Una de las iniciativas de reforma constitucional del presidente de México que genera mayor atención es la referente al Poder Judicial. No tendrá por ahora buen cause en el Legislativo pero una transformación a la impartición de Justicia en el país merece ponerse sobre la mesa.
Posiblemente siguiendo con su plan político electoral, el gobierno federal de México ha enviado una iniciativa de reforma al Poder Judicial que básicamente implica la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces; así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un Consejo de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Iniciativa de reforma que, sabiéndose que no pasará, buscaría en principio ganar la simpatía popular para el oficialismo en las próximas campañas políticas, luego algo quedará para que sea retomado por el próximo gobierno y legislaturas. Sin duda una verdadera y equitativa impartición de la Justicia es un anhelo perenne de la sociedad mexicana.
En un país marcado por las componendas, los compadrazgos, el enraizamiento de camarillas y demás formas de corrupción en el poder público; es políticamente redituable cuestionar y atosigar a las estructuras de poder institucionalmente establecidas, en este caso al Poder Judicial.
Algo que debe reconocerse es la deuda histórica del Estado mexicano con las clases populares en materia de acceso y garantía de Justicia. En nuestro país la Justicia sigue actuando, deliberada o involuntariamente, en función del poder económico.
En los hechos, muchas veces; la puerta a una justicia igualitaria, pronta y expedita se va estrechando para quien no puede pagarla o carece de las conexiones que hagan que el aparato de justicia atienda y procese las diversas situaciones que el ciudadano de a pie vive y que requieren la intervención, defensa o protección jurídica del Estado.
Todo esto inicia de manera considerable en las fiscalías y tribunales locales; por lo que una reforma de gran calado debe incluir de manera integral a las estructuras de las Entidades federativas. Marginar el contexto particular de cada Estado y tratar de imponer una visión desde el ámbito federal sabemos que no traerá buenos resultados.
Solo Bolivia ha experimentado la elección popular directa de juzgadores como lo propone la iniciativa presidencial, con resultados no tan buenos, no existe algún otro caso en el mundo de un modelo de integración por votación popular de jueces tal como lo concibe la propuesta de reforma oficialista.
Siguiendo esta lógica, la imparcialidad de los impartidores de Justicia seguiría en riesgo, ahora en función de mayores compromisos político partidistas que necesariamente estarían involucrados en un eventual paso por las urnas.
No puede negarse, ni en México ni probablemente en ningún otro país, que los nombramientos de los altos juzgadores nacionales o locales obedecen a cierta carga de afinidad con el gobierno, partido o gobernante en turno.
Los periodos de renovación de los altos tribunales implican que el gobierno en turno pueda proponer e integrar a ministros, magistrados o jueces afines a la orientación ideológica o política del grupo o partido en el poder.
La conformación en el caso de México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como en la mayor parte del mundo occidental, una función primordial que es la de salvaguardar a través de la interpretación de la Ley suprema los equilibrios que deben dar viabilidad al sistema político.
Dicha conformación implica una alta carga de política partidista, negociaciones y pactos entre las fuerzas políticas. Abrir estos procesos al voto popular vendría a partidizar de manera franca a los tribunales, debilitando la gobernabilidad y motivando acciones desestabilizadoras.
Otra posibilidad es que el Poder Judicial se convirtiese en un obvio brazo del gobierno sin capacidad de proteger a las minorías o de limitar la acción gubernamental.
Sin embargo y no sin razón, la percepción general es que los altos tribunales del país pocas veces actúan a favor de las mayorías y que tradicionalmente los altos magistrados han interpretado la Ley a conveniencia del gobierno en turno y a favor de los poderosos.
La idea de tribunales federales o locales que resuelvan conforme al interés general y buscando proteger a los más vulnerables es no solo buena, es o debería ser la razón de ser de los mismos y a su perfeccionamiento debemos todos pugnar.
Una alternativa viable para transformar al sistema de administración e impartición justicia es proporcionando instrumentos de mayor control popular y ciudadano; que pueden ser jurados conformados por ciudadanos y que sean facultados para vigilar, calificar o auditar las resoluciones judiciales en base a la igualdad y estricta Justicia.
La propuesta de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un Consejo de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial no suena descabellada pues el primero podría concentrarse en los asuntos sustanciales de la impartición de justicia; mientras el segundo pudiera especializarse en conocer, investigar y en su caso sancionar a los miembros del Poder Judicial.
Ante todo, no debemos olvidar que nuestra República se fundamenta en una Constitución escrita, que puede ser interpretada por los órganos facultados y anular decisiones de los otros poderes cuando estos traten de extra limitarse.
Más que voltear a Bolivia, podemos voltear a ver a países como Japón con sistemas de Justicia funcionales que favorecen la participación ciudadana y privilegian la calidad técnica de los operadores de la Justicia.
No podemos, no debemos quedarnos conformes mientras haya personas que van a la cárcel por robar leche para sus hijos pequeños, cuando por otro lado existe una altísima impunidad para delitos de cuello blanco.
“Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda.”
(Isaías 1:17)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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