La gestión del conocimiento en las organizaciones públicas del Estado requiere de herramientas e instrumentos suficientes para procesar la información que se genera permanentemente. Por ello, la definición de procesos es trascendental para alcanzar los objetivos institucionales. Actualmente, dichos procesos también pueden desarrollarse con el auxilio y utilización de innovaciones tecnológicas tales como la digitalización, el uso de inteligencia artificial y el Big Data. La tecnología puesta al servicio de las instituciones facilita la gestión del conocimiento, el cumplimiento de metas y la obtención de resultados positivos en función de los mandatos legales.
Para el caso de las entidades de fiscalización superior, las innovaciones tecnológicas tienen un impacto directo en el desahogo de los trabajos de auditoría. Sobre todo, por los grandes volúmenes de información, las metodologías basadas en los análisis de datos y la celeridad con la que –prácticamente en todo momento– se genera información. Ante este escenario institucional y con el propósito de mejorar los mecanismos y herramientas de la que disponen las EFS para gestionar el conocimiento, instancias como la OLACEFS son clave.
Estos organismos multilaterales son importantes para generar capacidades institucionales en las EFS, entre otras cosas, en lo relacionado al uso de tecnologías, el fortalecimiento de la digitalización e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Justamente en la 78 del Consejo Directivo de la OLACEFS, ocurrido en Panamá -en donde también nos reunimos con el Parlamento Latinoamericano-, se resaltó la importancia del desarrollo de herramientas tecnológicas que incidan en la eficacia, eficiencia y economía de la función de fiscalizadora de las instituciones. La inversión en tecnología ha demostrado ofrecer resultados positivos para la ASF..
La región de América Latina y el Caribe debe avanzar en la dirección de cooperación y colaboración –sobre todo de aquellas entidades de fiscalización con mayor experiencia en el desarrollo de herramientas para la gestión del conocimiento a partir de tecnología– para el desarrollo de proyectos tecnológicos y digitales, A propósito, destacan las aplicaciones como las auditorías de tipo Colmena que desarrollamos en la ASF, etcétera
Para el caso de México, en la Auditoría Superior de la Federación se han desarrollado diferentes proyectos de tecnología pública. Destacan el desarrollo de auditorías digitales y la creación del Buzón Digital. Ambas herramientas dejan de manifiesto la valía de la tecnología en el contexto actual del mundo. Uno caracterizado por la distribución de información a través de canales digitales y, sobre todo, la generación de información constante.
En el corto plazo, los acuerdos establecidos tras la última reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS se han aterrizado en acuerdos de colaboración en materia tecnológica entre las EFS de la región. Las materias de fiscalización en las que se requiere de mejoras son numerosas: por ejemplo, la vinculación de la fiscalización con las tareas de contención de cambio climático, sobre todo a partir del análisis de los datos sobre auditorías de acción gubernamentales medioambientales para la concientización de la sociedad. Esto requiere de administración y análisis de información para orientar la acción ciudadana en favor del medio ambiente.
En el corto plazo, lo aprendido a nivel regional también tiene aplicabilidad a nivel local, por ello es deseable que otra de las áreas de colaboración entre la ASF y los entes del estado que tienen repositorios de información valiosos para la fiscalización como el SAT, sea precisamente lo tecnológico y el desarrollo de aplicaciones de IA para mejorar procesos, gestionar el conocimiento y ofrecer mejores resultados a la sociedad.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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