economía de las familias de Ciudad Juárez y de cualquier otro punto del estado, tal como lo hemos hecho desde nuestros espacios de representación combatiendo cualquier medida recaudatoria que el Gobierno del Estado ha querido emprender.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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