TORRE FUERTE.
- ¿Quién le pone el ‘cascabel al gato’?
- Autoridad moral, el capital de AMLO
- Korrodi sigue ‘pateando’ al gobierno
- Batean a ‘súperdelegados’ en seguridad
¿Quién le pone el ‘cascabel al gato’? /
Casi desapercibida y opacada por la víspera de la sucesión presidencial, un puñado de priistas del llamado Grupo Refundación, Movimiento de Reflexión y Propuesta del PRI, solicitaron a la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional la expulsión de quien hasta ese día (30 de noviembre) seguía siendo aún el presidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN).
El contenido del documento donde se pidió la expulsión de EPN, hablaba de la corrupción enmarcada durante su gestión gubernamental con los casos ya conocidos, entre otros, los de la “casa blanca”, los contratos firmados con Grupo Higa, la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, además de la falta de ética, de un partido político que ya era conocido en todo el país, como un “partido de rateros”, dijo Marco Mendoza Ávila, uno de los militantes que reaccionaron a partir de los resultados electorales del pasado 1 de julio.
La solicitud planteada es, literalmente, una copia al carbón, de la petición de expulsión que, en su momento, presentó en Ciudad Juárez el ex diputado federal del PRI y ex secretario de seguridad pública estatal en el gobierno de Reyes Baeza, y ahora “Independiente”, Víctor Valencia de los Santos, que pidió la salida del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Palabras más, palabras menos y en casos obviamente distintos y distantes, los capitalinos exigieron la renuncia de EPN del PRI, tal y como lo hizo en su momento en el norte del país Víctor Valencia.
El documento de la exigencia de expulsión del ahora expresidente de México, llego también al mismo presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de ese instituto político, Fernando Elías Calles Álvarez.
Fue un suceso al que gran parte de la prensa en México, quizás aturdidos por el impacto de la transición y la toma de protesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió restarle importancia y le sacaron la vuelta, quizás cuestionando la representatividad del grupo de priistas que decidieron pedir la salida de Peña Nieto.
En Chihuahua no hubo reacciones. Los priistas del estado siguen apocados y dispersos en la coyuntura de la transición del poder político en México.
Los priistas del grupo Refundación, Movimiento de Reflexión y Propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su molestia por la violación de los estatutos y del código de ética del partido que, refieren, han sido rebasados por los diferentes actos de corrupción en los que estuvo implicado el mandatario, según lo que difundió, entre los pocos medios que le dieron espacio a ese grupo, el periódico digital Sin Embargo.MX del periodista juarense, Alejandro Páez Varela.
Marco Mendoza Ávila, representante de ese grupo explicó que con el requerimiento se busca denunciar una actitud que prevalece en el partido, y que, en sus argumentos, “no representa al verdadero PRI”.
“Cuando él tomó protesta como presidente y como militante del partido, él dice que va a respetar la ley y va a formar parte de un gobierno que va a combatir la corrupción y dar los resultados de un buen gobierno. Los resultados que se dieron son completamente diferentes. La corrupción es lo que hoy ha marcado a este gobierno y nunca se hizo nada”, dijo el priista.
Según Mendoza Ávila, dijo que su grupo de 350 mil a 380 mil militantes representa una fracción critica que busca reformar al PRI.
En Chihuahua hubo un señalamiento similar para exigir la expulsión de Duarte del PRI, y tuvieron que pasar muchos meses, antes de que ese partido tomara cartas en el asunto.
Los señalamientos de corrupción en contra de EPN es pues, apenas el reflejo de un sistema de gobierno que se corrompió en todos los niveles y en todas las latitudes a lo largo y ancho de la nación.
Casualidad o no, los nombres del presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto y el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, están unidos por el mismo hilo de la corrupción. Y ambos, quiérase o no, forman parte de esa casta intocable de políticos que siguen gozando de impunidad y protección desde otras esferas que trascienden al mismísimo sistema político mexicano.
Autoridad moral, el capital de AMLO /
Javier González Mocken, el nuevo operador de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, no titubea. Le apuesta a la autoridad moral de su nuevo ‘patrón’, el jefe y primer morenista de todo el país.
Para el ex alcalde priista y ex candidato externo a la presidencia municipal de Juárez por el partido de Morena, está más que claro que en la expectativa de todos los mexicanos, el gran capital que marcará el derrotero del nuevo gobierno está enclavado en el asunto de la moralidad.
Será clave para darle certeza y rumbo al país en los próximos seis años, dijo el político y también abogado.
González Mocken habló firme hace unos días ante un grupo de periodistas y señaló que, aunque haya un choque de fuerzas, “el interés de unos cuantos no puede estar por encima de la mayoría”, ejemplifica al referirse a la polémica de casos que son tan conocidos como el asunto de los estacionamientos.
Comentó que México y sus habitantes tendrán que acostumbrarse a que el país, en la llegada del nuevo gobierno, debe ser diferente.
Andrés Manuel López Obrador ha depositado el proyecto político en los delegados de las diferentes entidades del país y la expectativa por los resultados y los cambios es muy grande.
Hay una gran esperanza después de una lucha de 18 años en un proyecto alternativo de gobierno, y habrá que sepultar los vicios de la corrupción y la impunidad. Y el proyecto de gobierno que ha llegado, está anclado en la fuerza moral, en el discurso y en la praxis política del presidente de México.
Korrodi sigue ‘pateando’ al gobierno /
Quien sigue pateando al gobierno y a los inquilinos de Palacio, como si se tratase de un bote, es el empresario Lino Korrodi Cruz, que, contra viento y marea, sigue haciendo señalamientos en redes en contra de la corrupción, que dice, se anida en las estructuras de justicia del gobierno del panista Javier Corral Jurado.
Es el caso del juicio en contra de Fernando Baeza Gómez, hijo del ex gobernador Fernando Baeza, en el que se denuncian las atrocidades que inician el 20 de noviembre de 2014, después de que el Juez Cuarto de lo Familiar, Carlos Espino, decreta el embargo de un terreno propiedad de Baeza Gómez con el fin de garantizar la pensión alimenticia a la que tienen derecho Stephania Korrodi (hija del empresario) y sus dos nietas.
Pero el hijo del ex gobernador priista ha evadido desde entonces su responsabilidad, y al decir de Lino Korrodi, se ha valido de las “influencias que tiene con el gobernador Javier Corral”, a quien cita como su protector ante todas las instancias judiciales locales, a pesar de que el hijo de Fernando fue condenado a pagar.
Incluso Korrodi afirma categórico que la protección que le brinda el mandatario estatal es contraria a sus declaraciones públicas, de que su gobierno privilegia el estado de derecho y de justicia.
“Esto es falso, porque a pesar de existir un embargo de 28 hectáreas en terrenos de Fernando Baeza, no ha sido posible cobrar un solo centavo de la pensión que deben de recibir Stephania y sus hijas.
Una de las razones esgrimidas por el empresario que saltó a la palestra política como ‘financiero’ de la campaña del entonces candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, es la “infinidad de compromisos que el gobernador (Corral) tiene con Fernando y Reyes Baeza, porque a ellos les debe la gubernatura”.
Como colofón, Korrodi asegura que todos los elementos jurídicos que se han empleado, han resultado jurídicamente procedentes, pero irónicamente, ninguno ha dado resultados para que Fernando Baeza Gómez cumpla con la pensión alimenticia de su esposa e hijas.
Lino señala que Fernando Baeza y su hijo han mentido, y han lastimado la dignidad de quienes son sus hijas y nietas
Incluso la familia Baeza ha bardeado el polígono, ha puesto puertas metálicas y ha apostado perros en la vigilancia de las entradas para evitar la intervención de actuarios y hasta de seguridad pública.
Una disputa entre las familias, y en las que exige la no intervención del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Batean a ‘súperdelegados’ en seguridad /
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) planteará al presidente Andrés Manuel López Obrador que la figura de los súperdelegados no intervenga en temas de seguridad.
Así lo confirmaron los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; Michoacán, Silvano Aureoles, y el mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro, previo a la reunión con el Jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional, difundio esta misma tarde ka Agencia Reforma.
“En el tema de la seguridad, el mecanismo de coordinación, hay un consenso unánime de que esa figura no debe intervenir en asuntos de seguridad, la de los delegados”, señaló Corral.
“Y se le va pedir que se evite esa figura, ese mecanismo, porque termina siendo incompatible”, agregó al término de la reunión previa de la Conago en la sede del Gobierno capitalino.
En el mismo sentido, Aureoles dijo que la Conago no considera prudente que los responsables de los programas sociales sean también secretarios técnicos de las comisiones de seguridad.
“Es el consenso al que llegamos. (Plantearíamos) que se retiren (de ese tema) y que se separen las cosas. El Gobierno tiene la libertad de nombrar a los integrantes de su Gabinete, a sus colaboradores, pero no mezclar una cosa con la otra”, apuntó el michoacano.
“El acuerdo es que los gobernadores integrantes de la Conago no estamos de acuerdo en que los delegados tengan funciones en materia de seguridad, que no les dan las leyes estatales ni la Constitución”, agregó Alfaro.
Así va el ‘golpe’ en contra de los súperdelegados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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