El principal problema de la reforma judicial planteada por el presidente López, ampliamente avalada por la virtual candidata electa, es que el pueblo no sabe de sus implicaciones y efectos nocivos.
Pongámonos en los zapatos de la persona de la calle, cuando oye la palabra “judicial”, primeramente, se imagina a un ampón con güaripa, gordo, de lentes oscuros, con cinto de ranchero de hebilla amplia y votas vaqueras, con cartuchera con un pistolón calibre 45. Nada más ajeno a la realidad.
Para empezar el término “judicial” está ampliamente desprestigiado por lo que acabo de mencionar. Esta palabra se refiere al Poder Judicial, que es el último recurso para evitar los abusos de poder de esos “judiciales” (que, por cierto, ya no existen con ese nombre, ahora les llaman pomposamente “policías ministeriales”), y de múltiples órganos gubernamentales que, faltando al cumplimiento de la ley, abusan de los particulares.
Es por ello que al hacer que los ciudadanos elijan a jueces, magistrados y ministros, que sean postulados principalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (al Poder Judicial solo le toca 1/3 de dicha selección), y que el propio gobierno los promueva o personas privadas con influencia o poder lo hagan, lo más seguro es que esos juzgadores serán elegidos por el pueblo.
Lo que el ciudadano común, sin embargo, no sabe es que él estaría eligiendo a sus verdugos, porque lo más seguro es que los juzgadores, estarían a las órdenes de las autoridades abusadoras y violadoras de los derechos de los ciudadanos, desechando, desestimando, manipulando, interpretando y estirando las disposiciones legales, con el fin de darle la razón a la autoridad en detrimento de las causas ciudadanas.
Por el otro lado, el Poder Judicial también se involucra en resolver los conflictos entre los particulares. En este aspecto el presidente López dice que, con esta reforma, al elegir el pueblo a los juzgadores, ellos emitirán sus sentencias conforme a la justicia protegiendo así a los intereses del pueblo. Esto suena magnífico, romántico y digno de un mandatario justo que se preocupa por los intereses del pueblo.
No hay nada más ajeno a ello; al estar sujeta la designación de los jueces al voto popular, quedarán elegidas las personas con mayores contactos con la gente de poder, dígase políticos, oligarcas, gente adinerada, como los miembros del crimen organizado. Por esto, la justicia quedará en sus manos, y cuando haya disputas entre particulares, dígame usted quiénes saldrán perdiendo, pues las personas con menos influencias, conocidos y contactos con los poderosos, y, ¿quiénes son ellas?, como se dice, los “ciudadanos de a pie”. Por eso afirmo que el pueblo estará eligiendo a sus verdugos.
No asevero que el Poder Judicial de ahora sea el mejor, dista mucho de serlo, sobre todo a nivel local. Pero lo que sí digo, es que actualmente los integrantes del Poder Judicial, sobre todo el de la Federación, tienen una preparación muy buena y son sometidos a exámenes rigurosos para su designación y mantienen procesos educativos de actualización constantes.
Precisamente ahora (lunes 8 de junio), el presidente López expresó que era mejor designar a los juzgadores con personas acabadas de salir de la carrera de derecho, aduciendo de que no están maleados y están frescos llenos de ideales, por lo que es posible que además de los conflictos y presiones a los que estarán sujetos por las personas que promuevan su elección, vayan a ser juzgadores sin conocimientos y experiencia.
¿Eso es lo que los mexicanos quieren de su Poder Judicial? No lo creo, lo que todo mundo quiere de los juzgadores es que se conduzcan con justicia, apegados a la ley y a los principios generales de derecho, para que emitan sus resoluciones basadas en los hechos que se les presenten, las pruebas ofrecidas y con convicción emitan sus sentencias para darle a cada quien lo suyo, para limitar y defender a los ciudadanos de los abusos del poder y defender sus derechos humanos.
Para corregir los problemas que hay en la impartición de justicia, se pueden hacer muchas cosas, enuncio a continuación algunas:
1. Aumentar los presupuestos para ampliar el número de juzgadores y el staff que los apoya, aumentar los sueldos de ellos para evitar la corrupción, así como para hacer más instalaciones para sus labores.
2. Establecer sistemas más estrictos de supervisión del comportamiento de los juzgadores. Se puede acudir al derecho comparado para revisar los diversos sistemas de control que existen a nivel mundial.
3. Revisar a fondo los procedimientos judiciales para hacerlos menos complicados y prácticos para expeditar la justicia como ordena la Constitución.
4. Hacer una reforma de ley para reestablecer la justicia de paz para casos de menor cuantía y faltas menores, para que con esto se desahoguen los rezagos que hay en los casos judicializados.
5. Establecer sistemas ágiles y efectivos de arbitraje y amigables composiciones para mediar los conflictos entre particulares.
Muchas cosas son necesarias para tener un mejor sistema de justicia en México, menos hacer lo que se pretende que lo que representa es la pérdida de derechos y libertades para el pueblo y los abusos del gobierno y de los poderosos.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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