El gobierno de México está consciente que se avecina una gran tormenta. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió un mes de prórroga para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, poniendo como condición una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, quienes son ya calificados como terroristas, especialmente en la introducción del fentanilo. Por otro, la reciente carta de Ismael “El Mayo” Zambada, dirigida al consulado mexicano en Nueva York, amenaza con destapar la cloaca del crimen organizado y su relación con las instituciones nacionales tanto políticas y empresariales como gubernamentales.
El plazo dado por Trump vence el 4 de marzo de 2025, y hasta ahora, la administración de Claudia Sheinbaum ha intentado maniobrar políticamente para evitar el golpe económico que supondrían estos aranceles del 25 %. Sin embargo, el problema trasciende la esfera comercial y toca el núcleo de la crisis de seguridad en México. La carta de Zambada, en la que denuncia su captura ilegal y la posibilidad de enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, ha generado pánico en el gobierno, pues insinúa que podría revelar información comprometedora sobre las redes de corrupción que han permitido al narcotráfico operar con impunidad durante décadas.
El mensaje de Zambada no es solo una petición de repatriación, sino una advertencia contundente. En su misiva, el líder del Cártel de Sinaloa dice que la alternativa entre la repatriación o no, será un “colapso inminente” en el equilibrio de poder entre el crimen organizado y el gobierno mexicano. Esta afirmación es explosiva, ya que sugiere que el pacto tácito que ha existido durante años está fracturándose y que, si él cae, podría arrastrar consigo a funcionarios de alto nivel en ambos países. Cosa que por cierto a mí de manera personal, me encantaría, Ordo Ab Chao.
Aquí radica el dilema del gobierno de Sheinbaum: si presiona por la repatriación de Zambada, enviará un mensaje contradictorio a Washington, que exige acciones contundentes contra el narcotráfico. Pero si lo deja a su suerte en Estados Unidos, se arriesga a que el capo decida colaborar como testigo protegido de la DEA y otras agencias estadounidenses, desnudando la corrupción en México de una manera que podría tener consecuencias políticas devastadoras.
Históricamente, México ha sido reacio a extraditar capos del narcotráfico, salvo en casos donde la presión de Estados Unidos lo ha hecho inevitable. Pero el caso del Mayo Zambada podría marcar un punto de inflexión. Si Washington logra enjuiciar a Zambada y obtener su cooperación, esto podría significar un cambio de estrategia en la política de extradiciones: México perdería el control de la narrativa y los capos, en lugar de temer la justicia mexicana, preferirían negociar con Estados Unidos para reducir sus condenas a cambio de información.
Esta perspectiva aterra a ciertos sectores dentro del gobierno mexicano, ya que un testimonio de Zambada podría no solo confirmar la verdad conoocida por todos, la penetración del narcotráfico en las instituciones, sino también vincular a figuras políticas de administraciones pasadas y presentes con el crimen organizado.
Tic Tac, el reloj corre, pero no en contra de los mexicanos, sino en contra del gobierno mexicano.
Con el 4 de marzo acercándose, la administración de Sheinbaum está atrapada entre la espada y la pared. Si no logra demostrar avances en la lucha contra el narcotráfico, Trump reactivará los aranceles, afectando gravemente la economía. Pero si intenta cumplir con las demandas de Washington con medidas superficiales, como ha sido hasta ahora con pequeñas confiscaciones de droga y armas y detenciones, algunas importantes, pero sin tocar a los zares del narco, la presión seguirá aumentando.
Mientras tanto, la amenaza del Mayo Zambada sigue latente, obligando al gobierno a tomar una decisión: ¿pedirá su repatriación o arriesgará que el capo destape secretos que podrían sacudir los cimientos del sistema político mexicano?
La declaración de la Presidente Sheinbaum, en cuanto a que debe atenderse, más allá de que el Mayo Zambada sea un criminal, es un error muy grave, por antes de la amenaza del capo, no había mencionado nada al respecto.
Lo cierto es que, en ambos frentes, el margen de maniobra del gobierno se reduce cada día. La política de sumisión ante Estados Unidos y el control discreto del crimen organizado en México parecen estar colapsando al mismo tiempo. Y cuando ambas presiones coinciden, la historia nos dice que necesiitamos órden en el caos para generar un nuevo orden.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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