TORRE FUERTE
- Maru Campos, en el power ranking…
- ¿Dónde está la síndica, Esther Mejía?
- Rectores y titulares de descentralizadas
- Controversia constitucional, por recorte
- POSDATA. Generan suspicacias, “acuerdos”
Maru Campos, en el power ranking… /
Viene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua, y no existe sobre el horizonte otra lectura, que aquella que reza, que ‘amor con amor se paga’, en la nueva correlación del partido (Morena) del presidente, con el Partido Acción Nacional (PAN), en la nueva geografía política, en el segundo y último tramo del gobierno de la cuarta transformación en todo el país.
Por ende, los temas y la resolución de varios e históricos problemas de los chihuahuenses, que podrían empezar a resolverse, están en la nueva ‘prioridad’ del gobierno federal. Sea el problema del agua de las presas y la detención de Andrés Valles, los miles de autos ‘chuecos’ que circulan en las calles, la ‘verdad histórica’ sobre el capítulo de los feminicidios y hasta la ‘suerte’ y el futuro que tiene que ver con los exgobernadores de Chihuahua, el priísta César Duarte y el panista, Javier Corral.
Es el sello de un presunto ‘acuerdo’ no escrito, sobre la nueva reconfiguración de la oposición política en el país, donde indiscutiblemente la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en su papel de mandataria, es ‘factor’ en los intereses del centro, y hasta en los intereses de la sucesión presidencial de 2024.
Maru Campos eleva, en el incipiente gobierno que no cumple cuatro meses en el ejercicio del poder en el estado de Chihuahua, sus ‘bonos’ en el power ranking de la política nacional.
Un alfil del PAN en el ajedrez político del presidente de México, en la nueva sinergia, sobre sus ortodoxos opositores de la derecha, a quienes prácticamente ha puesto en predicamento sobre una posible y futura alianza política frente al poder que representa y mantiene el líder del gobierno federal.
El mensaje de la transición de la nueva oposición política en México va directo sobre la derecha del país, donde los gobernadores panistas, Mauricio Vila de Yucatán, Maru Campos de Chihuahua y el priísta, Alejandro Murat por Oaxaca, son la expresión misma de las nuevas vías de entendimiento político entre la derecha y la izquierda del país.
En el centro del país, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López también hace su juego con el extitular del Palacio de Cobián en los tiempos del presidente Vicente Fox, Santiago Creel.
En Chihuahua, el llamado ‘círculo rojo’ en torno a la gobernadora de Chihuahua, entiende el mensaje de la transición de la nueva oposición política con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Maru Campos, vive su momentum político y un tórrido ‘romance’ con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Si acaso no lo ha notado, desplazó sin muchos aspavientos, la figura del delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, el excandidato a gobernador de Chihuahua que también ha comprendido que, en el nuevo juego y estrategia del gobierno, el ‘sacrificio’ tiene siempre su recompensa política.
En las últimas semanas el escenario político se ha modificado radicalmente.
Claro que tiene que ver con el juego de la sucesión presidencial de 2024, y la integración de los nuevos protagonistas en el concierto de los intereses políticos de la nueva camada de gobernadores y de los partidos en el país.
La urgencia de una gobernanza en torno a los intereses de los gobernados -no de los políticos-, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sigue pesando fuertemente en el escenario nacional, tiene cada vez mayor claridad de sus objetivos, al menos en el papel.
Respeto, poder y autonomía a los estados, la transparencia en el manejo de los recursos económicos, que incluye la deuda y el manejo honesto del presupuesto y la lucha contra la corrupción, que es una de las premisas fundamentales de la cuarta transformación.
Lo dijimos hace un par de días en Torre Fuerte: la presencia de los gobernadores de la oposición en el evento del informe del presidente de México, el pasado 1 de diciembre en la capital, el mensaje de la nueva oposición política y el empoderamiento de algunos gobernadores panistas que, en el país, entienden la relación institucional con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
¿Dónde está la síndica, Esther Mejía?
La exdiputada federal y actual síndica del gobierno de Morena en Ciudad Juárez, Esther Mejía, tiene varios pendientes rezagados en la administración del alcalde de su mismo partido, Cruz Pérez Cuéllar.
Aparecen en la lista de los ‘pendientitos’, el desglose y resultado de los ‘acuerdos’ que permitieron el desarrollo de la Feria Juárez 2021, que conlleva también poner en claro la aportación e inversión del gobierno, el pago de los artistas, las ganancias y hasta los ‘moches’ que se derivaron de una presunta negociación entre el exalcalde de Juárez, Armando Cabada y el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
También aparece el renglón de los festejos del ‘Grito’, en los festejos de la Independencia, que le costaron al gobierno cerca de 10 millones de pesos, el asunto de la empresa de recolección de basura PASA, que no pasa todavía en muchas colonias de la ciudad, y a cuya empresa, el gobierno ‘moreno’ en la ciudad, le sigue concediendo millonarios pagos mensuales, a costa de la hacienda pública.
Y a todo lo anterior, súmele también el peliagudo asunto del contrato otorgado a la Poliplaza Medica, que ahora quiere rescindirle el gobierno municipal.
Hay vestigios de opacidad en varios renglones, funciones y dependencias del gobierno local, pero la sindicatura no ha dicho absolutamente nada.
La señora Esther Mejía siente que anda todavía en las campañas políticas.
Le costó tiempo e inversión, pero le gustó.
Pero todavía la sindicatura a su cargo, que tiene una amplia estructura y que le cuesta a los juarenses, todavía sigue desaparecida.
Rectores y titulares de descentralizadas /
El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Adrián Sánchez Villegas solicitó ayer en el Congreso del Estado la comparecencia de rectores de universidades y de los titulares de las descentralizadas para que expliquen proyectos de presupuesto para el ejercicio del próximo año fiscal.
Pidió a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que para la discusión del presupuesto estatal para 2022, se contemple la comparecencia de las y los titulares de los organismos descentralizados y de los institutos de educación que reciben financiamiento público por parte del gobierno.
El también líder estatal de MC en Chihuahua, fundamentó su petición en virtud de que una de las principales funciones de las y los legisladores es la asignación de recursos y la supervisión de estos, lo que obliga al conocimiento de los proyectos y requerimientos en materia presupuestal.
La propuesta de Sánchez Villegas contempla la comparecencia ante el pleno del Congreso de los titulares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP); el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE); el Tribunal Estatal Electoral (TSJE) y el Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), además de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Controversia constitucional, por recorte /
El Instituto Nacional Electoral (INE) va por la controversia constitucional, por el recorte del presupuesto, argumentando que no está en condiciones de cumplir sus funciones, tal y como lo manda la Constitución y la Ley, y la “revocación de mandato”
Ya se quejó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e interpuso el recurso de controversia constitucional, pero la petición del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se interpreta también, a la luz de los hechos, como un “chantaje” político.
Solicita a la Corte que ordene a la Cámara de Diputados “proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y las reglas a los que está obligado”, difundió Excélsior.
Entre las argumentaciones del INE aparece “el recorte de los legisladores, por 4 mil 913 millones de pesos, que “carece de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, lo que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las está obligada la autoridad electoral.
En particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato, que requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo.
Genera suspicacias, “acuerdos” /
La virtual disputa del contrato de la Poliplaza Médica para la atención de los trabajadores del gobierno municipal, y el eventual ‘pacto’ político entre el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, Héctor Cano Villela y el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sigue generando muchas suspicacias y la sospecha de una ‘monumental’ transa, que favorece los intereses de unos y otros.
Corrió como ‘reguero de pólvora’, la columna que ayer refirió, en medio de la batalla mediática y legal que libran, ‘Poliplaza Médica’, o los Hospitales de Juárez, S.A de C.V., con el gobierno, la presunción de acuerdos políticos y hasta de negocios a la sombra del poder gubernamental.
Cimbra la sospecha de una ‘doble ganancia’:
una política con la negociación de alrededor de 300 plazas para fortalecer y apoyar al Sindicato, y con ello la seguridad del ‘voto corporativo’ en el proyecto de reelección al gobierno de 2024.
Y otra, que está relacionada con los negocios y las ganancias que se generarían desde la Oficialía Mayor, en la compra de equipo, medicamentos, materiales y otros insumos para la atención de la salud de miles de trabajadores de la burocracia municipal y sus familias;
Además del desplazamiento de toda la base laboral sindical en servicios de consulta externa a los centros comunitarios en diferentes colonias, que sellaría una estrategia de operación política.
Fue solicitada la intervención de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y del delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, para que sean “testigos de honor” de la Comisión Permanente de Servicios Médicos Subrogados, de acuerdo con las cláusulas vigentes en el cumplimiento de contrato, a petición de la Poliplaza Médica, pero se me hace muy gorda Antonia, como para creer que esos dos personajes, asomen la nariz en el escándalo por la rescisión del contrato de la institución médica.
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Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
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